Las instituciones para erradicar la discriminación —tanto federal como locales— tienen “pocos dientes” y no los usan, es decir, no hacen uso pleno de sus capacidades legales para combatir la exclusión sistémica e histórica de grupos vulnerables, misma que podría condenar a las víctimas a experimentar una muerte en vida debido a la inaccesibilidad a desarrollo y oportunidades.
“Una vergüenza… con nosotros estaba sentada una compañera otomí con su indumentaria tradicional. Quiso pasar al baño de clientes y NO LA DEJARON PASAR!(sic)”, denunció un usuario de Twitter desde Casa Lamm, un restaurante de la ciudad de México en la colonia Roma.
En otro contexto, la policía de la Ciudad de México fue exhibida, también desde la comunicación viral de las redes sociales, en un video donde el 26 de febrero de 2022 arremetió en contra de mujeres e infantes del pueblo originario Triqui, del estado de Oaxaca.
Ángeles Cruz Rosel, integrante de la organización Racismo MX; opinó que los testimonios citados forman parte de la discriminación sistémica, estructural y opresiva en nuestro país, que no son actos independientes y que probablemente si se hubiera tratado de personas blancas el abordaje hacia ellas hubiera sido diferente aún y portando vestimenta de pueblos originarios.
La abogada explicó que, en el caso del racismo, existen marcadores étnico-raciales que crean percepciones de prejuicio hacia hombres y mujeres donde el color de piel, la textura del cabello o el acento; las cataloga en el estereotipo de “ser personas peligrosas”, lo que ocasiona que se les niegue el acceso a determinados espacios o que el trato sea violento.
Y es que a juicio de la experta en Derechos Humanos el combate a la discriminación en México es un fracaso de Estado, pues, aunque existe —de forma reciente— una ingeniería institucional, legal y política para este fin, las estructuras culturales que sostienen a la segregación son más grandes.
“Pocos dientes” y no los usan
Cuando se dice “les hace falta dientes” a las instituciones de prevención y erradicación de la discriminación en México, ya sea a nivel federal o local, se refiere a que este tipo autoridad generalmente “no cuenta con la capacidad (legal) de hacer cumplir sus propias resoluciones y garantizar una reparación del daño frente a la discriminación que una persona puede experimentar”, explicó la también investigadora Ángeles Cruz Rosel.
Por otro lado, la también maestra en Ciencias Sociales explicó que los actos de discriminación podrían ocurrir en la misma cantidad que al número de personas que habitamos este país, por lo que todos los días podemos ser segregados y segregadas en función del género, del color de piel, de la orientación sexual, entre otros.
Considerando que el 93.3 por ciento de los delitos no son denunciados, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; la activista reconoció que los actos de exclusión pueden de igual manera no ser acusados ante una autoridad debido a un desconocimiento generalizado de la población para ejercer este derecho, porque existen pocos consejos para prevenir la discriminación en los estados, porque las rutas para este tipo de iniciativas legales y de protección son poco claras, así como también por la desconfianza de la población ante las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Ante el alto número de actos de discriminación y frente a la cultura de la no denuncia, la experta consideró conveniente que las autoridades encargadas de prevenir la discriminación podrían recurrir a las denuncias de oficio para aplicarse en casos de interés público, por ejemplo, cuando personajes con influencia mediática instrumenten el discurso de odio estigmatizante o social, mismo que fomenta los estereotipos de exclusión en contra de un grupos vulnerables como por ejemplo infancias, migrantes, personas con determinadas enfermedades, entre otras.
El artículo 46 de la Ley Federal Para Prevenir Y Eliminar La Discriminación señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED; “podrá actuar de oficio en aquellos casos en que la Presidencia así lo determine” contra actos de discriminación realizadas —ya sea por particulares o por servidores públicos federales.
¿El problema? Desde el 18 de junio de 2020 hasta el 12 de julio de 2022 —más de dos años— no hubo un nombramiento en esa posición, esa facultad no se realizó y estuvimos frente a “un diente sin poder usar”, dijo la abogada.
Denuncias de oficio: pocas y en disminución
Para este ejercicio periodístico se solicitó a CONAPRED mediante solicitudes de transparencia el número de casos —por cualquier motivo de discriminación— donde el Consejo haya actuado por oficio desde el 2013 hasta el 2021; con la respuesta de este organismo se pudo constatar que este tipo de iniciativas legales han ido disminuyendo conforme ha pasado el tiempo, además, durante estos 9 años de análisis se contabilizan un total de 83 quejas impulsadas por la institución.
Por su parte, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED; está facultado para “proceder de oficio, cuando detecte o tenga conocimiento de casos en los que se viole el derecho a la igualdad y no discriminación y sin que medie una solicitud para tal efecto”, según lo señala el Artículo 35, fracción VI de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
Sin embargo, al preguntarle a través de transparencia por el número de quejas o procedimiento de oficio, respondió —mediante un recurso de revisión por respuesta tardía— que durante nueve años el Consejo sólo ha emprendido 18 denuncias de oficio respecto a casos de discriminación en contra de las personas.
Derivado de los hallazgos antes explicados, Cruz Rosel opinó que son pocas las denuncias de oficio en las que han procedido ambos organismos y afirmó sentirse sorprendida que incluso vayan en disminución, a lo cual, también hipotetizó que esta escasez de iniciativas responda a decisiones e intereses políticos desde la autoridad encargada de prevenir la discriminación.
Un limbo el combate a la discriminación
Según CONAPRED, también a través de solicitudes de información, existen 6 estados de la República Mexicana donde a pesar de contar con una ley antidiscriminatoria, que prevé la creación de un consejo estatal antidiscriminatorio; este organismo no se encuentra operando; tales son los casos de Baja California Sur, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas.
Para la activista esta realidad comprueba el fracaso del Estado mexicano para combatir la discriminación, incluso presume que esta tarea sea un limbo, pues se ha observado que no existe voluntad política de los gobiernos locales por asignar a perfiles adecuados de vigilancia para este fenómeno tóxico.
Aunque por ley son organismos autónomos, esa disposición legal termina siendo una simulación debido a que asumen compromisos de lealtad con los poderes ejecutivos en turno, reaccionan con posicionamientos de manera tardía, no cuentan con mecanismos de fiscalización, así como de transparencia son algunas de las características generales que describen el panorama local, explicó.
En resumen: la suma de no tener titular en CONAPRED durante más de dos años, no sólo como una figura de liderazgo para el combate a la discriminación, sino para que impulse denuncias de oficio —como lo marca la ley—; aunado a la escasez de éstas a lo largo del tiempo; así como al contexto anteriormente descrito de cómo operan las instituciones estatales, la experta explicó que los mecanismos e iniciativas del Estado para prevenir y eliminar todas las formas de exclusión, así como para promover la igualdad de oportunidades y de trato tienen “pocos dientes” que no están usando.
Deconstruyendo desde la Sociedad Civil
“Estoy solicitando muchacha para el apoyo en hogar de planta. Si alguien conoce a alguien me puede apoyar con el contacto por favor (sic)”, escribió en una historia de Instagram la usuaria Isela. En una segunda interacción en la red social prosiguió: “Ósea es pregunta seria: En dónde se consigue el personal? Se tiene que ir a los pueblos? Pregunto a personas y nadie sabe nada? (sic)”.
Testimonios como el anteriormente citado son compartidos en el perfil Cosas de Whitexicans (@LosWhitexicans) todos los días en Twitter desde octubre de 2018, una cuenta administrada por varias personas que desde el anonimato y por razones de seguridad —debido a amenazas que han recibido— accedieron a una entrevista para Sopitas.com vía correo electrónico.
—¿Qué es ser un Whitexican?
—El concepto ha ido cambiando con el tiempo, se refiere a ciertos comportamientos o actitudes que tienen que ver con todo lo mal que está cierta burbuja de la sociedad mexicana. A pesar del nombre, no alude a un color de piel.
—¿De dónde consideran que viene la cultura Whitexican en México?
—Es una mezcla histórica interesante. Quizá desde el Porfiriato o incluso antes. Hoy en día toma un poco de muchas otras culturas generalmente aspiracionales. México es un semillero de gente de la verga, especialmente la gente privilegiada o que tiene dinero. El resto nos gusta pensar que están de nuestro lado.
—¿Cómo surgió la idea de crear una cuenta como Cosas de Whitexicans?
—Literalmente en una fiesta, el clásico “estaría cagado hacer una cuenta”. El resto es historia.
Ángeles Cruz Rosel, integrante de la organización Racismo MX; destacó que el racismo está tan encarnado, que roba posibilidad de desarrollo y oportunidades para las víctimas, a quienes incluso se les estaría condenando a una muerte vida, por ello considera que expresiones de la red social como la cuenta Cosas de Whitexicans es un ejercicio pedagógico, que, empujado por la sociedad civil ante la falta de una política integral de los tres niveles de gobierno, desata la reflexión.
El racismo en México “es un problema histórico, poco a poco se ha ido visibilizado y nos gustaría pensar que somos un agente de cambio a través de la sátira, (aunque todo lo que posteamos es real), pero la realidad es que es un problema mucho más profundo y complicado que tardará muchos años en cambiar”, explicó por su parte @LosWhitexicans.
—¿Cómo calificarían el actuar del aparato de gobierno (federal, estatal y municipal) en general respecto al combate a la discriminación y el racismo en México?
—Es un trámite, al mismo gobierno no le conviene erradicar ese problema. El sistema difícilmente va a querer autodestruirse.
