Aunque luego se activan a lo güey o ni suenan, debemos admitir que las alertas sísmicas instaladas en nada estratégicos puntos de la Ciudad de México sí hicieron un buen paro el jueves pasado, ya que su aterrador sonido dio chance a muchos de prepararse, salir tranquilamente de sus hogares o, bajo su propio riesgo, continuar con su coyotito… pero no fue así en todos los puntos en que se sintió el sismo de 8.2 grados. Y no por falta de alarmas, sino porque las conchudas autoridades no han querido instalarlas o terminan por “desaparecerlas”.

De acuerdo con Animal Político, en Oaxaca –quizás la entidad más afectada por el fenómeno del pasado 7 de septiembre– se cuentan con 6 mil radios de alertamiento sísmico… ¡desde 2012!, de las cuales sólo el 60% fueron distribuidas, mientras que el resto continúan guardadas en bodegas. Obviamente, las mentadas alarmas –así como 13 bocinas de alto alcance– sólo fueron distribuidas en municipios centrales; es decir, poblaciones como Juchitán no cuentan con ningún tipo de alerta.

En la misma situación que Oaxaca se encuentran otras entidades con notable actividad sísmica, donde las compras de alarma se han hecho, pero quién sabe dónde quedaron. En la CDMX se desconoce adónde fueron a parar más de 4 mil aparatos; en Michoacán 200 y en Guerrero poco más de 2 mil equipos que darían –mínimo– 30 segundos de tiempo a la población para echarse a correr (cosa que no deberían, que conste), ante la inminencia de un sismo.

Además de la imposibilidad de salvar vidas, la inexplicable negativa de las autoridades a colocar equipos (o “desaparecerlos”) ha generado pérdidas por cerca de 255 millones de pesos, que es lo que el gobierno federal y de la CDMX gastaron entre 2010 y 2011 para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SAS). Es una “barbaridad”, señala el titular de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación, Carlos Valdés González, al admitir que, efectivamente, las alertas sísmicas están desaparecidas, demasiado bien guardadas o rematándose en internet con todo y etiqueta que reza “Adquirido con recursos del Fideicomiso FONDEN para el proyecto de la Red Sísmica Mexicana, segunda fase”.

De acuerdo con la investigación realizada por Animal Político, de los 88 mil aparatos adquiridos para modernizar el SAS, al menos 12 mil están perdidos, mientras que otros 10 mil 506 nunca han sido usados y están guardados en bodegas… no sea que con un temblor se vayan a descomponer. Y, para acabarla de amolar, el resto de las alarmas fueron colocadas a lo güey: sólo en núcleos urbanos (Acapulco, Chilpancingo, Ciudad de Oaxaca, CDMX), olvidando que en localidades no urbanizadas también tiembla.

Pero bueno, mejor sí, que las tengas guardadas, no vayan a tener un final tan triste como el que tuvieron en la CDMX, donde fueron o mal instaladas o robadas. Por cierto, en la Ciudad de México –por ahí de 2010, con Marcelo Ebrard– se contrató a la empresa CIRES para modernizar el SAS local, priorizando a usuarios de acuerdo con sus características, funciones institucionales y vulnerabilidad. Sin embargo, a la mera hora no contaba con el registro de dichos usuarios y, así, se adquirieron 50 mil radios de alerta sísmica sin saber bien dónde ponerlos. Esto provocó, como en la ocasión anterior, su “desaparición” o su colocación en puntos inadecuados.

A nivel federal las cosas tampoco cambiaron mucho. En 2011 –con Felipe Calderón– se compraron 38 mil alertas para ser distribuidas en Oaxaca, Michoacán y Guerrero pero nuevamente el resultado fue el mismo: radios robados, guardados o mal utilizados. De acuerdo con Carlos Valdés González, titular de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los registros indican que 36 mil de ellos fueron distribuidos durante el gobierno de Calderón, mientras que los 2 mil restantes fueron repartidos por EPN… pero del criterio bajo el cual se dio la repartición “ahí sí desconozco”, señaló el funcionario. “No podíamos instalar ese número de equipos en 38 mil lugares diferentes. Entonces, ¿qué se hizo? Se entregaron los radios de alerta sísmica, a través de convenios, a muchas instituciones, y lo que dicen esos convenios es que esas instituciones debían informarnos en dónde instalaban esos aparatos y darles mantenimiento.”

“Debían”, pero no están obligados. Según lo dicho por Valdez González, cada año el Cenapred pide cuentas: “cuáles son sus coordenadas geográficas, dónde se instalaron”, pero no se reciben respuestas. Incluso, varias instituciones responden tajantemente: “no sé dónde están” las alarmas… Y cómo no está en manos del Cenapred la fiscalización de las instituciones ni mucho menos pedir que se regresen los equipos, pues entonces ya pueden darse por perdidos.

“Nosotros cumplimos con el compromiso de entregar los radios –concluyó el director del Cenapred–. Pero es como con el directorio telefónico: cuando llegaba a mi casa, una tía lo usaba de pata de mueble y el día que lo llegábamos a necesitar, ya no servía.”

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