Quién mejor para administrar la justicia, que un sujeto que la ha evadido en varias ocasiones.
Al Congreso veracruzano le vale gorro el pasado de las personas y por ello ratificó a Luis Ángel Bravo Contreras como nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), esto pese a haber tenido en contra dos acusaciones penales: una por golpear a un agente del Ministerio público en un restaurante y otra por intentar sobornar al mismo funcionario por la pelea de un terreno.
La “reñido” voto de confianza a Bravo Contreras como nuevo procurador de justicia –el cuarto en lo que va de la administración del gobierno de Javier Duarte- fue decidido por 48 votos a favor y una abstención.
Atrás del nuevo titular de la PGJ en Veracruz están destacados personajes que abandonaron el puesto dejando al estado con una creciente violencia y cargando historiales nada decorosos. Por ejemplo, Marco Antonio Lezama Moo, quien tiene abierto “un juicio administrativo” por vínculos con la delincuencia organizada y el saliente Amadeo Flores Espinoza que deja sin resolver los asesinatos de los periodistas Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz y Regina Martínez de Proceso.
De todos los encargados de darle el “voto de confianza” al nuevo procurador, sólo uno – el diputado del Partido del Trabajo, Fidel Robles- le dio el “beneficio de la duda”… los demás (PAN, PRI, PRD, PVEM) felicitaron al gobernador Duarte por la “excelente decisión” que hizo al nombrar a Bravo como nuevo procurador.
“Conocemos su solvencia, su capacidad, es un excelente abogado y confiamos en la elección que hizo nuestro señor gobernador”, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas.
Buen abogado, seguro: no cualquiera que tenga averiguaciones previas por delitos penales llega a ser procurador de justicia.
