Las campañas políticas en nuestro país han estado marcadas por la corrupción y la falta de compromiso con la divulgación de información. En el país de “todo se puede”, se las han ingeniado para construir campañas electorales que se salen de las normas establecidas y no cumplen con su cometido.
Otro dato para tener en cuenta es que tan solo en sus dos primeros años, el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó más de 14 mil 663 millones de pesos en publicidad oficial.
En teoría la publicidad oficial es un medio del Estado que debería servir para darle difusión a las IDEAS y a la INFORMACIÓN sobre políticas, servicios, iniciativas o cualquier hecho de relevancia pública, acercando así a la gente con el gobierno. Pero la realidad dista mucho de esto, y es que las campañas en México se han concentrado en promover la IMÁGEN de los candidatos para hacer promoción personalizada. Este fenómeno atenta directamente contra la tan buscada democracia y contra los derechos de la audiencia.
Además de que el mensaje esté mal direccionado, el presupuesto que se le destina a estas campañas es descomunal y ni siquiera se especifica en qué fue utilizado, no hay registros claros que prueben en qué se gastó tanto dinero. Más de la mitad de las entidades del país gastan hasta siete veces más de lo presupuestado sin que haya posibilidad de corrección y sin que se brinden explicaciones de ello a la ciudadanía.
Desde que Peña Nieto asumió la presidencia, hace tres años, la regulación del gasto publicitario así como la especificación de su uso sigue siendo otra de las muchas promesas incumplidas.
Han habido algunos intentos de comenzar a transparentar los gastos y a tomar medidas en el asunto, pero todas han quedado a la deriva. Tal es el caso de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, que en junio de 2014, con la emoción de su victoria, se comprometió públicamente a crear una plataforma donde expusiera los gastos, aunque hasta la fecha esto no se ha cumplido.
Como pasa con muchas iniciativas en nuestro país, en teoría son muy buenas y están bien estructuradas, pero llevadas a la práctica, los políticos encuentran la forma de darle la vuelta o manipularlas para evadirlas. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es una de éstas; si bien en su planteamiento establece que hay una obligación en actualizar y difundir los gastos, la cosa no ha cambiado, es necesario un marco regulatorio de publicidad oficial que impida su uso indiscriminado, arbitrario y opaco a través de criterios, objetivos y transparentes.
En cada entidad las cifras son distintas, hay algunas más transparente que otras, pero en general el país no se ve obligado a rendir cuentas claras sobre estos presupuestos ni a decir en qué se gasta cada cosa, a tal nivel que no sabemos en qué se utilizaron 2 mil 226 millones de pesos.
En una época de poca claridad y abundanza económica como la actual, estas situaciones parece que se burlaran la ciudadanía. Se vuelve necesario exigir que se cumpla con las promesas que hicieron los gobernadores cuando asumieron su cargo y que los legislativos comiencen a crear un mecanismo de regulación eficiente para hacer un uso racional del dinero para que se comprueben estos gastos, que no se despilfarre el dinero público en campañas publicitarias mientras se recorta el presupuesto en educación y otras areas de mayor importancia.
***Gracias a un equipo conformado por ARTICLE 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, esta información pudo ser recopilada y analizada a pesar de las complicaciones por falta de claridad y facilidades para la obtención de los datos.
