El lunes 19 de junio el periódico estadounidense The New York Times publicó un reportaje que denunciaba el presunto espionaje que el Gobierno Federal habría realizado contra activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. En un principio, la administración del presidente Enrique Peña Nieto salió a decir —a través de un escueto comunicado— que no “había pruebas” que sustentaran las posibles maniobras de vigilancia contra críticos del gobierno. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló el martes por la tarde que el gobierno no espía a periodistas ni a activistas. Hoy por la mañana, la Procuraduría General de la República comunicó que se encargaría de la investigación sobre el caso #GobiernoEspía, el cual fue dado a conocer también gracias al trabajo de las organizaciones Citizen Lab y Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Acorde a lo disparatado e incluso surrealista de nuestro país, las reacciones al caso no se dejaron esperar. Tal fue el caso de Ricardo Anaya, dirigente nacional del Partido Acción Nacional, quien denunció a través de su cuenta de Twitter que él también habría sido víctima del  malware Pegasus, el mismo que supuestamente habrían utilizado tres dependencias del Gobierno Federal para espiar a personalidades como los periodistas Carmen Aristegui, Salvador Camarena, Carlos Loret de Mola y Daniel Lizárraga; además de Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano Para la Competitividad; y Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh.

Anaya compartió el mensaje SMS con el que supuestamente trataban de acceder a sus datos personales y su celular. Consideró que estas acciones son INACEPTABLES:

Pero ahí no paró la cosa. Lía Limón, diputada federal del Partido Verde Ecologista de México e integrante de la Comisión de Agresiones a Periodistas, declaró que culpar al gobierno del espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos viola “su presunción de inocencia”. “Hay que esperar los resultados de las investigaciones y no hacer conclusiones anticipadas. Muchos de los dichos que aquí se han vertido parten del supuesto de que esto es cierto cuando aún no se ha probado”, indicó la legisladora del Verde. En su cuenta de Twitter, la diputada se dijo indignada por el supuesto espionaje, aunque recalcó que los legisladores no son Ministerio Público y no deben señalar culpables sin presentar pruebas.

El coordinado de la bancada priista en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, tuiteó que con el tema del presunto espionaje hay que actuar con “prudencia”.

 

Hasta el columnista Carlos Marín escribió en su espacio en Milenio Diario que, efectivamente, y a pesar de escepticismo inicial, el Gobierno Federal sí espió a periodistas y activistas. “Es comprensible que el gobierno federal emplee las mejores herramientas para salvaguardar la seguridad nacional y combatir la delincuencia organizada, pero quedo convencido de que los enlatados en el informe han sido víctimas del repugnante, aviesamente ilegal, espionaje político”, indicó Marín.

Ya para cerrar, y como si fuera parte de una mala broma, Jacobo García, periodista del periódico español El País, mostró en su cuenta de Twitter el regalo que el gobierno mexicano realizó a los periodistas que asistieron a la cuadragésima séptima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, esta semana. Un regalo, que según el reportero, generó “desconcierto y risas”.

¡Así como lo ven! Un gobierno acusado de espiar a periodistas y activistas les terminó regalando unas memorias USB.

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