En los últimos 24 años, Baja California Sur ha pasado por la particular situación de ser gobernado por los tres principales partidos políticos del país. Esto sin embargo, no ha evitado que la corrupción caracterizada cada administración desde entonces.
Guillermo Mercado Romero, del PRI gobernó la entidad de 1993 a 1999. El sexenio siguiente fue encabezado por Leonel Cota Montaño, del PRD, un ex priista que renunciara al tricolor por no obtener la candidatura en los comicios anteriores. Cota Montaño acusó a Mercado Romero de enriquecimiento ilícito, pero fue exonerado por la Suprema Corte.
De 2005 a 2011, el PRD repitió, esta vez con Narciso Agúndez Montaño, quien renunciara al partido tras terminar su periodo. Un año después fue detenido en Monterrey por el delito de peculado, aprehensión ordenada por la procuraduría de BCS.
Marcos Covarrubias gobierna la entidad desde 2011. El ex perredista, hoy panista, es acusado por los empresarios locales de encubrir actos de corrupción y tener un desempeño pobre como administrador.
Este 7 de junio serán elegidos 16 diputados locales y serán asignados cinco plurinominales. También serán elegidos los ediles de los cinco municipios y, por supuesto, el gobernador de la entidad. El estado cuenta con poco menos de medio millón de personas inscritas en el padrón electoral y más de la mitad de ellas están concentradas en la capital, La Paz.
Se han presentado cuatro candidatos al gobierno estatal: Carlos Mendoza Davis por el PAN y el Partido de la Renovación Sudcaliforniana (PRS); Ricardo Barroso Agramont por la coalición PRI, PVEM y Nueva Alianza; Jesús Druk González por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano y, por último, Víctor Manuel Castro Cosío, de Morena.
Conoce más sobre los escándalos que persiguen a cada uno de ellos en el siguiente video de Mientras Tanto en México:
A finales de 2014, la deuda pública se ubicó en mil 797.4 millones de pesos luego de registrar el incremento más alto en la historia del estado. Esa es la herencia del gobierno actual. A ellos se suma la baja productividad: BCS es la quinta entidad con peor crecimiento económico (2.1%), sólo detrás de Campeche (-2.1%), Chiapas (1.5%), Tabasco (1.7%) y Veracruz (2%). Por si fuera poco, 51% de los jóvenes no cuentan con oportunidades de empleo. Si el próximo gobierno quiere salvar la situación, tendrá que crear al menos 9 mil 600 plazas laborales de acuerdo con el Observatorio Económico de México.
El 84.6% de los subcalifornianos creen que ha aumentado la frecuencia de la corrupción. De acuerdo con el INEGI, en 2013, el 6.7% de la población del estado fue víctima de algún acto de corrupción.
Estos últimos números no sorprenden a los habitantes de la entidad: en 2009, durante el sexenio de Agúndez, la Secretaría de Salud de BCS firmó contratos para la recolección de residuos peligrosos con una empresa que no contaba con instalaciones, vehículos, equipo de seguridad ni ninguna otra medida para realizar un trabajo por el que cobraba al menos 50% más que la empresa anterior.
El propio Agúndez fue acusado por la venta a precio exageradamente bajo de terrenos del gobierno en Cabo San Lucas, lo que habría provocado pérdidas de al menos 27 millones de pesos al estado. Veinte meses más tarde, el ex gobernador registraba a su nombre 2 mil 230 hectáreas al norte de Isla Magdalena.
El actual gobernador, Marcos Covarrubias ha favorecido a sus familiares y amigos, Las empresas “Productos Derivados de Concreto, SA de CV” y “Construmateriales de Baja California Sur, SA de CV” del diputado federal Francisco Pelayo Covarubias son proveedores por excelencia y reciben por asignación directa la mayoría de los proyectos, dos de los cuales suman más de 51 millones de pesos.
Junto a su estado vecino, Baja California Sur también se caracteriza por la explotación laboral de jornaleros en condiciones infrahumanas y por las violaciones de derechos humanos a los trabajadores del campo. El caso más reciente es el de la explotación de al menos 90 jornaleros rarámuris en Comondú.
Aquel que logre el triunfo, recibirá un estado endeudado, con una fuerte tradición de corrupción hundido en crisis laboral y de derecho.
