Por José Ignacio Lanzagorta García
Ayer en la Ciudad de México, los cuatro grandes partidos presentes en la Asamblea Legislativa concretaron un importante asalto a la ciudadanía que no debe ser pasado por alto. Como parte del trabajo de legislación secundaria, derivada de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, aprobaron una ley electoral que empeora, y por mucho, las condiciones de gobierno en la capital: lejos de ciudadanizar y dar voz a la representación local, fortalece a las camarillas que padecemos desde siempre. Si uno de los argumentos para impulsar la reforma política de la Ciudad de México para convertirla en un estado de la República, con su propia constitución, era que los capitalinos éramos “ciudadanos de segunda”, esta ley electoral nos ha vuelto ciudadanos de tercera. Vamos por partes.
Ante la creación de una constitución para la Ciudad, diferentes colectivos y activistas, así como algunos políticos de oposición cercanos a sus electorados, encontraron una oportunidad única de mejorar la representación de los ciudadanos, de poder llevar problemas cada vez más locales a las esferas de toma de decisión. Para ello, idearon que las delegaciones del Distrito Federal fueran convertidas en alcaldías. Esto significó crear una nueva figura de gobierno local con más atribuciones que las que hoy tiene un jefe delegacional. Así puesto, podría causar horror para cualquiera que haya sido víctima de, bueno, casi cualquier administración delegacional en la ciudad. Imaginen a un, no sé, Jorge Romero, con más poder; a Monreal, a… en fin. Sin embargo, por ello mismo, se pensó en un contrapeso: la alcaldía incluiría una suerte de cabildo que revisa, discute y aprueba proyectos municipales, un concejo de entre 10 y 15 personas elegidas tanto por una representación proporcional de la votación total como y, tal vez esto era lo más importante, por mayoría relativa, representando subdivisiones dentro del territorio de las alcaldías. Por fin, representantes de una escala más local, casi barrial, podrían tener voz y voto.
La nueva Constitución, sin embargo, dejó de manera ambigua y abierta la forma en la que serían electos estos concejales. De eso se trataba la sesión de ayer en la Asamblea Legislativa: de legislar una ley electoral que definiera, entre otras cosas, esto. El resultado es un desastre. Las bancadas del PAN y del PRD, así como algunos diputados del PRI y bajo la extraña ausencia de más de la mitad de la bancada de Morena, la Asamblea aprobó lo que llamamos el “carro completo”. Esto va a ser peor que lo que ya teníamos.
Los diputados votaron por un sistema de planillas cerradas. Es decir, un candidato a alcalde de alguna demarcación de la Ciudad de México, deberá presentarse a la elección junto con una planilla de todos sus concejales territoriales. Votar por ese candidato significa votar también por todo su equipo. No se vale votar por un partido o candidato para alcalde y por otro para concejal de tu circunscripción. Con esto aseguran que el candidato que recibió la mayor votación a nivel municipal obtenga la mayoría de concejales. La constitución establece que ningún partido deberá tener más del 60 por ciento del concejo, por lo que el resto se repartirá por representación proporcional, pero eso ya qué más da. Con el 60% garantizado del concejo, las nuevas alcaldías de la Ciudad de México serán feudos aún más poderosos que una delegación. Mandaron al diablo varias cosas. La planilla cerrada, por supuesto, limita la posibilidad de que un candidato independiente pueda lanzarse como concejal de su barrio sin verse obligado a hacer alianzas partidistas. Mandaron al diablo la representación barrial. Mandaron al diablo el contrapeso al alcalde. Mandaron al diablo un mejor y más especializado acceso de independientes a la representación política. Mandaron al diablo a la Ciudad. Nos mandaron al diablo a todos. Otra vez.
La ironía es potente. Una Constitución que venía con la promesa de darnos una vida más metropolitana, sólo ha abierto la puerta a una mayor sumisión política, a una mayor vulnerabilidad a ese cártel que son los partidos. Una Constitución que venía con una mirada más local para pensar los problemas de la ciudad, sólo fortaleció pequeños cotos centralizados. Llevamos desde la década de los 90 pensando cómo lograr un sistema responsivo a la ciudadanía, con canales de participación abiertos, con contrapesos, que rinda cuentas. Como los avances vienen con menos frecuencia que los años bisiestos, los retrocesos como éste calan. Por querer dar un paso adelante, nos llevaron dos pasos para atrás. El asalto que los partidos hicieron ayer se tiene que saber, se tiene que condenar. Tiene que haber un costo.
El proyecto insignia de un Miguel Ángel Mancera al que la ciudad se le está cayendo a pedazos en infraestructuras, medio ambiente, en seguridad pública y en inclusión, no sólo es otro fracaso más, sino otro deterioro significativo en la vida de los habitantes de la Ciudad de México: en su calidad como ciudadanos capaces de participar y ser representados. Recordaremos el momento en el que dejamos de ser “Distrito Federal” como uno de los más oscuros en la historia reciente de nuestra ciudad.
***
José Ignacio Lanzagorta es politólogo y antropólogo social.
Twitter: @jicito
