A partir de ahora, antes de hacer manifestaciones públicas, los mexiquenses deben tener en consideración que las autoridades les pueden dar una dosis de “realidad”, esto debido a que legisladores aprobaron la llamada “Ley Atenco”.
¿Recuerdan Atenco?
Bueno, el caso es que, con dicha ley, se faculta a policía (tanto estatal como municipal) para intervenir (brutalmente) cuando consideren que alguna protesta es “ilegal”. Para los diputados de Morena (único partido que se opuso) esto lo único que hace es legitimar casos como el ocurrido en 2006 en Atenco, cuando las fuerzas públicas se vieron un “poquito” gandallas.
Aunque para los morenistas el artículo octavo es una violación a los derechos humanos y criminaliza las protestas sociales, para el resto de los diputados del Estado de México no lo es tanto, ya que se le posibilitará a los agentes el uso de armas de fuego (sí, armas de fuego)…
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.
Ya cuando si los policías no quieren manchar el piso de mole, también pueden recurrir al uso de toletes, descargas eléctricas, sustancias irritantes en aerosol… o bien, si lo que quieren es cumplir sus fantasías bondage, pueden optar por el uso de esposa rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos.
En caso de que a los polis se les pase la mano, el artículo 52 de la ley libra de responsabilidad a gobernador y a los alcaldes, dejándole toda la bronca a mandos operativos a quienes sólo se les iniciará una investigación al interior de la institución a la que pertenezcan.
El uso de la fuerza se podrá hacer en operativos de desalojo, lanzamientos y embargos, también en asambleas, reuniones y cualquier manifestación que se lleve a cabo en lugares públicos y se vuelvan violentas… para hacerlas más violentas.
Claro, la ley tiene su lado humano: se establece que en caso de provocar lesiones a los manifestantes, tienen que rematarlos para que no sufran llamar a servicios médicos, dar parte a los familiares y, si es el caso, resarcir los daños.
Sobre esta ley, el presidente estatal de Morena, Horacio Duarte, señaló que se emprenderá una promoción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto con la ayuda de grupos pro derechos humanos y la CNDH. “Vamos a hacer todos los esfuerzos jurídicos, políticos, de movilización para que en el Estado”.
