Estas elecciones no fueron la excepción y la compra del voto de manera masiva, el condicionamiento de los apoyos sociales, la explotación de mujeres indígenas y las amenazas del crimen organizado son el escenario previo al 1 de julio y sus focos rojos, señalaron las voceras de 28 organizaciones civiles que participan en la Red Ciudadana de Observación Electoral.

El día de ayer, en conferencia de prensa, la Red Ciudadana de Observación Electoral presentó algunos de los resultados preliminares de lo que han encontrado como vigilantes electorales.

El escenario no ha sido nada alentador para la democracia, pues aunque la compra de los votos en México suele darse en cada elección, el problema en los comicios de 2018 es que “se ha elevado descomunalmente“, porque las reglas para acceder a los seis mil 434 programas sociales se han relajado, de acuerdo con Beatriz Camacho, integrante de Alianza Cívica, Nuevo León.

Camacho señaló que la compra de votos se ha normalizado de alguna manera, pues se convirtió en una forma de relación aprobada entre los políticos y ciudadanos y, además, no hay “caminos transparentes de rendición de cuenta”.

Compra masiva del voto

Por ejemplo, la “compra masiva de comunidades completas” se ha detectado en Chiapas, en la elección para gobernador.

“Cuando llegamos a las comunidades nos decían: ‘aquí ya nos amenazaron que si hay uno, dos o tres votos para otro candidatos que no sea el partido verde o el PRI, no va a haber proyectos productivos para nosotros en los siguientes seis años”, explicó Beatriz Camacho.

¿Otro más? Por ejemplo, el Partido Nueva Alianza (Panal) ha recibido 350 reportes de 30 estados por el pago de dinero en efectivo, la repartición de tarjetas con la promesa de un pago diferido, el acopio de las credenciales de elector a cambio de algún producto o un permiso para trabajar en un tianguis y hasta para conseguir la licencia de un taxi.

Y aunque TODOS los partidos están denunciados por este tipo de prácticas, el rey de las quejas es el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “porque es quien tiene el poder“, de acuerdo con Camacho.

Poblaciones rurales

Las poblaciones rurales o las que se encuentran en los suburbios son las más afectadas por la compra de voto.

Sobre todo las mujeres son el blanco ideal de los partidos, pues los programas sociales están dirigidos para ellas.

Teresa Pérez, del Centro de Investigaciones para la Equidad, Política Pública y Desarrollo, denunció que se utiliza a las mujeres indígenas como un “botín para atraer votos“. Y ojo, de acuerdo con Pérez, los partidos también ejercen violencia en contra de sus candidatas -en caso de que tengan, pues en sus listas a veces no incluyen a ninguna-.

Narco y corrupción

La compra de votos también está ligada, cada vez más, con el flujo de dinero del narcotráfico o de la corrupción política, dinero que el INE no puede fiscalizar y, por lo tanto, generan “hoyos de impunidad“.

Los observadores encontraron que otro problema es la intimidación del crimen organizado contra los candidatos o funcionarios —lo que hemos visto a lo largo de este proceso electoral—.

Y aunque Manuel Carrillo, integrante del INE, explicó que el problema de la violencia en medio de las elecciones se debe a la situación de inseguridad generalizada, que a una “violencia electoral“.

Sin embargo, los resultados preliminares de los observadores muestran otra cosa.

Además, de acuerdo con las organizaciones hay que tomar en cuenta que no todos estos casos se denuncian ante las autoridades.

Beatriz Camacho dio a conocer que su colectivo pudo constatar la incidencia directa del crimen organizado en estados como Sinaloa o Tamaulipas. Por ejemplo, en Ciudad Victoria “algunos candidatos nos están señalando que un cártel ya ha decidido quién es el candidato que va a ganar y solamente se les pide que aparenten una campaña electoral“.

El precio del voto en Jalisco y CDMX

Otra organización que lleva a cabo el monitoreo de la coacción del voto, es Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que reveló que hasta el lunes pasado, el voto se cotizaba hasta en 10 mil pesos en Jalisco y CDMX.

De acuerdo con Acción Ciudadana, entre el 5 de abril y el 25 de junio, recibió 383 reportes de compra y coacción del voto —los reportes fueron hechos en la plataforma Democracia sin Pobreza—.

Y aunque sea imposible de creer, sólo dos estados no tienen ninguna denuncia: Baja California Sur y Durango.

Los artículos y bienes que más se han entregado están despensas y el acceso a los programas sociales, como Prospera —programa que José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, presume tanto—.

Con información de AP y La Jornada

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