“Seguimos juntos, no hemos recibido dinero del gobierno, no nos hemos vendido ni lo vamos a hacer. Nuestra lucha es digna y siento yo que hay una esperanza de llegar a la verdad, que haya justicia” en el caso Ayotzinapa.

Estanislao Mendoza acomoda el cártel que lleva con el rostro de su hijo Miguel Ángel mientras nos explica que la demanda principal se mantiene a cuatro años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos:

“Que regresen nuestros hijos, no tenemos otra más que esa…”

Justicia y verdad sobre lo que sucedió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala.

Ayotzinapa

“Hoy, a cuatro años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes, si podemos hacer un recuento de los hechos se debe al equipo del GIEI” porque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aportó al caso la cronología de los hechos.

Lo “que sí sabemos”, nos explica Luis Tapia, coordinador del área de Defensa del Centro Prodh.

Y mediante dos informes, el GIEI reconstruyó los hechos de aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre:

Mientras viajaban en Iguala —para preparar su llegada a CDMX con motivo de la marcha del 2 de octubre—, los estudiantes fueron detenidos y atacados por agentes de la policía municipal.

Manifestación CDMX. Foto: Getty Images.

Los 43 estudiantes normalistas fueron desparecidos “por al menos dos policías municipales” —después se supo que eran cuatro— con intervención en los hechos del ejército y la Policía Federal, reconstruye Fernando Tapia.

Tres estudiantes fueron privados de la vida, una mujer fue asesinada cuando bajaba de un taxi, un jugador de futbol de los Avispones de Chilpancingo y un chófer del autobús perdieron la vida.

“La verdad histórica”

Al momento de las denuncias, las autoridades municipales y estatales se volcaron en armar distintas versiones: si se trataba de un enfrentamiento entre narcotraficantes o si los muchachos tenían como destino reventar la fiesta de los Abarca —José Luis Abarca, en ese entonces alcalde de Iguala, y María de los Ángeles Pineda, su esposa—.

Sin embargo, fue la PGR, de la mano de Jesús Murillo Karam, quien lanzó la “verdad histórica”, basada en testimoniosde presuntos delincuentes.

Según la PGR de Karam, los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal, que entregó a los jóvenes a Guerreros Unidos. Luego, el grupo criminal asesinó a los normalistas y en el basurero de Cocula incineraron sus restos.

La “verdad histórica” del gobierno federal fue dada a conocer el 7 noviembre de 2014.

Pero esta hipótesis fue refutada, mediante pruebas científicas, entrevistas con los testigos y autoridades.

“Adiós” a la versión de Karam

“El Estado mexicano recurrió a las mismas prácticas: torturó a los detenidos para dar una supuesta verdad a la sociedad, pero sobretodo a las familias de los estudiantes”, explica Luis Tapia mientras nos recuerda que no sólo el GIEI señaló inconsistencias en el reporte de la Procuraduría General de la República (PGR).

“La hipótesis de que los quemaron en el basurero de Cocula no es posible. No hay ninguna evidencia de que en ese lugar haya habido un incendio de la magnitud necesaria para incinerar inclusive un solo cuerpo”, determinó José Torero, perito de incendios que hizo, para el grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), un análisis forense del basurero.

Manifestación en Chilpancingo, 2015. Foto: Getty Images.

“Después, el equipo argentino de Antropología Forense hizo 17 periciales en materias distintas, revisó los árboles, las plantas, las piedras y llegó a la misma conclusión”, detalla Luis Tapia.

El GIEI encontró irregularidades en este caso: el 70% de los detenidos tenían indicios de tortura y 17 personas que rindieron su declaración sobre los hechos —testimonios en los que la PGR se basó para armar su hipótesis— habían sido torturadas.

Además, en su segundo reporte, el GIEI reveló que el titular de la investigación estuvo en las inmediaciones del Río San Juan —en una diligencia oculta, junto con un detenido— donde se encontraron los restos de Alexander Mora Venancio.

La Comisión de la Verdad

“Nunca pensamos que esto le fuera a pasar a él y a sus compañeros, ya son cuatro años que hemos luchado para encontrarlos y hasta la fecha ahorita no hemos tenido pista, puros engaños del gobierno, cuando estamos con ellos dicen una cosa y después dicen otra”.

Para Estanislao Mendoza es claro que el gobierno Federal ha retardado la investigación del caso.

Sin embargo, a meses de que la gestión de EPN termine, el Primer Tribunal Colegiado de Reynosa “ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia a partir de un amparo de los detenidos”, nos explica de nueva cuenta el coordinador de Defensa del Centro Prodh.

Se trata de una Comisión integrada por los familiares de los estudiantes desaparecidos, sus representantes, la PGR, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para la que se recomienda el regreso del GIEI a México “porque la investigación (de la PGR) no era eficiente, independiente e imparcial”, a pesar de los 200 recursos que interpuso la Procuraduría para echar atrás este dictamen.

El lugar de las tortugas: la esperanza

“Miguel Ángel cursaba el primer grado y tenía 33 años. Ya estaba grande… ahorita tendría 37 años. Él entró a la escuela porque su deseo era ser maestro”, cuenta Estanislao de manera pausada y reflexiva.

En sus recuerdos y su memoria, nombra a Miguel Ángel, sus planes, el objetivo de estudiar a pesar de vivir en Mártir de Cuiliapan.

“Para nosotros es una desesperación, es una incertidumbre que estamos viviendo a cuatro años, ¿te imaginas? Una desesperación, un cansancio. Los padres de familia están enfermos, una mamá se ha muerto esperando a su hijo. Tenemos a otros enfermos, una mamá enferma de cáncer, está esperando a su hijo, no sabemos si va a aguantar”, dice Estanislao.

Pero el tiempo avanza y, al parecer, con el cambio de gobierno los padres de los estudiantes desaparecidos esperan que también cambie el panorama:

“Esperemos que Andrés Manuel López Obrador se comprometa a hacer algo por nosotros, en su campaña cuando fuimos, en Iguala, hablamos con él… se comprometió a algunas cosas. Tenemos la esperanza de que pueda hacer algo por nosotros y por los muchachos”.

De acuerdo con Luis Tapia, el caso avanzará conforme se superen los obstáculos, que son los pactos de impunidad, pues saber la verdad implicaría dos cosas:

Determinar responsabilidades penales al más alto nivel sobre lo que pasó el 26 y 27 de septiembre y responsabilidades por las irregularidades que se cometieron en torno a la investigación.

Marcha en CDMX, 2015. Foto: Getty Images.

“Para nosotros resolver el caso Ayotzinapa implica que para otras víctimas de la violencia en México haya una esperanza, nos explica Luis Tapia, así de importante es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, un parteaguas en la historia de nuestro país.

“Para que esto no se apague y siga adelante… lo que queremos es la unión de México”, reflexiona Estalisnao a manera de conclusión.

Sin embargo, las palabras continuarán, la búsqueda y la esperanza por saber la “verdad”, por el regreso de Miguel Ángel al lugar de las tortugas, por el regreso de los 43 estudiantes normalistas, por la recuperación de todos los desaparecido, su identidad y por el regreso de un México que se ha enredado entre “verdades históricas”, omisiones e historias que apuestan al olvido.

**Foto de portada: Getty Images.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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