Así como lo hizo en algún momento con los alumnos en paro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ahora el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, ya dejó claro que cualquier tentativa de diálogo con los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), está descartada… tomen nota: a ver si después no sale con que “siempre hubo voluntad de diálogo”.
Luego de echarse una visita a una escuela primaria, el carismático Nuño aseguró que no dialogará con los profes en paro, cuyas marchas y movilizaciones son mero chantaje contra el gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto. Además, recalcó que será esta semana cuando inicien las notificaciones a los maestros que serán dados de baja por acumulación de faltas injustificadas. Así que, en lugar de diálogo con autoridades, deberían de buscar… pero nueva chamba.
“El gobierno no dialogará con la Coordinadora para violar la ley, mantener la impunidad ni echar abajo la reforma educativa”.
Así como en otras ocasiones, el titular de la SEP llamó a los profesores que aún no llegan a las tres faltas a no hacer caso a líderes que se movilizan contra el gobierno; para Nuño, es en vano hacerlo, dado que la reforma educativa no tiene vuelta atrás y el hacer paros es “injusto”, ya que lo único que se busca es mantener “privilegios como la venta o herencia de plazas”.
Al parecer este duelo sacará chispas. Si bien el encargado de la Educación Pública señala que ya se comenzó a notificar las bajas a profesores en paro, hace unos días los de la CNTE retaron a que se intente enviar a “ese ejército de 26 mil maestros que dice tener para sustituirnos (…) Ya los están esperando los padres de familia para decirles que ninguno de ellos entrará a las escuelas”.
La madrugada del sábado más de mil profesores disidentes fueron desalojados del plantón que habían instalado en la Plaza de Santo Domingo. Escoltados por elementos de la Policía Federal, los de la CNTE fueron conducidos hasta autobuses con destino a sus lugares de origen. Esta acción fue calificada por dirigentes del magisterio como un “acto represivo e intimidatorio”, además de una abierta violación a los derechos humanos y constitucionales.
