De acuerdo con el monitoreo nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hasta este viernes 22 de mayo se tienen 140 casos confirmados de COVID-19 en centros penitenciarios de todo el país.
Además existe un reporte de 61 personas recuperadas y 32 muertes.
La mayoría de casos positivos se registran en Jalisco, con 78 presos, seguido por Yucatán, la Ciudad de México y Yucatán.
Además es importante mencionar que hasta el momento se han registrado en todo México tres riñas o motines por las medidas de seguridad implementadas, por ejemplo, la suspensión de visitas para evitar el contagio de COVID-19.
Estos incidentes ocurrieron en el Estado de México, Tabasco y Chiapas.
Por otro lado, la mayoría de muertes en internos se registra en Baja California con 16 casos, seguido por Tabasco con 4, el Estado de México y Jalisco con tres casos cada uno, Chihuahua con 2 y San Luis Potosí, Morenos, Guerrero y Yucatán con 1 fallecido respectivamente.
Se necesitan medidas urgentes
Una de las principales preocupaciones ante la pandemia de COVID-19 es la situación en la que se encuentran los centros de readaptación social a nivel nacional.
Los principales riesgos para las personas privadas de su libertad son la carencia de personal médico y medicamentos especializados, las deficiencias de infraestructura, la alta densidad poblacional de los centros, la sobrepoblación, así como el hacinamiento en el que conviven las personas.
Entre otras cosas, una de las propuestas de la CNDH es considerar la preliberación para aquellas personas que se encuentren en una situación de riesgo por sus condiciones de salud, edad avanzada, embarazo o que estén al cuidado de sus hijas e hijos menores de edad dentro de los penales.
De acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario emitido por esta Comisión Nacional en el año 2019, en el 63% de los centros de reclusión del país existen deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, en el 32.79% de los centros supervisados hay deficiencia en los servicios de salud, en el 33% de las prisiones hay sobrepoblación y el 32% hacinamiento.
