La autoridades mexicanas ya habían reconocido que pidieron ayuda a la inteligencia estadounidense para desarrollar las investigaciones del caso Ayotzinapa. El presidente Obama, por su parte, también había hecho un ofrecimiento público, de suerte que la intervención de Estados Unidos en el asunto no era secreta. Sin embargo, los detalles siguen sin ser claros. Hoy sabemos que agentes del FBI trabajaron directamente en las investigaciones.
Así lo confirmó el propio procurador General de Justicia, Jesús Murillo Karam. De acuerdo con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Sergio Alcocer, Murillo le habría comentado sobre “el envío de algunos agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) que vinieron y ayudaron, sobre todo a ordenar la indagatoria forense y los elementos que se utilizaron”.
Según Alcocer, la intervención del FBI en el caso habría tenido lugar “días después” de los hechos que tuvieron lugar en las inmediaciones de Iguala donde 6 personas perdieron la vida y 43 más fueron desparecidas a manos de la policía municipal y el crimen organizado.
Recientemente, el embajador de Estados Unidos Anthony Wayne ofreció ayuda al gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, respondiendo a lo acordado en términos de cooperación en temas de seguridad en la Iniciativa Mérida.
En tal acuerdo también figura la aplicación de juicios orales en todo el país para 2016. Estados Unidos también ha intervenido en este asunto y se encuentra dando asesorías en derecho a los titulares de las dependencia de justicia en Guerrero, uno de los estados en los que se acelerará la implementación del nuevo sistema.
“Es la evolución de un sistema de justicia que se acerca a los canadienses y estadounidenses, pues tienen experiencia y han aportado los recursos para ello, y han hecho el ofrecimiento y seguramente será refrendado por el gobierno mexicano”, dijo el subsecretario.
La Iniciativa Mérida se firmó en 2008 como una acuerdo bilateral para luchar contra las drogas. Sin embargo, los efectos no han sido los esperados. Mientras Estados Unidos se dirige a la legalización, sigue siendo, a su vez, uno de los principales exportadores de armas ilegales a México. En nuestro país, por otra parte, la lucha sigue enfocada contra los narcóticos aunque ninguno de los más de 80 grupos considerados en la categoría de “crimen organizado” tenga como mayor entrada de dinero la producción y venta de drogas.
Con todo, la Iniciativa Mérida sí que permite la intervención de Estados Unidos en temas de seguridad nacional en nuestro país y ha permitido la inversión de al menos 1.2 millones de dólares en entrenamiento y equipo militar para cumplir con los supuestos cuatro pilares en los que el acuerdo se sostiene: lucha contra el crimen organizado, institucionalizar de manera garante el Estado de Derecho, “crear una estructura fronteriza del siglo XXI” (lo que sea que eso signifique) y construir comunidades fuertes.
No deja de preocupar, con todo, el nivel de penetración que tiene Estados Unidos en México. Una estrategia típica del vecino del norte consiste en aprovechar el debilitamiento institucional de un país para intervenir en mayor o menor medida en él. Así mismo, las recientes revelaciones sobre la forma en la que las agencias de seguridad e investigaciones de Estados Unidos han actuado a la hora de realizar interrogatorios, aplicando un programa que rompe sistemáticamente los derechos humanos, no son muy alentadoras y su presencia en México debe ser también un tema que preocupe a los defensores de tales derechos.
