Los últimos días han estado marcados por un llamado urgente por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno federal para tomar medidas en contra de las prácticas crecientes de tortura y desaparición forzada en el país. Como era de esperarse, el presidente Enrique Peña Nieto ha respondido que estos son problemas que también le preocupan y que adoptará las medidas que la Comisión proponga. El problema, no obstante, no está en las medidas mismas, sino en su ejecución.
El día de hoy, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó su informe anual de actividades (que, dicho sea de paso, deja mucho que desear a la vista de diversas organizaciones, como bien asentó ayer Article 19 al presentar su informe “Estado de Censura”). Durante tal evento, el Ombudsman Luis Raúl González pidió al presidente Enrique Peña Nieto, hacer todo lo necesario para acelerar un conjunto de normas específicas para prevenir los delitos de tortura y desapariciones forzadas. Lo ideal, por supuesto, sería que el ejecutivo mandara directamente una iniciativa al poder legislativo para que pudiera estar lista antes de las propias elecciones.
A decir verdad, todas estas propuestas están previstas en el plan para la creación de una Sistema Nacional de Búsqueda y un Sistema Nacional de Información Genética que Peña Nieto presentara como respuesta tardía ante el caso Ayotzinapa. El problema, una vez más, no es el plan, sino su ejecución, a la que hace falta con urgencia meter el acelerador.
“La violencia de los últimos años ha ocasionado la desaparición de personas, las cuales no se han contado, identificado y, en consecuencia, buscado efectivamente”, expuso González.
Se calcula que en México han desaparecido unas 22 mil personas desde la implementación de la llamada “guerra contra el narco”, a la que el gobierno de Peña Nieto dio continuidad. Este cálculo, lamentablemente, es estadístico y se desconocen los datos concretos de cada una de esas personas.
“No podemos establecer acciones integrales y coordinadas de búsqueda, ni estaremos en posibilidad de que se deslinden las responsabilidades correspondientes, si no contamos con información real y objetiva”.
El titular de la CNDH también llamó a la administración al responder a los reportes recientes que la ONU ha hecho sobre estos delitos en nuestro país y a implementar sus recomendaciones. Recientemente, el Gobierno de la República respondió a la ONU que su investigación no era lo suficientemente profunda como para notar que México ya cuenta con legislaciones e iniciativas para atender el problema. Esta respuesta fue un autogol para el gobierno: mientas los crímenes brotan de manera alarmante, las leyes permanecen ocultas.
La CNDH también hace hincapié en que parte del problema es responsabilidad de los estados, que no han sabido reflejar las nuevas reformas en leyes efectivas para sus localidades.
González expresó que, definitivamente, el caso Iguala marca un antes y un después para el país, y debería impulsar un cambio hacia el cumplimiento efectivo de la ley. Insistió en que el caso no estaba cerrado.
El Ombudsman nacional hizo un llamado severo al gobierno federal a cumplir la ley en todo momento. Sólo así, dijo, se podrá garantizar el comienzo del giro radical que el país necesita. El incumplimiento de recomendaciones aumenta la impunidad, puntualizó la institución.
