El día de hoy, en el foro Yo Decido, a seis años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció que, actualmente, en la Ciudad de México se tiene un registro de 0% de muertes por abortos clandestinos.
Esto es interesante, ya que hace años era un problema preocupante para los habitantes de la ciudad. Además, el mandatario ha resaltado que el foro sólo era una conmemoración y no una celebración, ya que todavía «falta camino por andar».
El evento se realizó en la antigua Escuela de Medicina y en él Mancera destacó que el servicio de consejería que se brinda cuando se solicita una interrupción legal del embarazo no es disuasivo (o sea, no es que te quieran convencer de abortar así, de buena a primeras) sino que se ofrecen varias alternativas que van desde continuar con el embarazo, informarse sobre la posibilidad de adopción o de plano ya interrumpirlo, todo esto con un control prenatal de calidad.
Además se destacó que en la ciudad de México se tiene una reincidencia del 1%, la cual es «la más baja a nivel mundial» (es decir que el 99% de las mujeres que solicitan el servicio no tienen necesidad de volverlo a solicitar… en pocas palabras, no se andan embarazando una y otra vez como mucha gente pensó que pasaría de aprobarse la ley), y que de las solicitantes, 5 mil 588 fueron adolescentes que en 95% de los casos estuvieron acompañadas por su madre como familiar responsable.
El secretario de Salud reportó que el 63% de las que solicitaron la interrupción del embarazo dijeron que residían en la ciudad de México, el 24% provenía del Estado de México y el 3% había llegado de otros estados de la república. Además las actividades más frecuentes eran ama de casa, estudiante y trabajadora.
También habló Ana Güezmes, quien es representante de ONU-Mujeres en México, quien dijo que uno de los derechos más básicos es poder decidir sobre los propios cuerpos y que se debe contar con un gobierno que haga posible el ejercicio de estos derechos. De este modo destacó que el D.F. tiene el primer lugar en índice de desarrollo humano en el país, así como en desarrollo relativo al género.
En el mismo tono, algunos ministros han anunciado que podrían modificar las leyes antiaborto que están vigentes en tres estados de la República Mexicana.
Estos estados son los de Oaxaca, Querétaro y Guanajuato, ya que sus legislaciones dicen que «reconocen, protegen y garantizan el derecho a la vida desde el momento de la fecundación». Lo cual, a criterio de los ministros, es inconstitucional, esto lo señalan los proyectos de dictamen que resolverán, en los próximos días, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta es una coasión importante para que la Suprema Corte aborde el tema del derecho a la vida (y se pueda conseguir una definición que no caiga en ideologías extremistas tanto políticas como religiosas). La discusión proviene de tres municipios que levantan la polémica con sus respectivos poderes Legislativo y Ejecutivo ya que exigen la invalidez de las disposiciones antiaborto de sus entidades, ya que consideran que invaden la autonomía municipal en lo que se refiere a la prestación de servicios de salud y de anticoncepción.
Los municipios son los de Arroyo Seco, Querétaro; Asunción Ixtaltepec, Oaxaca; y Uriangato, Guanajuato,
De ser positiva la respuesta la Suprema Corte de Justicia es posible que se abra un camino para que las mujeres en el país se puedan amparar contra las leyes antiaborto.
Según la Jornada, tan sólo en el 2007 y el 2008, 18 entidades avalaron leyes que criminalizaban el aborto con el argumento de la defensa de la vida en el momento de la concepción.
Se dijo que las legislaciones de dichos estados invaden la esfera de acción municipal ya que impiden aplicar la norma oficial mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, ya que ésta obliga al personal del sistema de salud a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia (como lo es la pastilla del día siguiente) y a informar sobre las opciones para interrumpir un embarazo en caso de violación.
