El ombudsman capitalino, Luis González Plascencia, declaró que la policía capitalina debe de pagar los daños a las personas detenidas de forma arbitraria durante la manifestación del pasado 1 de diciembre.
González Plascencia señaló que las autoridades desempeñaron sus operaciones de manera deficiente, pues toleraron daños a propiedad pública y las detenciones que realizó fueron de manera arbitraria. Agregó que la policía se mostró desorganizada al no detener los actos vandálicos en locales y vía pública. Además, se vio desmedida con la detención de más de 100 personas, de las que 99 fueron arrestadas sin ninguna vinculación con los hechos imputados.
De los más de 100 detenidos, 56 fueron liberados a los nueve días, mientras que el resto salió hasta el 27 del mismo mes.
Las declaraciones se presentaron en un documento dirigido a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), la Procuraduría General de Justicia de la capital (PGJDF), a la Secretaría General de Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
En el documento recomendó a la SSPDF crear una comisión para la Reforma de la Policía donde se reestructuren las organizaciones de seguridad capitalina, que se instaure un Auditor Externo que reciba denuncias, investigue y sancione las faltas que cometa la policía.
La SSPDF dará respuesta en 15 días hábiles, donde alcarará si dará seguimiento a la investigación e informará de las acciones que decidan tomar.
La CDHDF realizó una investigación rigurosa, donde obtuvo testimonios, documentos y videos como evidencia de lo que ocurrió aquel día. Estas muestran agresiones verbales, golpes, lesiones y vejaciones de connotación sexual.