Por Raúl Bravo Aduna
La aplicación de Uber lleva poco más de una década en servicio. Hasta cierto punto, a la fecha se piensa como una de esas empresas que “siguen” subvirtiendo las lógicas del mercado. Y su irrupción en el mundo, poco a poco, fue causando la “uberización” de cuanto nicho se ha podido: la renta de cuartos y departamentos privados de frente a la industria hotelera, la prestación de servicios de plomería, carpintería y albañilería de frente al sector de reparaciones, el envío de paquetería y alimentos entre restauranteros y retail; vaya, hasta la elaboración de tareas escolares y redacción de piezas periodísticas ya cuentan con aplicaciones que replican las dinámicas de Uber. Básicamente, se trata de hacer a un lado inventarios, bodegas, empleados y, por supuesto, derechos sociales y laborales para privilegiar microtransacciones entre clientes y contratistas en un market place controlado.
A esto se le conoce desde hace algunos años como gig economy—o economía por chambitas, a falta de traducción literal. Trabajos temporales (o unitarios) se ofertan y demandan en plataformas en línea. Por ejemplo, Uber permitió que conductores privados, utilizando automóviles sin placas especiales, sin registros y sin tener que pagar impuestos de transporte público en una ciudad, ofrecieran viajes directos a clientes que los necesitaran; sin la necesidad de esperar un taxi, con cierta seguridad de estar siendo monitoreados por GPS por algún tercero; con la posibilidad de pagar con una tarjeta de crédito previamente registrada. Etcétera. La plataforma creó un mercado en el que se ponía en contacto a clientes y contratistas, cobrando una comisión por el espacio digital y por poner ciertos candados de entrada a ambas partes, para darles alguna suerte de seguridad a ambos.
¿La economía por chambitas viene por tu trabajo?
En un contexto en el que la precariedad laboral de millones de personas no deja de arreciar, este sistema de “auto empleo” fue un hitazo. Quien llevaba meses buscando una fuente de ingresos, de repente podía incorporarse a mercados laborales que tenían candados de entrada fortísimos (registros, exámenes, prebendas, impuestos). Quien necesitaba una lana extra podía manejar algunas horas al día para completar el gasto, sin sacrificar sus esfuerzos en algún otro mercado laboral. Si se tenía un capital suficiente para adquirir algunos automóviles, fácilmente se podía ponerlos a trabajar subcontratando (sin contratar, por supuesto) a choferes que estuvieran dispuestos a ganar por comisión. Por tanto, el modelo empezó a ser replicado (con mejores y peores resultados en distintos sectores).
La economía por chambitas trajo consigo problemas también. Empresarios y empleadores dejaron de ver la importancia de tener mano de obra altamente calificada (o de perdida especializada) entre sus filas. Al final, en estas plataformas pueden encontrar servicios que sustituyen las tareas que realizan un montón de personas en sus negocios. Claro, sin la necesidad de preocuparse por su seguridad social, su salud, su antigüedad y la aritmética que conlleva despedir a alguien que lleva veinte años trabajando para un mismo empleador.
El tamaño de la gig economy es difícil de calcular. Particularmente, en países como México, en el que, de entrada, alrededor de 30 millones de habitantes trabajan en la informalidad. Entre chambitas unitarias asignadas en estas plataformas, comercio sin regulación en las calles, contratación por outsourcing, las posibilidades de trabajar sin derechos laborales son altas. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que sólo el 3.8% de la población económicamente activa comprende la economía por chambitas, pero el 35% trabaja de freelance en alguna medida.
¿El regreso de los derechos laborales?
A mediados de esta semana, se anunció que Uber comenzaría a reconocer a sus choferes como “trabajadores” de su empresa en el Reino Unido. Es decir, ya no funcionará simplemente como un market place para que privados ofrezcan servicios a privados, sino que hay una responsabilidad jurídica por parte de la empresa frente a sus choferes en términos de derechos laborales. Pero este movimiento de Uber no viene desde el altruismo puro; por el contrario, es el desenlace de una batalla legal perdida. A finales del mes pasado, la Corte Suprema británica decidió que los choferes de Uber tienen derecho a un salario mínimo y beneficios laborales básicos (como incapacidad por enfermedad, días de descanso y abonos para una pensión); es decir, tienen derecho a ser reconocidos como “trabajadores” dentro de la empresa en la que, vaya, trabajan.
Lo más interesante del fallo de los jueces en este caso es cómo fue que desestimaron el argumento de que la plataforma solamente funciona como punto de encuentro para clientes y contratistas. Hay tres puntos, sugerentes, que tomaron en consideración. Primero, establecieron que los ahora trabajadores de la empresa “están en una posición de subordinación y dependencia de Uber”. Segundo, que tienen “poca o nula habilidad para mejorar su posición a través del desarrollo de habilidades profesionales”. Por último, que su status laboral está condicionado a seguir directrices específicas de la empresa y, por tanto, no se encuentran en una posición de auto empleo.
¿Y ya se acabó la economía por chambitas?
El fallo de la corte británica es histórico; sin embargo, por el momento, no se puede empezar a celebrar el final de la gig economy… aún. Por un lado, éste es un fallo que ni siquiera es expansivo al interior del Reino Unido. Sólo aplica para choferes de Uber. Los repartidores de Uber Eats seguirán siendo considerados contratistas privados; asimismo, no ha cambiado nada para quienes utilicen otras plataformas similares para obtener trabajos unitarios (otros servicios de viajes, de repartidores, etcétera). Por otro lado, el cambio de “contratistas” a “trabajadores” no es uno que ya convierta a los choferes en “empleados”; una distinción relevante en el Reino Unido que no contempla, por ejemplo, candados para el despido injustificado de su fuerza laboral. Igualmente, y aunque parezca obvio decirlo, esto es algo que todavía no cruzará fronteras… por ahora.
Sin embargo, estamos frente a un cambio que puede empezar a sacudir los cimientos de la economía por chambitas poco a poco; un primer paso hacia volver a reconocer la importancia de los derechos laborales en las poblaciones más precarizadas de cualquier economía. Además, este primer fallo en el Reino Unido sienta precedente para que se pueda hacer lo mismo frente a otras compañías y, por supuesto, en otras latitudes.
La pandemia por covid-19 dejó todavía más al descubierto lo imposible que es surcar una crisis sin un colchón de seguridad social y derechos laborales mínimos. No es menor que en este contexto se empiecen a materializar estos cambios. Y que quizá comiencen a reverberar a lo largo de las estructuras económicas que más castigan a quienes menos tienen.
