Aunque ya se esperaba, el desafuero en contra de la diputada del Congreso local de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez, sólo dejó en evidencia la falta de preparación de los legisladores federales y la forma en que se ejecuta la justicia en el país.
Acusada de visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán cuando se encontraba en el penal de El Altiplano, esto mediante el uso de documentación falsificada, la llamada “chapodiputada” quedó ayer sin la protección que le ofrece su cargo. Con esto, la Procuraduría General de la República (PGR) podrá proceder en su contra… nada más tiene que esperar a que el congreso local al que pertenece la diputada ratifique la decisión de los legisladores federales.
Sin embargo, de todo este asunto hay dos cosas que resaltan: la primera, que los integrantes de la Cámara de Diputados hicieron caso omiso a la falta de contundencia de las pruebas con las que se acusó a Sánchez y, en segundo lugar, que, en caso que efectivamente se trate de ella, de cualquier modo, podría enfrentar su proceso en completa libertad.
Sobre el primer punto, las autoridades correspondientes no pudieron sostener la acusación de “delincuencia organizada” en contra de la ahora conocida como “chapodiputada”. En lo que respecta al “uso de documentación falsa”, las pruebas con las que se fundamenta la acusación resultaron no ser tan contundentes como se esperaba, ya que las pruebas periciales realizadas a las fotografías tomadas de un video del penal dieron como resultado que sólo hay “semejanza” entre la mentada foto y la imagen de la licencia de conducir de la legisladora sinaloense.
“¿Qué ocurrió? Que dichos peritajes únicamente hablan de semejanza. Entonces, los que sean gemelos o las personas que se parezcan uno a otro pueden ser, efectivamente, las personas que cometan un delito u otro. No puede ser así”, reclamó Rubén Tamayo, abogado de Sánchez.
¿Y por qué no usaron las grabaciones de seguridad del penal?, se preguntarán muchos. Este… pues porque no existen. Así es: según lo desahogado en la sesión en la que se aprobó el desafuero de Sánchez, se evidenció que “no existe” ya el video de la fecha en que la diputada supuestamente visitó a Guzmán Loera. La razón: dichas grabaciones sólo se guardan 27 días, después éste se borra y se reinicia la grabación.
Además de estos dos alegatos, el abogado de la ahora legisladora sin fuero señaló que en los informes en los que se detalla una audiencia en la que estuvieron presentes un juez, “El Chapo”, sus abogados y Lucero Sánchez (con el pseudónimo de Villatoro Pérez), no se asienta que haya acudido una persona del sexo femenino. “Nunca acudió, como el mismo juez lo dice, a protestar y aceptar el cargo como persona de confianza”.
Todo esto fue expuesto ante 500 diputados federales… que a final de cuentas les valió gorro, ya que terminaron votando 414 a favor, dándole la razón al MP federal. “Existen diversos medios de convicción del uso de documentos falsos… existe mérito suficiente para la declaración de procedencia”, declaró el diputado del PRI, Ricardo Ramírez. En la votación hubo 37 abstenciones, por parte de los de Morena (más un priista y uno del PRD), quienes no estuvieron de acuerdo en que no se haya pedido un tercer peritaje al resaltar las diferencias entre parte acusadora y acosada respecto a la identificación de Sánchez en las imágenes del penal.
En fin, pero no hay bronca. Tanto relajo para que, de cualquier modo, la “chapodiputada” quizás ni pise la cárcel… en caso que las acusaciones en su contra resulten ser verdaderas. ¿La razón? Ya que sólo se le puede acusar de falsificación de documentos, éste es un delito considerado como no grave, por lo que le bastará con pagar una fianza para así poder llevar su proceso en libertad. Siendo un poco malpensados… igual y por eso sí le aplicaron el desafuero. Pura “política ficción”.
