Aunque la bandera de este gobierno es la transparencia y la lucha contra la corrupción, la dependencia que se encarga de que los funcionarios no anden de transas –la Secretaría de la Función Pública (SFP)– mostró en 2019 una evidente negativa a, precisamente, ser transparente. Así lo denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un informe entregado al Congreso.
De acuerdo el mencionado informe, entregado a los diputados el pasado sábado, la secretaría dirigida por Irma Eréndira Sandoval se mostró rejega a que la ASF chambeara como se debe, esto mostrando reticencias para el desarrollo de fiscalizaciones y a dar acceso a auditores del órgano a las instalaciones de la dependencia.
Lo anterior, según la Auditoria Superior, impidió que se completara como se debe la revisión de la cuenta pública 2019 (la cual se realizó el año pasado). Como excusa para tanto pinch* misterio (por no decir discrecionalidad), la Secretaría de la Función Pública señalaba que había suspensión de labores en las instancias gubernamentales debido a la emergencia sanitaria del COVID-19… pero cuál, si la SFP señala que las actividades siguieron, incluso esto señalado en varios acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con La Jornada, con el ocultamiento de información a la Auditoria Superior, la SFP se mostró “incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.
Además de negarse a pasar por una revisión rigurosa de la ASF, la Secretaría de la Función Pública sólo aplicó 92 investigaciones de evolución patrimonial, siendo que se presentaron más de 575 mil declaraciones patrimoniales. También resaltó la inexperiencia del personal… con lo cual ya ni cayó de sorpresa que la dependencia evidenció una carencia de políticas y metodología para justificar la selección de los servidores públicos a los que se investigación.
La SFP rechaza descalificaciones
Como era de esperarse, la dependencia dirigida por Irma Eréndira Sandoval no tardó en saltar ante la información de la ASF y, por medio de un comunicado rechazó todos los señalamientos del máximo auditor. Según la SFP, se atendieron en tiempo y forma todos los requerimientos de información de la Auditoría Superior y entregó la evidencia para atender sus a la Cuenta Pública 2019.
“La revisión del ejercicio 2019 se dio en un contexto de transformación institucional en la APF, que ha implicado la construcción de un nuevo andamiaje normativo y organizacional que inició en los primeros minutos del actual gobierno y por su magnitud aún continúa”.
Según la dependencia, si existieron algunas irregularidades es porque la ASF no tomó en consideración (al menos lo suficiente) que apenas van llegando, pero eso es un asunto al que la Secretaría de la Función Pública seguirá dando atención, señala el documento firmado por Raymundo Alva, director de comunicación social de la dependencia.