Hoy se cumple año y medio de los lamentables hechos registrados la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, cuando elementos de la policía de Iguala coordinados con elementos de la policía de Cocula abrieron fuego contra un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, quienes tenían la intención de tomar un autobús para dirigirse a Chilpancingo. El informe de los hechos: seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos.
Las investigaciones, cada vez más confusas, señalan que el autor intelectual de tal atrocidad pudo ser José Luis Abarca, el entonces presidente municipal de Iguala, quien coludido con los Guerreros Unidos, uno de los grupos de crimen organizado de la región, ordenó a los elementos de seguridad abatir a los estudiantes.
Se trata de uno de los hechos más graves en la historia de nuestro país, no solo por la magnitud, sino por la tibieza y la ineficacia con la que el gobierno mexicano abordó el caso que encendió focos rojos tanto en México, como a nivel internacional, pues al día de hoy todos seguimos en espera de una explicación clara sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos.
También es uno de los acontecimientos que más nos ha unido como nación, como muestra las numerosas y masivas protestas que atravesaron todo el país, encabezadas por padres de familia que exigen cuentas al gobierno por el paradero de sus hijos, a los que nunca volvieron a ver regresar a casa y a las que se sumaron ciudadanos enojados por los atropellos que cometen nuestros gobernantes.
A principios del 2015, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que “ya se habían hecho las investigaciones necesarias y que tenía la verdad histórica de lo ocurrido en Iguala el 26 de septiembre del 2014. De acuerdo con el ex procurador los 43 jóvenes desaparecidos habrían sido asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos en un basurero en Cocula. Después del informe, Murillo Karam, pidió que el caso se cerrara.
Sin embargo, armar su llamada “verdad histórica” le tomó más tiempo de lo que pudo sostenerla, pues el informe presentado en septiembre del 2015, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes realizaron diversas investigaciones y estudios sobre el caso durante meses, descalificó con pruebas científicas la versión de la PGR había dado, al no encontrar rastro de que los estudiantes hubieran sido quemados en Cocula.
El tiempo sigue avanzando y a 18 meses del caso la Procuraduría General de Justicia, aún no puede o no quiere rendir cuentas de lo que realmente pasó aquella noche en Iguala. Las investigaciones siguen, sin embargo, hace un par de semanas Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, acusó a la procuraduría de poner “obstáculos” al trabajo de investigación que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) quienes siguen cooperando con el caso.
Rosales denunció directamente a la procuradora Arely Gómez a quien acusó de no entregar documentos necesarios para la investigación y que sigue sin dar respuesta alguna a más de un mes que le fueron solicitados, cuando la ley marca que debieron recibir respuesta en un plazo máximo de tres días.
Uno de los puntos que han comenzado a tensar este caso es la estancia del grupo de expertos del GIEI en las investigaciones, pues su mandato está próximo a concluir en abril y aún no se tienen avances suficientes para presentar una respuesta clara sobre los hechos ocurridos en Iguala. Los padres de los 43 normalistas están pidiendo que se le de un plazo mayor al grupo de expertos, algo a lo que el gobierno no ha respondido.
Esta semana el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, anunció triunfante la “reparación de daño” ofrecida a los padres de los 43 desaparecidos, algo que los padres de familia negaron rotundamente.
De acuerdo con su vocero, Felipe de la Cruz, las autoridades federales ni siquiera habían establecido contacto con ellos, por lo que no saben a qué se referían con eso de la “reparación de daño”, lo que sí aceptaron es que el gobierno se ha acercado a ofrecerles dinero, pero ellos lo han rechazado: “No vamos a vender a nuestros hijos, la postura por parte del movimiento sigue siendo la misma”, dijo De La Cruz.
Así las cosas, a 18 meses de los lamentables sucesos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala, las cosas siguen igual, el gobierno mexicano no ha ofrecido una sola explicación coherente, ningún tipo de apoyo a las investigaciones de los peritos independientes. Por el contrario, lo que hemos visto en estos 18 meses son trabas, enredos y manipulación de la información.
Nadie merece vivir con el dolor de los padres de Ayotzinapa, que a 18 meses, siguen sin tener pruebas contundentes sobre el paradero de sus hijos.
Nadie merece tener autoridades corruptas, que no sólo sirven de cómplices de grupos delictivos sino que también viven cobijadas por un sistema podrido.
Nadie merece vivir en un país, en donde las autoridades prefieren culpar a las víctimas que aceptar su responsabilidad para investigar cada una de las miles de desapariciones que se han registrado en los últimos años.
Y cuando autoridades actúan en complicidad con bandos delictivos para agredir a miembros de la sociedad civil, como ocurrió en Ayotzinapa, sólo podemos pensar que el Fue el Estado.
