Por Raúl Bravo Aduna
Han sido semanas peculiares para el mercado de criptomonedas en general y para el Bitcoin en particular. Una serie de movimientos han hecho que estos vehículos de especulación financiera sufran cambios bruscos en sus precios. Por ejemplo, Dogecoin, la criptodivisa del meme del perrito shiba inu, pasó de valer 0.06 dólares en abril a llegar a un máximo de 0.68 a principios de mayo, para posteriormente desplomarse a su valor actual de 0.31 dólares. Todo, en gran medida, por el supuesto apoyo público del excéntrico magnate Elon Musk.
El caso de Bitcoin ha sido similar. El 15 de abril llegó a un tope de 63,346.79 dólares, luego de que el mismo Musk invirtiera 1,500 millones de dólares en la criptomoneda y anunciara que su empresa Tesla comenzaría a aceptarla como pago. Sin embargo, un mes después se echó para atrás, por sus posibles daños al medio ambiente; paralelamente, China emitió a finales de mayo restricciones en contra de la minería y uso comercial de Bitcoin. Su precio se fue casi a la mitad en esos días, para situarse en 34,259.55 dólares, de donde no ha podido salir en un mes (actualmente se vende en 38,773.02).
Con peras y manzanas: el futuro de las criptomonedas
En medio de estas tolvaneras de especulación y movimientos caóticos de precios, el gobierno de El Salvador, a través de su presidente Nayib Bukele y una Asamblea Legislativa en la que tiene mayoría, aprobó el uso de Bitcoin como moneda de curso legal paralela en su territorio. Es el primer país del mundo en hacerlo; además, tendrá tres meses para lograrlo. Y si suena rarísimo que la economía 103 del mundo haya tomado esta decisión solamente tres días después de haber recibido la iniciativa, es porque lo es.
¿Para qué o qué?
La propuesta de Bukele pretende principalmente lograr tres cosas de manera simultánea. Por un lado, al aceptar Bitcoin como moneda de curso legal se busca expandir la captación de remesas en El Salvador. La mayoría de servicios de envío de dinero en Estados Unidos cobra una comisión que puede alcanzar el 40% de la transacción. La apuesta, en ese sentido, es sencilla. Si pueden circunnavegar esos costos los salvadoreños expatriados, ese dinero llegaría directamente al pequeño país de Centroamérica; cabe destacar, las remesas en El Salvador ocupan entre el 16 y el 20% de su producto interno bruto.
En segundo lugar, la incorporación de Bitcoin como sistema de pago, más allá de su uso como moneda “normal”, podría tener como efecto la aceleración de la inclusión financiera en un país en el que 70% de su población no tiene cuenta bancaria. Es decir, una gran parte de los salvadoreños debe recurrir a usureros cuando necesita algún tipo de préstamo. Lo anterior se traduce en pagos de intereses onerosísimos de manera cotidiana. El uso de la criptomoneda no necesariamente significa la desaparición de estas prácticas, pero puede verse como un primer paso en el cierre de la brecha financiera frente al resto del mundo. Misma que tendría que ir de la mano de un cierre en la brecha digital en el país.
Por último, el movimiento de Bukele pretendería articular en El Salvador un hub (o centro de actividad industrial) para Bitcoin y demás criptomonedas en Centroamérica. Abrirle las puertas a quien desee invertir para la minería y comercialización de estos activos en un país en el que pocas restricciones se le pondrán para hacerlo. Asimismo, sería un territorio en el que se pueda gastar o reinvertir con la misma producción que generan.
¿Y qué puede malir sal?
El principal problema de Bitcoin, y de cualquier criptodivisa, es su volatilidad. Lo que hemos visto con sus precios en los últimos meses es algo natural en la historia de estos activos. En suma, su compra, venta y uso (limitadísimo hasta la fecha) depende de un riesgo que se asume de manera personal. Por tanto, la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador implicaría la absorción de cualquier cambio en sus precios por parte de la ciudadanía. Especulación a la que muy pocas personas podrían enfrentarse cuando llegue alguna sacudida fuerte en sus mercados. La iniciativa presentada por Bukele es muy vaga en términos prácticos sobre la adopción de esta tecnología como moneda; sin embargo, sí se ha dicho que el gobierno sería quien absorba esas pérdidas. Argumento tramposo si consideramos que las arcas de cualquier gobierno vienen del pago de impuestos de su población.
No sólo China se ha mantenido renuente a la adopción de criptomonedas. La mayoría de los bancos centrales de los países del G7 y el G20 (las ligas de los súper cuates fresas del mundo) han buscado alternativas propias frente al ascenso de Bitcoin; al momento, la mayoría de los avances apuntan a una digitalización de sus propias monedas en una paridad 1 a 1. Precisamente, otro de los principales problemas de Bitcoin es que no hay una autoridad detrás que lo respalde; de tal modo, su precio depende del valor que se le dé en términos especulativas y de percepción. O sea, Bitcoin vale porque hay gente que cree que vale y esto es algo que no ha cambiado en sus 12 años de vida. De bote pronto, su aceptación en El Salvador podría costarle, por ejemplo, un préstamo en trámite por 1,000 millones de dólares con el FMI.
¿Y luego, qué sigue?
Hay que esperar a ver qué tanto puede avanzar El Salvador en tres meses para adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal y qué tanto los comerciantes en la región pueden hacer los cambios necesarios para hacerlo. Una pequeña playa, El Zonte, tiene un poco de experiencia en ello; ahí, tras una inversión inicial de cientos de miles de dólares, se comenzó a aceptar la criptomoneda como método de pago. En dos años, cerca de 30 comercios la aceptan e incluso la rebautizada “Bitcoin Beach” tiene un cajero automático donde se pueden sacar satoshis (unidades de Bitcoin) y ser usados. Experimentos así ha habido en el mundo, pero nada a la escala de lo que se pretende hacer en El Salvador.
Igualmente, habrá que ver cómo reaccionan organismos multilaterales (como el FMI), otros países y los mercados. Hay el runrún de que Paraguay y Panamá seguirían los pasos de El Salvador para también aceptar Bitcoin como moneda paralela. Más allá de buenas intenciones y discursos sobre inclusión financiera y digital, la realidad también es que todo alrededor de estos cambios suena a establecer canales de lavado de dinero y evasión fiscal. Y, si nos ponemos de malpensados, tal vez se trata de un uso de maquinaria estatal para la especulación de activos e instrumentos de inversión personales. O, en una de ésas, estamos nomás frente a circo y maroma de un presidente al que le encanta el reflector internacional. Será cuestión de ver.
