Las cortes federales de Estados Unidos son el lugar donde se ventilan casos de corrupción y delincuencia que, en México, nunca han llegado a los tribunales.
Según Víctor Fuentes (Reforma), los casos de corrupción mexicana nunca llegan a los tribunales, y si lo hacen, es sólo después de que ya fueron exhibidos y ventilados en los tribunales de Estados Unidos.
Uno de los casos más famosos estos días es el que está relacionado con el ex Gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, aunque hay otros, como el del ex titulas del SAT de ese mismo estado, Héctos Javier Villarreal y estos son sólo dos ejemplos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado dos demandas civiles en Corpus Christi (no es la fiesta católica, es el nombre de un lugar de Texas), para decomisar alrededor de 5 millones de dólares ¿dónde estaba este dinero? En bancos de las Bermudas, ¿Quiénes lo enviaron? Los dos ex funcionarios de los que hablábamos antes. Y esto lo hicieron durante el Gobierno de Humberto Moreira.
Pero no sólo son estos casos, en el 2005, la Comisión de Valores de Estados Unidos acudió a la Corte de Washington para demandar a Televisión Azteca y a su dueño, Ricardo Salinas Pliego, por ganar ilícitamente 218 millones de dólares con la venta de la deuda de Unefon a Nortel (venta que realizó en el 2003 sin informar a los accionistas de la compañía… pequeño detalle).
Al final Salinas aceptó pagar una multa de 7.5 millones de dólares para terminar con el litigio en Washington, pero eso fue allá, en México se le sancionó con 305 mil pesos, ustedes dirán «bueno, al fin y al cabo pago algo, ¿no?», pues la cosa es que la sanción fue anulada en el 2012 por un tribunal colegiado.
En enero del 2008 hubo otro incidente, esta vez fue el banco estadounidense Wachovia, el cual puso una demanda ante la Corte de Distrito de Nueva York por las prácticas de la Casa de Cambio Majapara. La Corte evidenció que los dueños de la empresa mexicana se habían quedado con 38.7 millones de dólares de dicho banco.
Y al pasar de los años los casos van en aumento. Por ejemplo, el año pasado, en una Corte de Oklahoma, la empresa BizJet se declaró culpable de sobornar a empleados del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal y de gobiernos de Sinaloa y Sonora para obtener contratos entre el 2004 y el 2009.
Además, la PGR abrió investigaciones contra seis ex funcionarios, incluido un General Brigadier del Estado Mayor Presidencial, pero a principios de este año todavía no prosperaban pues siguen esperando el expediente de las autoridades estadounidenses.
Otro caso fue el de a principios del año pasado, ya que, ante la Corte del Osete de Texas, la DEA acusó a Antonio Peña Argüelles de operar como enlace del ex Gobernado de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con el cártel de Los Zetas.
Luego se expusieron cargos por lavado de dinero en Brownsville contra Fernando Cano Martínez, empresario dueño de 17 firmas de bienes raíces en Estados Unidos, y que era prestanombres de Yarrington (sigue prófugo).
Y así muchos casos más, los cuales podrían atentar contra la virilidad de nuestras instituciones de justicia si no empiezan a realizar su trabajo con más eficiencia.
Por otro lado esto sólo es un caso más de esa relación agridulce que tenemos con el país vecino, pues nos llenan de armas, pero también nos ayudan a quitarnos delincuentes de encima (o por lo menos a exponerlos)… Uno ya no sabe si reír o llorar.
