Brasil vive la peor crisis política, económica y social en su territorio desde la generada por los escándalos de corrupción de Odebrecht y la organización de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro por allá de 2016. En aquel entonces, el desastre fue tal que se terminó destituyendo a la presidente Dilma Rousseff y la empresa estatal encargada de los hidrocarburos en el país, Petrobras, perdió algo así como 85% de su valor de mercado (comparado con sus máximos históricos de 2008). La situación actual, aunque distinta, preocupa a mercados internacionales y ciudadanos brasileños por igual. Y es que a últimos meses una combinación de un pésimo manejo de la emergencia sanitaria desde la presidencia de Jair Bolsonaro y un mercado de hidrocarburos súper volátil desde 2020 ha traído consigo unos niveles de inflación que no se veían desde 1994 (alcanzando cifras incluso de doble dígito).
A lo largo de los últimos 12 meses, el aumento en los precios de la gasolina en Brasil ha alcanzado hasta 40%; considerablemente más de lo que se ve en otros países de la región, como México, donde se han observado incrementos de entre 30 y 35%. El problema con los precios de la gasolina es que muy rápidamente comienzan a impactar a otros productos, ya que en gran medida se depende del combustible para la transportación y comercialización de ellos. A pesar de que Petrobras permite una autosuficiencia energética para los brasileños, la devaluación del real, entre otros factores, ha hecho que sea muy difícil para la empresa y la presidencia de Bolsonaro encontrar formas para aliviar el gasto de las familias brasileñas desde los movimientos bruscos en el mercado de hidrocarburos a nivel mundial.
Bolsonaro en campaña
Al ser cuestionado sobre estos temas la semana pasada, Bolsonaro simplemente dijo que “[tiene] ganas de privatizar Petrobras”. Así, sin más. Como quien trae antojo de una hamburguesa. Anunció que va a ver con su equipo económico qué se puede hacer para empujar una segunda ola de privatizaciones en la petrolera. La primera se dio a finales de los 90; a partir de esos cambios fue que, hasta cierto punto, Petrobras se fue volviendo ejemplo mundial de un monopolio de Estado con la visión suficiente para empujar una política industrial compleja y efectiva. En rigor, esto no es novedad. Desde que era candidato a la presidencia de Brasil, Bolsonaro había mencionado en repetidas ocasiones que le interesaba enormemente privatizar esta empresa; es decir, buscando lo que se llama una agenda económica liberal. De hecho, en 2019 consiguió que se deshiciera de su rama de distribución.
Pero las declaraciones de Bolsonaro no tienen mayor lógica que la de saberse a un año de una reelección que se ve complicadísima para él. Su manejo de la pandemia y el odio acumulado tanto nacional como internacionalmente han recortado sus posibilidades. La aprobación de su gobierno está en un bajísimo 22%; por su parte, Lula da Silva cada vez más gana tracción en encuestas con miras a 2022. Se la pasa de gira tratando de reposicionarse en la opinión pública. Pero la calidad de vida se ha dinamitado tanto en Brasil estos últimos tres años que ya muy poco interés genera lo que haga o diga en abstracto. De tal modo, las declaraciones sobre una posible privatización de Petrobras se han leído en clave de promesa de campaña imposible de tomarse muy en serio.
¿Problemas en Petrobras?
Sin embargo, no todo lo que dice Bolsonaro es mera llamarada de petate. El pasado 19 de febrero de 2021, el presidente de Brasil despidió al director de Petrobras, Roberto Castello, en medio de una crisis de alza de precios de gasolina que ya tenía a transportistas en huelga. Castello, en papel, era un funcionario perfecto para Bolsonaro y Paulo Guedes, ministro de economía. De corte liberal, parecía desde su nombramiento un jugador listo para mover las fichas de la privatización en la petrolera. No obstante lo anterior, para sustituir a Castello, Bolsonaro nombró a un general de la reserva del Ejército, Joaquim Silva e Luna. A pesar de ser una empresa estatal, Petrobras sólo controla el 50.26% de sus acciones. Tras la sustitución, el valor de sus acciones cayó 21% inmediatamente. Preocupó que fuera un banderazo de salida para mayor intervención desde la presidencia en Petrobras.
Eso de que Bolsonaro “tiene ganas” de privatizar la petrolera brasileña no se da en un vacío. Hace apenas un par de semanas, Guedes salió a decir que ya hay un plan a 10 años para privatizar todas las empresas estatales de Brasil. El presidente mismo no se ha quedado tan atrás. Igual, a finales de septiembre pasado, salió a decir que, como no se puede intervenir el precio de la gasolina, se debería emplear las ganancias de Petrobras para mitigar el alza del combustible. Asimismo, parte del discurso privatizador gira alrededor de la idea de vender para utilizar lo que recuperen en programas sociales para tratar de aliviar los problemas económicos que azotan el país.
¿Se va a privatizar?
De lo que se habla es de vender por vender. Desmantelar la que fuera la espina dorsal del milagro brasileño a finales de la primera década de los 2000; una empresa que con desarrollo propio de tecnología y recursos humanos se posicionó entre las principales petroleras del mundo. No hay un discurso de rearticulación de política industrial para las próximas décadas de Brasil. Por el contrario, todo esto huele a mero guiño politiquero desesperado por parte de Bolsonaro; un guiño a los grandes capitales para vuelven a respaldarlo en una reelección en 2022 que no le favorece por el momento. La crisis económica actual en territorio brasileño va mucho más allá de privatizar o no Petrobras; sin embargo, el presidente no parece querer entenderlo.
Mientras se echa sus ocurrencias en público, en Brasil el covid-19 ha dejado más de 600,000 muertos; el desempleo alcanzó recientemente cifras récord; la inflación no da tregua a los bolsillos de una población que cada vez más transita hacia la pobreza. Bolsonaro “tiene ganas” de privatizar Petrobras, pero al mismo tiempo el Senado de Brasil preparó un informe de más de mil páginas sobre presuntos actos criminales del presidente durante la emergencia sanitaria por coronavirus. Este miércoles, 20 de octubre, será leído ante senadores; la próxima semana, el 26 de octubre, se someterá a votación. A Bolsonaro se le acusa de charlatanería, curanderismo, crímenes de lesa humanidad y genocidio, entre otras lindezas similares.
Lo más seguro es que este informe no pase de lo simbólico, como las ganas de Bolsonaro de privatizar Petrobras. Todo este desastre parece pura campaña política, mientras la población brasileña no tiene forma de salir del brete económico en el que se encuentra.
