Hace un par de días se filtró la declaración de un testigo protegido que involucró al Ejército, Policía Estatal y Guerreros Unidos en la desaparición y asesinato de un grupo de 70 u 80 personas —entre ellas los 43 estudiantes de Ayotzinapa — la noche del 26 de septiembre de 2014. Justo por esta filtración, la Segob pondrá una denuncia en la FGR (Fiscalía General de Justicia), a la que ya se le juntaron varios pendientes.
“Este tipo de filtraciones buscan demeritar los trabajos desarrollados en la investigación del caso Ayotzinapa; la credibilidad de las instituciones que participan en esta y ponen en riesgo la verdad sobre lo acontecido la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero”.
Esta fue la reacción de la Secretaría de Gobernación, pues alegó que igual este testimonio pone en riesgo la integridad de las personas que forman parte de la investigación del caso —aunque no es nuevo, porque en 2020 Proceso publicó parte de la declaración de este testigo.
Filtran a Reforma testimonio sobre el caso Ayotzinapa
Reforma tuvo acceso a la declaración de un testigo protegido que señaló la participación del Ejército, la Policía Federal y el narco —el cártel Guerreros Unidos— en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Sin embargo, esta declaración —además de apuntar a la ya conocida hipótesis de la participación del Ejército en el caso— aseguró que los estudiantes normalistas fueron presuntamente víctimas de un operativo conjunto en contra de sicarios del grupo rival, dirigido por Onésimo Marquina, y deudor de Guerreros Unidos.
Es decir, los 43 estudiantes no fueron los únicos que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con el testigo, el operativo derivó en la detención y desaparición de tres grupos de personas. Uno fue tomado por Guerreros Unidos, el segundo lo tomó la Policía de Guerrero y el último el Ejército.
Según el testimonio, los soldados llevaron a este grupo al 27 Batallón de Infantería —supuestamente para interrogarlos y sacar información del los rivales de Guerreros Unidos.
El testigo protegido, el Ejército y Guerreros Unidos
Sin embargo, el Ejército entregó a estas personas —algunas ya muertas— a Guerreros Unidos, cártel que se ocupó de su desaparición, llevando algunos restos a una funeraria que supuestamente era usada como Semefo por las autoridades y el narco.
De hecho, los narcotraficantes operaban en esta funeraria con el permiso de las autoridades municipales y estatales.
El testigo también acusó que algunos restos fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, y que tanto las autoridades estatales como el narco se dedicaron a sembrar pruebas en el basurero de Cocula una vez que la PGR (Procuraduría General de la República) ya investigaba el caso.
De acuerdo con Reforma, esta declaración hizo posible la detención del capitán José Martínez Crespo —además de las 17 órdenes de aprehensión dictadas contra otros militares—, acusado por el testigo, líder de Guerreros Unidos, como presunto operador de la detención de los estudiantes.
En el caso del capitán Crespo, la FGR ganó su vinculación a proceso por presunta delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud y supuestas relaciones con el cártel Guerreros Unidos. Es decir, los cargos no están relacionados de manera directa con Ayotzinapa.
Este testimonio se suma a la información que existe sobre el intercambio de mensajes entre los jefes de Guerreros Unidos que operaban en Chicago con gente de la entidad.
Aquí la DEA los interceptó por el tráfico de heroína de nuestro país a Estados Unidos y supuestamente los jefes daban instrucciones a los narcos locales sobre qué hacer con los detenidos y personas muertas aquel 26 de septiembre de 2014.
Ordenan formal prisión contra el ‘capitán Crespo’, militar relacionado con el caso Ayotzinapa
Los papás de los 43 estudiantes
En entrevista para La Jornada, el abogado de los papás y las mamás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, explicó que la FGR nunca les comentó sobre la existencia de estas declaraciones, por lo que terminó recriminando a las autoridades por la falta de información y la necesidad de investigar a profundidad el caso.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó esta filtración —de un caso en curso— y expuso que las conclusiones de la investigación no se deben basar en testimonios, sino también en evidencia científica, además de recordar que la evidencia hasta ahora reunida sobre los 43 muchachos de Ayotzinapa vinculan precisamente al Ejército y autoridades municipales y estatales de Guerrero en su desaparición.
⚠️ Sobre lo publicado por @Reforma en cuanto al caso #Ayotzinapa
— Centro Prodh (@CentroProdh) January 20, 2021
