Por Esteban Illades
Este domingo concluyó la Caminata por la verdad, la justicia y la paz, protesta de cuatro días liderada por los activistas Adrián LeBarón y Javier Sicilia. LeBarón es padre de una hija y abuelo de cuatro nietos masacrados en Bavispe, Sonora, el año pasado; y Sicilia padre de un hijo asesinado en 2011.
Entre muchos otros, en la caminata también participaron familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala hace más de cinco años; familiares y amigos del periodista Javier Valdez, asesinado hace casi tres años por el crimen organizado; incluso familiares de niños enfermos de cáncer cuyo tratamiento fue interrumpido.
La caminata fue para exigir, como se ha hecho con gobiernos anteriores, interlocución respecto a la violencia en el país. En 2011, Sicilia confrontó a Felipe Calderón en el Palacio de Chapultepec; en 2013 hizo lo mismo con Enrique Peña Nieto. En esta ocasión, sin embargo, no fue recibido por el presidente, quien dijo que había que cuidar “la investidura”, y repitió, en el contexto, que había activistas y organizaciones no gubernamentales que sólo se quejaban ahora que él estaba en el poder. En sexenios anteriores dijo, repitiendo una de sus frases favoritas, que habían “callado como momias”.
La marcha se llevó en silencio salvo en el tramo final, cuando los manifestantes fueron recibidos por simpatizantes del actual gobierno, quienes los acusaron de utilizar sus tragedias personales para dañar al presidente. Incluso hubo quien sostuvo que los LeBarón mataron a sus familiares para tirar al gobierno, y que los padres que protestaban por falta de medicamentos contra el cáncer se habían vendido “por unos pocos pesos”.
Quien haya seguido la historia reciente de este país y aún no se haya puesto los gogles gubernamentales, o los gogles de la oposición, sabrá que Sicilia y los LeBarón llevan casi una década de dolor, y que ningún gobierno ha avanzado una agenda que dé respuesta a sus peticiones. Al contrario: desde el homicidio de Benjamín LeBarón en 2009 y del de Juan Francisco Sicilia en 2011, las cosas sólo han empeorado. El porcentaje de impunidad es enorme, la tasa de homicidios altísima, y lo que se prometió desde entonces –un verdadero sistema de justicia– no está ni cerca de existir.
De hecho, cuando se pensaba que las cosas mejorarían –o al menos eso se prometió en la última campaña–, se demostró que la nueva administración no tiene interés alguno en cambiar la situación. No por nada se hizo un escándalo, hace un par de semanas, cuando documentos elaborados por personas en el gobierno actual fueron filtrados a medios de comunicación y se supo el alcance de la contrarreforma de justicia que se quiere implementar. Aunque después de la filtración se haya negado en público la autoría de los documentos, hay razones de peso para concluir que esos borradores de ley provenían de la Fiscalía General de la República misma. Entre ellos, que los documentos corresponden a la línea política que siempre ha seguido el hoy fiscal general, tanto como secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Vicente Fox como diputado federal durante el sexenio de Calderón.
Y esos documentos dan miedo. Avalan la evidencia obtenida a través de tortura. Establecen como delito la crítica a las instituciones públicas. Crean la presunción de culpabilidad, cuando todo detenido debe ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Proponen un montón de cosas que nos deberían preocupar en caso de convertirse en ley. Vaya, ni Calderón ni Peña se atrevieron a tanto durante sus presidencias.
Preocupa también que eso que no hubiéramos aceptado antes ahora se propone como solución efectiva, y esto se debe a que los términos de la discusión se han degradado aún más. Frente a otros gobiernos los simpatizantes de la actual administración –e incluso sus miembros– acompañaban a los LeBarón y a Sicilia en caravanas anteriores. Ahora los tratan como enemigos del sistema porque están del otro lado del escritorio. Los toman como tontos útiles, como si sus tragedias sirvieran a un interés oscuro que los controla. Vaya, como dice el Padre Solalinde respecto a los migrantes –otra persona que ha perdido la brújula– “quieren reventar el gobierno de AMLO”.
Presentar las cosas de esa manera significa tener una visión muy pobre sobre lo que sucede en el país, o significa estar cegado por un fanatismo político que sólo hace daño. Porque ni los migrantes tienen intereses “geopolíticos” como decía su otrora defensor, ni los LeBarón o Sicilia mataron a sus familiares en una retorcida jugada de ajedrez de cinco dimensiones. Si marchan hoy es porque marcharon ayer y antier, porque nadie les hizo caso entonces –sólo fingieron ponerles atención– y porque nadie les hace caso ahora. Seguirán marchando sean unos u otros quienes estén en el gobierno: porque las personas que transitan por Palacio Nacional –antes por Los Pinos– transitan como tal, pues sólo están de paso. Pero las tragedias y la podredumbre del sistema trascienden los sexenios. Marchan, valga la obviedad, por la verdad, la justicia y la paz que piden en su caminata. Conceptos que cada vez nos parecen más ajenos que antes.
Por ello sería bueno que, ahora sí, se les tomara en serio a quienes han sufrido durante años porque el Estado y los gobiernos no los han podido defender. Tanto se prometió que la vida sería distinta con este nuevo proyecto, que México sería un nuevo país. Pero de ese discurso al actual hemos visto un giro radical: se iba a construir un mejor México; ahora que se les recuerda lo único que hay son gritos y matracas que acusan a excompañeros de venderse o de lucrar con su miseria.
Si algo hay en los movimientos por la paz que han marchado durante la década pasada es congruencia. No hay la búsqueda de un hueso ni de raja política, como sí la hubo por parte de quienes desde 2018 se han distanciado de ellos y los acusan de ser lo que hoy ven cuando se miran en el espejo.
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