Aunque para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el caso del socavón del Paso Exprés todavía puede ser investigado con más rigor y dar para sanciones penales, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Arely Gómez, asegura que el asunto es “caso cerrado”.
En la recomendación 34/2018 de la CNDH, ésta indica que la SCT es la principal responsable del socavón del Paso Exprés de la autopista México-Cuernavaca. Por ello, no estaría mal que se hiciera una revisión del caso, para ver a quién le cargan los señalamientos de negligencia y probable corrupción detonadores del incidente. Es decir, investigar a fondo.
De acuerdo con La Jornada, la investigación que realizó la CNDH arrojó la identificación de “graves deficiencias de planeación y construcción por una obra pública mal diseñada y deficientemente construida”. Ya saben, cosas como que no se tomó en consideración que el tubo de drenaje que pasaba por debajo del Paso Exprés estaba en malas condiciones y había desbordamiento de agua.
Además de lo anterior – según dio a conocer el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama – se comprobó que, al momento de lanzar la convocatoria de la licitación, la obra no contaba con proyecto ejecutivo… es más, esta situación se prolongó cuando se adjudicaron los contratos y hasta cuando se inició la construcción.
¿Qué más? Se amplió la obra sin argumentación alguna, no hubo permisos ambientales… ahh y, al parecer, la obra se realizó con puro feelin’, ya que la SCT pidió información sobre las líneas de agua que pasaban por la construcción sólo hasta un mes después de que ésta se inició. Lo mismo sobre los cuerpos de agua de la zona… y sin descontar que la obra aumentó su precio 535 millones de precio.
Pese a los señalamientos anteriores, el caso sólo ha dado para que las autoridades emitan sanciones administrativas. O sea, el hecho continúa impune… y, aunque la CNDH indica que podría invetigarse un poquito más y, así, castigar con más rigor a los responsables (o, mínimo sabe quiénes fueron… porque hasta ahora ni eso), la titular de la SFP, Arely Gómez, el asunto “es caso cerrado”. Lo que pasó fue investigado con todo el rigor, de forma “íntegra, profunda y apegada a la legalidad”.
Aunque al momento de cuestionársele sobre la recomendación de la CNDH, la flamante funcionaria ni siquiera le había dado lectura, se atrevió a adelantar que poco caso le haría… ya pa’qué: eso ya se investigó “y se llegó a sanciones administrativas para ocho funcionarios”. ¿Qué más quieren?
Y bueno, aprovechando la ocasión, Gómez aseguró que, así como el caso del Paso Exprés, el de Odebrecht también ya tuvo su respectiva y muy buena investigación (cof, aunque en Brasil digan lo contrario, cof). Y pese a que no hay gente en el bote (con todo y el charcote de corrupción que dejaron), la funcionaria asegura que no hay impunidad… en ninguno de los dos casos… claro, después acotó que en la SFP sólo se buscan responsabilidades administrativas, no penales. Para éstas últimas, pasen a la siguiente ventanilla.
