Todavía falta que la aprueben los congresos locales, pero bueno, los diputados acaban de avalar la reforma en transparencia.
Según el Universal, con este dictamen cualquier autoridad que utilice recursos públicos, entre ellos sindicatos, tendrá la obligación de transparentarlos y garantizar el acceso público a la información.
Con 424 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, se ha aprobado la reforma que le da autonomía plena al Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai).
Además, también partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos tendrán la obligación de hacer lo más «público» posible sus finanzas.
Se obliga a todos estos organismos a mantener sus documentos en archivos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
Las modificaciones contemplan que cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estarán obligados a proporcionar información. Todos menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿por qué? Bueno, es un tribunal constitucional y se supone que es la responsable de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga nuestra Constitución.
También, todos los sujetos obligados podrán recurrir a la Corte por conflictos de competencia sobre las resoluciones del Ifai. La Suprema Corte podrá conocer las controversias interpuestas por los órganos autónomos del Estado sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principio de actuación del Ifai.
Uno de los apartados del documento indica:
«El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforma a la ley de la materia»
Además, según el documento, toda la información en posesión de cualquier sujeto obligado a proporcionarla (aquellos que utilicen recursos públicos) es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente, por razones de interés público y seguridad nacional.
¿En qué me afecta?
Más bien en qué nos concierne. Pues lejos de afectarnos es un mecanismo que debería garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos (el dinero que le damos al Estado), así, tenemos los elementos para vigilar que este dinero sea bien utilizado (o por lo menos utilizado en las cosas que se suponen debe ser gastado) .
Aquí pueden consultar el documento entero de la Gaceta Parlamentaria.
