Por Esteban Illades
El viernes pasado, a la hora que ya pocos pelan lo que pasa en las noticias –en el gringo se llama “Take Out The Trash Day”, o día de sacar la basura; los viernes los gobiernos aprovechan para dar a conocer lo que menos quieren que se sepa pero que tienen que soltar–, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la destitución de Santiago Nieto, hasta entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Nieto, quien asumió como fiscal en 2015, ha sido un personaje que ha estado en los reflectores desde entonces. A finales de su primer año en el cargo se lanzó contra el Partido Verde por su uso de redes sociales durante la elección, entre otras cosas. Recordarás, querido sopilector, que el día de la elección federal de 2015 muchos famosos tuitearon en “clave” –tan compleja como si estuvieran hablando en idioma de efe, por cierto– a favor del Verde. Desde actores y conductores hasta el entrenador de la selección nacional, Miguel Herrera.
Luego se fue contra Arturo Escobar, antes dirigente de ese mismo partido, por el uso de tarjetas de descuento durante la campaña. Recordarás, querido sopilector, que aunque no estuvieras afiliado al partido, el Verde te regalaba boletos para el cine, descuentos en lentes y hasta tus enchiladas suizas en la tienda del ingeniero Slim. El Verde decía que las tarjetas eran sólo para miembros de su organización y que había habido un error en su distribución, curiosamente también en tiempos electorales.
Nieto consiguió que castigaran al partido en ambos casos. Pero después se metió en un problema complejo. El Verde, enojado por la investigación –justa y necesaria; lo que hicieron en 2015 sólo puede calificarse como un asco– se puso a hacer la suya y descubrió que el Fiscal, cuando era candidato al puesto, nunca mencionó que había sido asesor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lo cual le restaba mucho en términos de imparcialidad.
Al final ambos salieron golpeados: Nieto por no decir la verdad, y el Verde, pues, por ser el Verde.
Nieto continuó en su trabajo, y regresó al foco a principios de este año, cuando las revelaciones del escándalo Odebrecht (del cuál hablamos acá hace unos meses) mostraron que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, podría haber recibido sobornos de más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña. Nieto entró en acción cuando un inculpado, que testificó ante las autoridades de su país, dijo que el dinero había llegado a Lozoya durante la campaña presidencial de 2012, por lo que podría existir un delito electoral que investigar.
Pasaron los meses, y en la PGR hubo silencio total. Mientras que en otros países enjuiciaron hasta expresidentes y a ministros y secretarios de alto rango, aquí, como siempre, no pasó nada. Lozoya salió ante los medios y dijo que desconocía que existiera una supuesta investigación, y pidió a PGR que lo dejara ver el expediente. En México como la justicia es para pocos –saber de qué se te investiga es un derecho constitucional, pero si eres Juan de las Pitas es muy difícil hacerlo valer–, Lozoya tuvo amplio acceso a las carpetas de investigación y hasta pudo reunirse con quienes lo investigaban. En la conferencia de prensa que dio se veía tranquilo: decía que no había nada en su contra.
Nieto, por su parte, no decía nada. Hasta la semana pasada, que inició con la sorpresiva noticia de que el Procurador General, Raúl Cervantes, renunciaba al puesto de manera inmediata. Cervantes había intentado, sin éxito, convertirse en el primer Fiscal General, el titular de un nuevo órgano que remplazaría a la PGR y que en teoría –muy en teoría– sería autónomo. Luego vino el escándalo de su Ferrari y ahí quedó el asunto.
La renuncia de Cervantes cambió todo. Días después, en medio de la tormenta, Nieto salió a medios de comunicación y dio una entrevista sobre la investigación contra Lozoya. Dijo sentir mucha presión por parte del exdirector de Pemex, quien, según él, le había dicho que se disculpara por investigarlo y de paso le había soltado el nombre de sus papás, así como su currículum a manera de tate quieto. Lo que dijo Nieto fue muy grave: acusaba que el exfuncionario estaba intentando influir en una investigación en curso.
Y luego lo echaron.
El comunicado de la PGR fue de las cosas más confusas de la historia. Dijo que Nieto se iba de la procuraduría por haber violado el código de ética de la institución, pero no especificó qué parte. El hecho es que desde el viernes no tenemos fiscal electoral.
¿Qué sucedió? En términos legales, la PGR tenía una buena excusa: Nieto, quien, como dijimos líneas antes, había omitido decir que trabajó con el PRD, se vio comprometido. Lozoya lo podría haber acusado de viciar la investigación y de viciar su percepción de inocencia. Al presentarlo como un junior que trafica influencias, podría afectar un eventual juicio en su contra.
Y eso es muy probable: la imagen de Lozoya influyendo sobre Nieto no se nos va a olvidar pronto. En ese sentido, se puede entender la excusa por la cual lo echaron.
Sin embargo, y éste es un graaaaaan sin embargo, la historia no termina ahí, pues nos faltan dos cosas de contar. La primera es que estamos quizás ante la única ocasión en este sexenio que el gobierno haya hecho valer la ética como un motivo para echar a alguien de su puesto. Hay secretarios, funcionarios, hasta el propio presidente, que han violado en repetidas ocasiones preceptos básicos (cof, cof, tesis plagiada) y no ha pasado nada. En cambio con Nieto, que estaba investigando algo grave, ahí sí se le aplicó la ley tal cual. Torcido asunto, ¿no? La ley se aplica cuando se quiere, no cuando se debe.
La segunda cosa, que complica más el asunto, es que Lozoya, a las horas de que despidieran a Nieto, dio a conocer la carta que dice haber enviado al entonces Fiscal. La carta (disponible aquí) no se ve tan amenazante como sugirió Nieto. No dice nada de que se disculpe. Y cuando menciona sus estudios, así como el nombre de sus padres, lo hace a manera de identificación, no en el tono que supone el exfiscal. La cosa es, entonces, mucho más complicada de lo que parece. ¿Hubo amenaza o presión? Difícil saberlo.
Nieto todavía tiene una esperanza, pero muy pequeña. Su despido puede ser revertido en el Senado, si 2/3 partes de los senadores votan por mantenerlo. El problema es que los números no dan. Para regresar tendría que obtener votos del PRI o del Verde, quienes por obvias razones no lo quieren ni tantito.
Pero en lo que son peras o son manzanas, México se queda sin Fiscal Electoral en pleno proceso de 2018. Grave todo lo que sucede. Fatal que el gobierno lo haya echado y mal que Nieto le haya dado espacio para hacerlo.
Como siempre, quienes salimos afectados somos los mexicanos.
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