Este fin de semana, un juzgado federal otorgó una suspensión definitiva a Joaquín “el Chapo” Guzmán, con lo que su extradición a Estados Unidos se retrasará varios meses.
Fue el juzgado octavo de amparo el que concedió esta protección legal al que fuera el líder del cártel de Sinaloa, quien se encuentra detenido en el penal de Altiplano, Almoloya, Estado de México.
Los abogados del “Chapo” argumentaron que la estrategia que en otro tempo utilizara el presidente Felipe Calderón, consistente en extraditar de forma express a líderes importantes del narcotráfico bajo un proceso de “extradición temporal” no es practicable por entrar en contradicción con un protocolo internacional de extradición que México firmó en 1997, con el que las autoridades se comprometen a entregar a un criminal al país solicitante hasta que se haya dictado sentencia condenatoria en la última instancia judicial del país de origen.
La concesión de este amparo, sin embargo, no debe sorprendernos y no está fuera de los límites de la ley. Lo que sí debe preocuparnos es lo que las intenciones de extraditar lo más rápido posible al “Chapo” ponen en evidencia: la incapacidad del gobierno mexicano para iniciar investigaciones prontas, integrales y eficientes en materia de bienes patrimoniales y sentencias judiciales.
En efecto, México carece de la infraestructura institucional para manejar adecuadamente la detención de líderes del crimen organizado. La ausencia de unidades de investigación de propiedades que habrían de seguir el hilo de las negociaciones comerciales y adquisición de bienes de los delincuentes propicia que una captura así solo signifique capital político pero no un paso en la lucha contra las estructuras criminales.
En el mejor de los casos, al estado mexicano le interesa la extradición del “Chapo” para que las autoridades estadounidenses se hagan cargo de una investigación que, técnica y prácticamente, es imposible en nuestro país. Más valdría que el gobierno federal se coordinase con los estatales para impulsar la creación de los dispositivos judiciales y fiscales que tanta falta nos hacen.
