Estas últimas semanas se hizo un escándalo cuando varias organizaciones de alcaldes y los mismos ediles denunciaron que eran víctimas de extorsión por parte de diputados federales a la hora de recibir presupuesto para su localidad.
Pues bueno, hoy un artículo del Reforma continua con esta investigación y expone el modus operandi de las extorsiones. Al parecer, los diputados del PAN cercanos a Luis Alberto Villarreal (el coordinador de esta bancada en la Cámara de Diputados) acuden a las oficinas de los alcaldes que requieren recursos públicos.
Según el testimonio de los alcaldes, la «comisión» tiene dos etapas. Primero, Villarreal recibe al alcalde en cuestión en sus oficinas de San Lázaro y ofrece el recurso.
Despúes de varios días, un diputado de toda su confianza acude con el alcalde para informarle que su solicitud ha sido aprobada pero que necesita «ayudar» al grupo de Villarreal. Es ahí donde piden su «comisión».
Entre los integrantes del (en el Reforma lo llaman la «burbuja de Villarreal» yo los llamaría «grupo de criminales», pero bueno, no abstendremos de ahcerlo) grupo cercano a Villarreal que se encarga de pedir la «comisión» se encuentra su hermano Ricardo Villarreal.
Pero no sólo son ellos, también hay figuras influyentes dentro del panismo, como subcoordinadores de la bancada, ex delegados y ex legisladores que aspiran o han aspirado a una Alcaldía o a otros cargos.
Estos integrantes habrían recibido hasta 10 millones de pesos para repartir de manera discrecional en sus estados.
Un legislador panista informó:
«Los que son cercanos al coordinador bajaron hasta 300 millones»
Este tipo de actividades se llevan realizando (de esta manera) desde hace un año, pero este año Villarreal decidió involucrar mucho más a los legisladores intermediarios.
Intermediarios como Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, de Tlaxcala, la cual es subcordinadora de Asuntos Internos de la bancada y quien fue coordinadora de delegaciones de Desarrollo Social y delegada del ISSSTE en Tlaxcala, donde aspira a la Alcaldía de la capital.
También está involucrado Víctor Serralde Martínez, de Veracruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y es ex operador de programas de Desarrollo Social en su entidad.
Otro nombres son el de José Guillermo Anaya Llamas, subcoordinador de Enlace Gubernamental y compadre del ex Presidente Felipe Calderón; Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, diputado de Durango y ex coordinador de la campaña del dirigente nacional del PAN. Gustavo Madero; Marcos Aguilar Vega, de Querétaro, ex diputado local y presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; y Martín López, ex legislador por Nuevo León, subcoordinador de Asuntos Administrativos del PAN, además aspira a la alcaldía de Monterrey (pues ya sabe que se tiene que encomendar a Dios, que es como funcionan las cosas allá).
Recordemos que la «comisión» opera pidiéndoles una serie de cosas al alcalde para que se le «afloje» el presupuesto entre ellas se les pide hacer ciertas obras, contratar a ciertas empresas (de personas cercanas) y pedirles un 10%. Este tipo de prácticas son terribles, ya que no se concursa por la licitación de la obra (además de que la obra puede no ser necesaria para la comunidad) y esto no garantiza ni la calidad de ella ni los mejores precios, lo cual sólo actua en detrimento de la población, luego pasa lo que pasó con Manuel e Ingrid y todo se empieza a caer, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos.
