Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero, al parecer, al Gobierno de México también le fallan los otros sentidos. El oído y el tacto, principalmente. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) lamentó ayer, jueves 27 de abril, que el Estado mexicano no ha hecho caso de sus recomendaciones, hechas desde diciembre de 2015, en materia de combate a la violación de derechos humanos e impunidad. De acuerdo con el organismo internacional, las autoridades de nuestro país han aplicado el “no oigo, no oigo: soy de palo; tengo orejas de pescado” ante la recomendación de crear un plan para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las calles y para que las tareas de seguridad pública recaigan en las corporaciones policiacas. Es más, la estrategia apunta al lado contrario. De septiembre de 2015 a julio de 2016, las operaciones de vigilancia del Ejército y la Marina crecieron 27%, según la CIDH.
En el mismo talante, la CIDH criticó que el gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto tampoco tiene un plan específico para fortalecer a la Policía y que estos elementos regresen a realizar las tareas de seguridad que les corresponden, pero con apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Este punto parece preocupante porque se da justo en medio del debate de la Ley de Seguridad Interior, también conocida como Ley Golpista, que pretende dotar a las Fuerzas Armadas con facultades para investigar y perseguir delitos. En caso de que se aprobara la iniciativa, se caería en un círculo vicioso: los estados y municipios seguirían poniendo en manos de otros —militares y marinos— la responsabilidad de procurar seguridad. Es decir: el Ejército se seguiría ocupando de la procuración de seguridad porque no hay policías confiables, pero tampoco se buscaría construir corporaciones confiables porque los militares seguirían a cargo de la seguridad.
La CIDH indicó en su informe Situación de Derechos Humanos en México, realizado en 2015, que México atravesaba por una grave crisis de violencia e inseguridad. En el seguimiento de ese informe, presentado ayer, el organismo internacional repasó las recomendaciones que le ha realizado al Estado mexicano en temas como tortura, desaparición forzada, acceso a la justicia, además de los derechos de poblaciones vulnerables como la comunidad gay, mujeres, niños, adolescentes, indígenas y migrantes. El órgano dirigido por el brasileño Paulo Abrao, también analizó el proceder de nuestras autoridades en casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán. De acuerdo con la CIDH, en todos estos aspectos han existido omisiones e incumplimiento a sus recomendaciones.
