A finales del mes pasado el gobierno mexicano dio por finalizados los servicios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes habían llevado a cabo la investigación respecto al caso Ayotzinapa.
Ahora casi un mes de la partida del GIEI salió a relucir un documento, del cuál no se tenía conocimiento, en el que al menos 10 sospechosos de la desaparición de los 43 estudiantes, indicaron haber sufrido amenazas y torturas por parte del gobierno para así poder sustentar su “verdad histórica”, que hasta el momento siguen defendiendo a capa y espada.
Los archivos fueron revelados por la agencia de noticias The Associated Press, en ellos diez de los supuestos sicarios revelan que fueron víctimas de interrogatorios con golpes, choques eléctricos, asfixias parciales con bolsas de plástico y amenazas, todo para lograr que “confesaran” lo que el gobierno quería escuchar.
Incluso, algunos afirman que el propio gobierno les dio evidencia preparada y les indicaron lo que debían decir. Tristemente, hay pruebas que pueden confirmar estos informes; el mes pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un informe acompañado de informes médicos que confirman la presencia de tortura en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Patricio Reyes Landa, fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes y aparece en estos archivos rindiendo su testimonio:
“En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo. En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino. Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis pequeñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran”.
Reyes Landa, fue uno de los primeros en “confesar” haber matado a los estudiantes y posteriormente quemar sus cadáveres en un basurero de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan. Esta declaración fue la que tomó el gobierno como clave para armar sus informes.
“Bajo las leyes mexicanas, las confesiones obtenidas mediante torturas no son admisibles“, informó la especialista en derechos humanos y derecho internacional de la Universidad Iberoamericana, Denise González, de ser desechadas las confesiones y al no haber más pruebas, ya no habría caso y quedarían fuera todos los “avances” que hasta el momento se tienen.
Dos meses después de la detención de Reyes Landa, un informe médico de la PGR, confirmó que el hombre tenía moretones, rasguños y “lesiones puntiformes semejantes a las ocasionadas por la aplicación directa de dispositivos eléctricos (como picanas o chicharras) en abdomen y muslos”.
En estos documentos también se encuentra el testimonio de Sidronio Casarrubias, supuesto líder de Guerreros unidos, quien dijo que un elemento de la procuraduría abusó de él horas después de su detención, en febrero del 2015.
“El señor aquí presente fue uno de los primeros que me torturó y se sentó en mi estómago, y fue el que me asfixió con bolsas negras de plástico, además me violó con una pieza metálica”, declaró Casarrubias mientras apuntaba al investigador Gabriel Valle Campos. “Me amenazó que iba torturar a mi familia, a mis hijos, de la misma forma en que lo estaba haciendo conmigo“, concluyó.
Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, que supervisa el caso, se deslindó de las denuncias de tortura e indicó que esto le corresponderá a los jueces, quienes analizarán una serie de evaluaciones físicas y mentales que se están haciendo a unos 90 sospechosos que dicen haber sido sometidos a esa práctica ilícita.
Otro de los involucrados que alegan tortura es Agustín García Reyes, uno de los primeros sospechosos que identificaron el sitio donde supuestamente los restos de los estudiantes incinerados habían sido tirados al río San Juan y quien llamó la atención del GIEI, después de que se le viera en fotos y videos caminando junto al río al lado de Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal, de la PGR, un día antes de que los fiscales dijeran que habían sido hallados fragmentos de huesos.
De acuerdo con el testimonio de García Reyes, al igual que sus compañeros sufrió amenazas y violencia a manos de sus interrogantes:
“Me llevaron al río y me dijeron en la camioneta, ‘ahorita tú vas a hacer como si hubieras tirado las bolsas al río, y si no lo haces te vamos a seguir golpeando’. Llegamos a ese lugar y estaban grabando ellos, y yo hice como si tirara las bolsas al río y me llevaron en seguida adonde ya tenían unas bolsas de plástico; las señalé como diciendo que yo las conocía”.
Que las fuerzas de seguridad mexicana recurran a la tortura al investigar delitos cometidos por traficantes de drogas, es una creencia generalizada que se reforzó gracias al caso de Elvira Santibañez Margarito, mujer a la que elementos del ejército torturaron por un supuesto nexo con el cártel de la Familia Michoacana.
Anteriormente el GIEI ya había cuestionado severamente las investigaciones realizadas por la PGR, demostrando que en sus investigaciones recurrieron a la tortura y utilizaron la confesión como prueba fundamental. Habrá que esperar el resultado de las pruebas, para saber si hubo tortura o no en este caso y saber qué medidas se tomarán y si habrá nuevos culpables.
