Los empresarios están hartos de la situación de inseguridad y han exigido a los tres órdenes de gobierno en nuestro país que accione planes para frenar la violencia de la que han sido objeto por robos, secuestros a transportistas, entre otros factores.
Todos los ciudadanos mexicanos nos vemos afectados por las circunstancias de inseguridad y violencia que atraviesa el país. Ahora fue el sector empresarial quien alzó la voz. Y es que en un desplegado demandó a las autoridad ejercer el Estado de derecho para buscar un freno a la impunidad de diversos ilícitos que tienen un costo para el país de 10 puntos del PIB (es muchísimo dinero, alrededor de 1.7 billones de pesos).
Según el Universal, ese dinero se pierde por las inversiones que no se hacen, las pérdidas por robos, los gastos en sistemas de seguridad, entre otras razones.
Además, la inseguridad impide que nuestra economía crezca entre 1 y 1.5 puntos anualmente, que bastante falta nos hacen.
El director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada, dijo:
“(Hay un ambiente) hostil a la actividad económica al no haber Estado de derecho ni confianza en las instituciones; en la protección del patrimonio, entonces las empresas dudan en invertir”
Así es, el Gobierno federal, en vez de estar gastando el dinero público en spots, deberían invertir en mejorar las condiciones de seguridad y eliminar la corrupción, eso haría que volviéramos a confiar en las instituciones, la economía mejorara y, lo más importante para todos nosotros, evitaría que casos como el de Ayotzinapa se repitieran (pero bueno, ya ven, tenemos 4 meses y la investigación no ha lanzado resultados satisfactorios para nadie).
Saqueos, robos, secuestros a transportistas, entre otros ilícitos se han recrudecido luego de los acontecimientos sociales en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Hay que recordar que si la gente se ha movilizado ha sido por el ambiente de inseguridad e impunidad en el que viven debido a la presencia de los grupos criminales y la corrupción de las autoridades locales y que sus movilizaciones se han tornado más violentas después de la actitud mediocre del gobierno para resolver el caso y mejorar la situación general del país.
El presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, afirma que el año pasado se reportaron 188 unidades de pasajeros robadas, 37 hurtos en la cadena de proveeduría, 217 tripulaciones y vehículos afectados, 4 mil 337 ilícitos contra la industria de alimentos y dos saqueos a tiendas de autoservicios, además de 44 manifestaciones violentas.
Además, según la Oficina Coordinadora de Riesgos Asociados, el año pasado, el robo de autos y camiones con violencia se incremento en estados como Baja California Sur (un 141%), Tabasco (70%), Oaxaca (43%), Quintana Roo (41%) y Sonora (31%).
Para el director adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, “hay dos frentes abiertos, donde hay ataques directos a empresas distribuidoras (de su sector): Guerrero y Tamaulipas. El año pasado, en Guerrero, cerraron dos distribuidoras por amenazas y violencia”.
Creo que hasta este punto estamos de acuerdo con los empresarios, la violencia y la inseguridad son perniciosas para nuestro país. Sin embargo, discrepamos con ellos cuando afirman que la protestas sociales son la causa de la baja inversión. Afirmar esto es atacar tan solo la causa inmediata, pero no la principal: Si no hubiera un estado de inseguridad e impunidad en el país no habría movilizaciones y si las autoridades no fueran incompetentes a la hora de intentar resolver las crisis, éstas no irían en crescendo. Por otro lado, sin la presión ciudadana ejercida durante los últimos meses, los grupos de crimen organizado que ya mantienen secuestradas industrias enteras en varios puntos del país continuarían ascendiendo, lo que implicaría un problema aún peor en términos económicos (recordemos que el crimen organizado ya mete mano a la industria minera o lo sojuzgada que tenían Los Caballeros Templarios a la industria limonera en Michoacán, por lo cual surgieron las autodefensas).
Así que sí, si queremos que nuestra actividad económica mejore, las autoridades deben crear las circunstancias adecuadas y no solo imponer un “Estado de derecho” que únicamente aplique para las movilizaciones sociales pero que deje actuar a los grupos criminales y las autoridades corruptas con total impunidad, porque entonces no habrá ninguna mejora y las cosas solo empeorarán en el país.
Debemos exigir seguridad y la eliminación de la corrupción y la impunidad, si no, nuestra economía nunca mejorará (y ahora lo necesitamos más que nunca con la caída de los precios del petróleo y la migración de capitales golondrinos hacia Estados Unidos por su recuperación económica).
¿Ustedes qué opinan?
