Javier Duarte de Ochoa, Roberto Borge Angulo, Tomás Yarrington, Guillermo Padrés, Luis Armando Reynoso Femat, Jesús Reyna García, Andrés Granier Melo y Flavino Ríos… estos son los nombres de los exgobernadores detenidos durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto. Ocho exmandatarios mexicanos han sido arrestados por malas prácticas durante sus gobiernos. Y, aun así, pareciera que todavía faltan muchos más. Sólo basta echarle un ojo a aquella memorable fotografía, tomada el 1 de diciembre de 2012, donde aparecían 19 gobernadores priistas en compañía de EPN. ¿A cuántos de ellos identifican? ¿Cuántos de estos exfuncionarios están presos, procesados o enfrentan acusaciones por administraciones y manejos opacos? Y eso sin contar a los colaboradores y el personal que posibilita la corrupción de estos personajes.
Los delitos de enriquecimiento ilícito, el peculado, el desvío de recursos del erario público, el incumplimiento del deber legal, operación con recursos de procedencia ilícita y hasta delincuencia organizada se han vuelto la tónica de las administraciones de varios gobernadores y políticos mexicanos. Algún dicho popular reza que a grandes males, grandes soluciones. Y eso lo entiende la Arquidiócesis Primada de México. De acuerdo con la más reciente editorial publicada en el el semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica busca imponer consecuencias morales y espirituales —además de las que dictan la ley de los hombres— para los gobernadores y funcionarios que incurran en conductas de corrupción. En el texto se señala que la Santa Sede “analiza la viabilidad para aplicar la máxima de las penas a los políticos rapaces, a fin de sensibilizar a la sociedad de la gravedad de sus actos”.
En pocas palabras, se busca excomulgar a los corruptos.
La Arquidiócesis, todavía encabezada por el cardenal Norberto Rivera Carrera, expresó a través de su texto que los criminales y los gobernadores son la misma cosa, que estos, supuestamente, fueron escogidos a través de “rigurosos procesos de selección” pero que en los hechos se han burlado del electorado y se han mostrado cínicos ante el respeto de la ley. En la editorial del semanario, también salen raspados el Instituto Nacional Electoral (INE) y los partidos políticos, a los cuales se les acusa de no haber sido capaces de garantizar “transparencia” y “honorabilidad” y que, por lo mismo, los ciudadanos no les tienen confianza con rumbo a las elecciones presidenciales del próximo año. “Con justificada razón la sociedad pide que los partidos respondan como terceros responsables del desfalco de las arcas por parte de estos delincuentes que ahora están bajo proceso”.
Algunos puntos importantes de la editorial de la Arquidiócesis
1.- En el texto se pide que se le cancele el registro a los “partidos cómplices” de este tipo de personajes.
2.- Que se reparen los daños causados por malas gestiones.
3.- La Arquidiócesis Primada de México indicó que los criminales en el país “son los mismos gobernantes”.
4.- La ciudadanía, dice la Iglesia católica, ya no cree en las instituciones debido a las malas gestiones de las cuales han sido víctimas.
5.- El INE y los partidos políticos estás desprestigiados.
6.- La Arquidiócesis consideró como un fracaso la reforma política electoral ya que falló en blindar los cargos públicos del crimen organizado. “El enemigo estaba en casa (…) no se blindaron de las ambiciones corruptoras y desmedidas de los gobernadores”.
