Una deuda pendiente, grave y descarada, pero también la amenaza fascista. La frivolidad de las marchas, el discurso de odio rampante y una izquierda conservadora; son algunos de los desafíos aún sin resolver por parte del Estado Mexicano para proteger a las poblaciones diversas.
Al mismo tiempo, esos pendientes despiertan un movimiento que busca dignificar la lucha al interior de la comunidad LGBT+ que se ha llamado Bloque Disidente.
El discurso de odio, así como la violencia en contra de población LGBT+, particularmente hacia mujeres trans trabajadoras sexuales, aún continúa. Además, existen “medidas legales regresivas, tendientes a restringir y cercenar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas trans”; así lo reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su boletín del primer trimestre 2023 titulado El Panorama de la situación de los derechos de las personas LGBTI en la región de América Latina y el Caribe.
Por su parte la promotora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra Personas LGBT, Gloria Careaga, escribió en su cuenta de Twitter que “la desaparición y los crímenes de odio contra personas LGBTI+ en México no se registran, pero existen y de forma creciente”.
Y es que a pesar de todos los riesgos —incluyendo el mortal— que puede experimentar una persona de la comunidad LGBT+ en México, para Victoria Sámano, activista y defensora en derechos humanos; la deuda histórica se agrava cuando la discriminación es interseccional, es decir, si sucede hacia personas con más pretextos sociales para rezagarles como el caso de las mujeres trans adultas mayores, población diversa en situación de calle, trabajadoras sexuales, para quienes padecen desabasto de medicamentos y viven con VIH o también para el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans.
“Si bien se ha legislado en los últimos años por el reconocimiento de las personas de la diversidad, creo que han sido muy general y sobre todo se ha hecho a favor de hombres homosexuales“, sentenció Victoria Sámano, quien también es fundadora de la asociación civil LLECA, Escuchando la Calle, A. C.
Victoria explicó que diversas agrupaciones de la sociedad civil decidieron conformar un Bloque Disidente para tomar las calles este próximo 24 de junio 2023.
Y es que la experta recordó que “el año pasado fue un caos porque no hubo orden, había muchas marcas y stands, lo cual imposibilitaba el movimiento de las personas, poniendo en riesgo su seguridad. Queremos que se deje de mercantilizar y de lucrar con la Marcha”.
Por otro lado, Sámano fue crítica sobre la participación de personajes de la farándula que usan este espacio para promocionar su imagen, pero el resto del año no benefician, ni le dan visibilidad a la agenda pendiente y peor aún, terminan mostrando actitudes homofóbicas como es el caso del personaje mediático Alfredo Adame.
El uso político por parte del Gobierno de la Ciudad de México que le ha dado a esta expresión urbana de las poblaciones diversas también ha sido motivo de indignación: “en la marcha de la diversidad en México, que quizá es de las más concurridas en el mundo, hay muchísimos intereses políticos y el gobierno está muy metido en la organización, cuando el único trabajo del gobierno es asegurar el bienestar de las personas que acuden”, explica Sámano.
Recordó que el año pasado se impuso a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para dar el banderazo de salida, situación que incomodó a los asistentes debido a que este movimiento no debe ser encabezado por una servidora pública, pues es justo a la investidura que ella representa el reclamo colectivo de la Diversidad.
Aunque inicialmente las agrupaciones de la sociedad civil indignadas por el uso frívolo de la Marcha habían anunciado la creación de un Bloque Negro, éstas decidieron recular.
Se autonombraron Bloque Disidente con la intención de proteger a las personas asistentes, pues sólo realizarán acciones simbólicas y no aquellas que puedan ser más reaccionarias.
Otra razón por la que también deciden cambiar el nombre es para evitar la infiltración de grupos de choque y que el gobierno les criminalice.
El Bloque Disidente denunció públicamente haber recibido amenazas —que estarían bajo vigilancia de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana— por parte de las autoridades de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la CDMX.
Victoria Sámano hace un llamado a que el gobierno actual, autodenominado de izquierda, “se ponga las pilas”, porque se le percibe como “un gobierno tibio” que por un lado en su interior tiene presencia de personajes conservadores, pero por el otro existe una derecha fascista que cada vez se empodera más, siendo estos factores motivo para despertar un bolsonarismo mexicano.
Discursos de odio en la CDMX
¡Alto al discurso de odio promovido desde los medios públicos del gobierno de la Ciudad de México!
Ese fue el título con el cual un conjunto de agrupaciones de la sociedad civil realizó un pronunciamiento público dirigido a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, debido a que desde los televisores instalados al interior de las unidades de Metrobús se transmitió la declaración del Papa Francisco cuando éste vociferó que “la homosexualidad es un pecado”.
“Esta declaración es un evidente Discurso de Odio“, expresaron las organizaciones firmantes.
En el documento piden a Sheinbaum que se sancione a los responsables de la decisión editorial, el resarcimiento del daño con una campaña informativa incluyente y también que se asegure de “ejercer mayor rigor en una política de Estado Laico” debido a que “dentro del movimiento político que usted representa existen servidores públicos -con poder de decisión- que han hecho pública su afiliación a agrupaciones religiosas (donde) el fundamento ideológico de éstas históricamente ha sido una amenaza para la dignidad y seguridad de las personas, particularmente de la comunidad Diversa”.
La promoción del discurso de odio desde plataformas del Estado “nutre de manera tóxica a paradigmas que estigmatizan” y le recordaron —nuevamente— que no “utilicen recursos públicos y humanos, presupuesto e infraestructura del Estado de la Ciudad de México para la promoción del Discurso de Odio tal como ya ocurrió en el capítulo Capital 21, Renata Turrent y del cual la Defensoría de Audiencias del Canal emitió una resolución condenatoria hacia la animadora de televisión y la producción del programa El Aquelarre por promover discurso transfóbico”.
A través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic (INFOCDMX) se solicitó a Metrobús una copia de dicho material audiovisual para constatar la veracidad de la denuncia y su respuesta fue la siguiente:
“Se informa que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información no se encontró la copia o testigo del programa televisivo que se transmitió… se le sugiere presentar su solicitud ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) quien podría contar con la información de su interés ya que es la que aprueba la publicidad al interior de las unidades de Metrobús”.
Respuesta del Metrobús a la solicitud de información realizada.
Haciendo caso a la instrucción anterior se solicitó vía la plataforma de transparencia este material audiovisual a la SEMOVI y su respuesta fue: “…se aprecia que precisamente METROBÚS, es el sujeto obligado competente para dar respuesta a su petición”.
Como una pelota de ping-pong la solicitud del video regresó a Metrobús, pero esta ocasión fue contundente la autoridad al decir que “en atención a su solicitud le informamos que después de la búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Dirección y áreas que la conforman no se encontró copia o testigo de un programa televisivo que se transmitió… desde los monitores al interior de la unidad de Metrobús”.
Izquierda conservadora
“Pinches ratas homofóbicas”, gritó un ciclista, que, aunque iba a rápida velocidad sobre Insurgentes, logró clavarlo con la puntería de un dardo hacia el grupo de panistas reunidos a un costado de la avenida frente a la Fiscalía General de la República. +
Desconcertados, los presentes enmudecieron por un momento, después vinieron las risas nerviosas que el cubrebocas escondía, hasta que el orador, Marko Cortés, líder del Partido Acción Nacional; retomó la arenga. El video de la anécdota ya vive en internet.
Y es que tal vez el ciclista anónimo tenga razón, ya que no sólo los escándalos de desfalco al erario de los gobiernos anteriores a este gobierno justifican su dicho, sino también la deuda “grave y descarada” que heredó México de aquellas administraciones —en la historia reciente de nuestro país— respecto al reconocimiento y protección de derechos a población LGBT+, explicó por su parte Raúl Albores, abogado y experto en derechos humanos.
El especialista recordó que, con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio en la década de los ochenta, el gobierno mexicano también acordó compromisos internacionales relacionados al respeto de Derechos Humanos, para generar la imagen al mundo de ser una nación democrática, modernizada; que al tiempo fueron construyendo instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).
Sin embargo, y pese a este recuento de logros, al analizar la realidad y los resultados de estos periodos, lo cierto es que se experimentó una política de simulación en esta materia, explicó Albores.
—Y con la 4T, ¿hubo algún cambio?
—La deuda se heredó y continúa, lamentablemente.
Explicó que las acciones afirmativas aún se quedan en actos promocionales de gobierno y no existe una garantía para hacerlos cumplir. Por ejemplo: políticas públicas para asegurar cupo laboral trans, la falta de homologación de los códigos civiles locales para el cambio de identidad de personas trans o no binarias, la adopción homoparental, la ausencia de vacunas contra de la viruela símica, tan sólo por mencionar algunas.
Por el grado de violencia que vive el país el abogado dijo que “en el caso del crimen de odio (por LGBTfobia), no hay agravantes en los códigos penales, no hay un interés por parte de los congresos locales para reformar los códigos penales… no hay protocolos de actuación en las Fiscalías”.
Al preguntarle al experto la razón por la cual el Estado Mexicano, gobernado por un movimiento de izquierda, sigue simulando políticas de protección y reconocimiento de derechos a población LGBT+, éste lo atribuyó al posible “nerviosismo” que puede haber por parte de la clase política en el poder para atender la agenda pendiente debido a dos motivos, por un lado, evitar la pérdida de electorado intolerante hacia la Diversidad; y por el otro, la existencia de servidores públicos con percepciones religiosas al interior de la 4T que no quieren aceptar lo diferente
—¿La 4T es una izquierda conservadora
—Me parece que hay un tope y está en Palacio Naciona. Es como los feminismos, que no hay uno sólo, lo mismo con la 4T… hay varias izquierdas, pero está ganando la izquierda conservadora.
