No son pocos los hechos que han ocurrido en torno al “Caso Ayotzinapa” estos dos últimos años: marchas, presentaciones de informes, detenciones, salida de funcionarios involucrados en las investigaciones y hasta la renuncia de un gobernador ha marcado la opinión sobre este caso que convulsionó a la sociedad. A continuación un recuento de lo que hasta ahora ha pasado alrededor de la desaparición de los 43.
Fue la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando un grupo de normalistas fueron atacados por un grupo criminal y policías de Iguala, Guerrero. A partir de entonces, su paradero es desconocido. De este mismo suceso resultaron seis personas muertas y otras 25 con lesiones.
A los pocos días de ocurridos los hechos (el 28 de septiembre), fueron arrestados varios miembros de la policía de Iguala, señalados de haber participado en el ataque y desaparición de los jóvenes. Por su parte, el 30 de septiembre el entonces procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, confirmó que los 22 agentes detenidos fueron los responsables del ataque a los estudiantes: “”Sí sabemos que fueron elementos de la Policía Municipal los que hicieron uso de armas de fuego en contra de los normalistas”.
Mientras que varias organizaciones exigían la aparición de los jóvenes, quien fuera en ese entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, señaló ante medios que los estudiantes eran “muchachos rebeldes, que les gusta provocar”. A Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, se les imputó el crimen debido a su supuesta relación con grupos criminales.
Ya con el caso atraído por las autoridades federales, se realizó la detención de Sidronio Casarrubias, líder del grupo criminal al que se vinculó la desaparición de los 43: Guerreros Unidos (17 de octubre). Para finales de octubre de 2014, se hablaba que en el ataque a los normalistas estuvieron involucrados policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo “Guerreros Unidos”, y ordenada por Abarca y Pineda, pareja con nexos con los Beltrán Leyva.
Sin duda la desaparición de los 43 repercutió en la imagen de la clase política del país, sobre todo de la perteneciente al PRD, partido que en primera instancia intentó deslindarse de los hechos. Sin embargo, la presión fue tal y su responsabilidad tan evidente, que a días de sucedidos los lamentables acontecimientos, el líder perredista, Carlos Navarrete, ofreció una disculpa pública.
Algo inédito, pero quizás un poco tarde: el daño estaba hecho. Para el 23 de octubre de 2014, el gobernador del estado, el perredista Ángel Aguirre, presentó su renuncia. Desde entonces su aparición en la vida pública es nula. Del cargo desocupado se hizo responsable de forma interina Rogelio Ortega.
A pocos día de esto (y tras una injustificable ausencia), fue hasta el 30 de octubre de 2014 que el presidente Enrique Peña Nieto se reunió por primera vez con los padres de los desaparecidos: “Acordamos, como ellos lo han recogido ya de mis distintas posiciones y de diferentes posicionamientos que sobre este tema he venido haciendo, que habremos de ir al final de las investigaciones, a dar con los responsables y aplicar la ley, tope donde tope”, comentó en aquella ocasión el Ejecutivo.
Ya con Abarca y su esposa asegurados (su aprehensión suponía esclarecer los hechos), la PGR confirmó por primera vez, y de forma por demás cruda, la muerte de los 43 desaparecidos: supuestamente habría sido a manos de los “Guerreros Unidos”, quienes los asesinaron, incineraron y tiraron sus restos. Además del malestar forma en que se dio a conocer la versión oficial de lo sucedido, lo más recordado de esta conferencia celebrada el 7 de noviembre es… el “Ya me cansé” del entonces procurador, Jesús Murillo Karam.
Con esta versión rechazada, entran en escena los especialistas de la Universidad de Insbruck, Austria, quienes realizarían los análisis a los pocos restos encontrados en el río cercano al basurero de Cocula. Al mes siguiente (6 de diciembre) los austriacos confirmaron la identificación de uno de los normalistas: Alexander Mora. Desde ese entonces representantes de los deudos señalaban que los restos del normalista habrían sido “sembrados” por las autoridades.
También desde ese entonces, integrantes de la comunidad científica del país pondrían en duda la versión oficial de las autoridades, respecto a la supuesta incineración de los cuerpos de los 43 normalistas desaparecidos: en informe presentado por investigadores de la UNAM y la UAM en diciembre de 2014, se asienta que para la quema de esa cantidad de cuerpos se habrían necesitado al menos 33 toneladas de madera… y de haberse dado, la humareda se hubiera visto a varios kilómetros.
“Para nosotros la versión de la @PGR_mx es inverosímil y el estudio lo demuestra”, asegura el Dr. Montemayor #YaMaCansé3
— Cencos (@cencos) 11 de diciembre de 2014
Con el peso del hallazgo de diferentes fosas clandestinas, marchas de gran impacto nacional (con pequeñas réplicas en distintos países, como las celebradas el 8 de octubre y el 5 de noviembre) y extrañamientos por parte de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en febrero de 2015 inicia la participación en las investigaciones del caso el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El malestar social, la falta de respuesta de las autoridades y las continuas refutaciones a las pruebas ofrecidas para confirmar las investigaciones, dieron como resultado la salida de la PGR del procurador Jesús Murillo Karam (26 de febrero 2015). En su lugar asumió Arely Gómez. Un mes antes, el 20 de enero, los forenses austriacos señalaban que los restos ofrecidos por las autoridades eran imposibles de identificar.
Días después, 1 de marzo, a la investigación del “Caso Ayotzinapa” se suma el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes entregarían diferentes informes sobre los avances del caso: en la mayoría de ellos remarcando imprecisiones por parte de las autoridades.
A días de cumplirse un año de la desaparición de los 43, la Cámara de Diputados instaló una comisión especial para dar seguimiento al caso de los normalistas. Casi a la par (el 16 de septiembre de 2015), los peritos de Insbruck consiguieron identificar a un segundo normalista: Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Ya para este año, 2016, entre los hechos más relevantes sobre la desaparición de los 43 es la conclusión de los trabajos del Grupo de Expertos de la CIDH: “no existe certeza sobre el destino de los estudiantes”, destacaron en su último informe, entregado en mayo pasado.
El mes pasado, el 29 de septiembre, la procuradora presentó un “corte de caja”: la verdad histórica sigue inamovible… pero se ha dado la consignación de 168 personas: 54 policías de Iguala y 19 de Colula; 223 autos de formal prisión y 209 órdenes de aprehensión así como 650 labores de búsqueda de los estudiantes.
El caso sigue abierto.
