En el 2009, cuando Hilda tenía 18 años, llegó a un hospital de San Luis Potosí para atenderse una hemorragia intensa. Una trabajadora social la denunció por “el delito de aborto”. Así comenzó un calvario para Hilda, entre detenciones y órdenes de aprensión, los últimos años han sido un infierno para ella. Ahora, a pesar de la falta de pruebas, enfrenta una condena de un año en prisión.
Desde que fue denunciada, en el hospital la trataran como una delincuente. Al parecer, ella fue culpada antes de que se le probara cualquier cosa. Los policías que la custodiaban la llamaban asesina sin ninguna prueba a la mano. Aún convaleciente, la humillaron.
Salió libre al día siguiente por falta de pruebas; no obstante, tres años después un juez giró una orden de aprehensión. Hilda pudo salir porque su familia pagó una fianza, y cada 30 de mes se vio obligada a acudir al juzgado para firmar su libertad condicional.
Pero el clavario de Hilda está lejos de terminar. El pasado 5 de abril se le condenó a un año de prisión a pesar de la falta de pruebas. Ella apeló la decisión arbitraria del juez, y llevó su caso a la 5° Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. Este Tribunal resolverá el próximo 2 de agosto.
Te dejamos el enlace para firmar la petición para solicitar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí que dejen en libertad a Hilda. Más allá de la opinión que podamos tener sobre el aborto, éste es una caso más de la aplicación arbitraria de las condenas. No hay pruebas para acusar a Hilda, todo ha sido un abuso de autoridad que debe ser detenido.