Tal como hizo el día de ayer con la consulta popular propuesta por el PAN en torno al aumento del salario mínimo, el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como improcedentes e inconstitucionales las consultas ciudadanas propuestas por Morena y el PRD en torno a la reforma energética.
La consulta ciudadana es un recurso para preguntar a la gente su opinión en torno a un tema legislativo o normativo que les afecta. En principio, los resultados de la consulta deberían ser vinculantes, es decir, las autoridades deberían estar obligadas a legislar y actuar según los resultados. Puede ser impulsada siempre que cuente con el respaldo de al menos el 2% del electorado y que respete las propias reglas que los legisladores eligieron para que se lleve a cabo.
Justamente, el argumento que usó la Corte para votar en contra de estas propuestas de consulta así como para votar en contra de la del salario mínimo es que están relacionadas con ingresos y gasto del Estado. Según lo asentado en el artículo 135 de la Constitución, nada relacionado con los gastos del Estado puede ser sometido a consulta popular.
Los propios magistrados recordaron a los legisladores que fueron los miembros de las cámaras los que habían diseñado esas reglas.
Sin lugar a dudas, la reforma energética es una de las legislaciones más polémicas por las que el país haya pasado en décadas y conocer las preocupaciones de los ciudadanos acerca de la seguridad de nuestros recursos es indispensable.
El problema con el rechazo a esta consulta, sin embargo, no está en la decisión de los magistrados, sino en las reglas que rigen la aplicación de las consultas populares, un tema que compete completamente a los legisladores.
Resulta verdaderamente llamativo que un montón de legisladores hayan impulsado una consulta evidentemente destinada a no ser aplicada por entrar en contradicción frontal con las reglas que ellos mismos eligieron.
El asunto da mucho para pensar. Sobre todo, si se considera que proponer una consulta popular puede ganar simpatía sin que necesariamente se lleve a cabo. En realidad, para lograr una consulta de esta naturaleza, los legisladores tendrían que hace mucho más que juntar firmas y proponerla: tendrían que hacer una legislación clara y una reforma constitucional de suerte que esa consulta no estuviera en contradicción con ninguna regla.
Además, esas modificaciones tendrían que ser muy especiales, de suerte que no fuese posible someter a consulta todos y cada uno de los gastos del Estado, puesto que una situación así sólo representaría una herramienta para que un bloque político iniciara costosas campañas en contra de otro constantemente a través de consultas populares.
Tanto el proceso de ayer como el de hoy dejan ver con claridad dos problemas: 1) Los legisladores no entienden con claridad las reglas para la aplicación de las consultas ciudadanas… o las entienden lo suficientemente bien como para proponerlas sabiendo que no ocurrirán y 2) Hacen falta leyes secundarias para garantizar que una consulta ciudadana pueda lograrse.
Mientras no se clarifiquen y complementen las reglas para realizar consultas ciudadanas, los políticos podrán proponerlas a diestra y siniestra, ganando con ello cierta popularidad, pero nunca veremos realmente aplicado ese derecho ciudadano.
Urge una consulta popular en torno la reforma energética: ¿quién será el político dispuesto a iniciar el largo proceso necesario para que alguna vez pueda llegar a aplicarse?
