¿Qué se está haciendo para combatir el acoso callejero?

Por Sofía Mosqueda

Hace algunas semanas hubo un debate en redes sociales a raíz de una denuncia por acoso sexual que hizo una periodista contra un taxista que le gritó en la calle. Tamara de Anda no sólo lo denunció por la falta administrativa tipificada en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal en su artículo 23, sino que, aprovechando la presencia e influencia que tiene en medios digitales, eligió hacer público su caso. Aun cuando la mayoría de las respuestas ante esto fueron negativas (muchas personas en Twitter la insultaron y la amenazaron de muerte por feminazi, por exagerada, por clasista, etc.), a raíz de esto muchas otras personas la apoyaron y, más importante aún, varias mujeres declararon que el ejemplo de Tamara las motivaba para, en caso de ser violentadas en la calle, denunciar también.

El acoso es una forma de violencia. Evidencia un desbalance de poder en el que una persona amedrenta de alguna forma a otra. Específicamente, el acoso callejero es una de las múltiples expresiones de la violencia de género más presentes y más normalizadas en nuestra sociedad. Ha alcanzado un grado de asimilación en nuestra cultura que dificulta mucho no sólo que se denuncie, sino que se identifique como una agresión que merezca la pena ser sancionada.

México, según una encuesta hecha por la fundación Thomson Reuters, es la segunda ciudad más peligrosa para las mujeres en el transporte público (uno de los principales espacios públicos de la ciudad) y en la que más se les acosa verbalmente en el mismo espacio. La Ciudad de México es, evidentemente, la más grande del país y una de las más grandes del mundo; sin embargo, más que poner atención en la medida en que el aperramiento en el metro incide en el acoso, tendríamos que preguntarnos por qué está tan imbricado en nuestra cultura el transgredir la dignidad y la autonomía de los cuerpos de las mujeres, tanto en el metro de la CDMX como en los camiones urbanos en provincia.

Ahora bien, la Ley de Cultura Cívica del DF tipifica indirectamente el acoso que sufrió Tamara al considerarlo una “infracción contra la dignidad de las personas”, siendo el primer ejemplo de esto “vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona”. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto de los estados de la república?, ¿o con otros tipos de acoso callejero que no entren dentro de esa definición?

Pues chambearle. La Cámara de Diputados aprobó a finales del año pasado, en diciembre, un dictamen que tipifica e inserta en el Código Penal Federal el acoso sexual, haciendo hincapié en las manifestaciones del acoso que ha traído consigo la evolución de las TICs (como el ciberacoso, el revenge porn, el grooming, etc.), y que tipifica –y sanciona- expresamente el acoso sexual en el principal instrumento de sanción a nivel federal*, lo que es un gran avance en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Falta, no obstante, que la apruebe el Senado de la República.

El problema con ese dictamen es que deja afuera las expresiones de acoso que se viven en la vía pública, las cuales comprenden tanto el acoso expresivo, como el verbal, el físico, las persecuciones y el exhibicionismo, mismas que son, precisamente, el tipo de acoso al que estamos más expuestas TODOS LOS DÍAS las mujeres. El acoso en la vía pública normalmente es muy efímero, y puede estar velado por la forma en que se presenta (disfrazándose de halagos, en volumen muy bajo, en medio de la multitud), además de que el hecho de que sea difícil reunir pruebas de su ocurrencia hace que la decisión de denunciar suela, frecuentemente, ser descartada**.

El acoso en la vía pública cambia la percepción que tienen las mujeres del espacio público y de la libertad de transitar en él, limitando directamente su desenvolvimiento en la ciudad. Mujeres de todas las edades modifican rutas, horarios, forma de vestir y decisiones de salir en función de la percepción de seguridad o de tranquilidad que anula el acoso en la vía pública; es decir, afecta directa e indiscutiblemente la vida de las mujeres y no es un tema menor, por lo que tiene que ser considerado en todas las leyes a nivel nacional que conciernen el tema, incluido el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que la Ley de Cultura Cívica permita sancionar administrativamente a quien le grita algo en la calle a una mujer denigrándola es un buen instrumento (útil sólo en la CDMX), pero no es suficiente.

Así que, aunque en la cruzada que vivimos actualmente contra todas las expresiones de violencia contra las mujeres, la inserción en el Código Penal de lo antes mencionado sea (y será, esperemos, una vez que sea aprobada en el Senado) un gran triunfo, no es suficiente ni es es el único esfuerzo que se puede hacer desde el ámbito legislativo, gubernamental, civil y/o social. Tenemos que seguir tipificando, concientizando, educando, denunciando, para contrarrestar los prejuicios, las costumbres y todas las prácticas sociales que se basan en la premisa de la inferioridad (o superioridad) de alguno de los géneros y de los papeles estereotipados y socialmente construidos para los hombres y las mujeres que, además de legitimar, exacerban la violencia contra las mujeres.

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* La propuesta de reforma leería:

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y de cincuenta a doscientos de multa […].

Artículo 259 Ter.- Comete el delito de acoso sexual el que asedie a una persona, solicitándole favores sexuales para sí o para un tercero, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe.

** Gaytán Sánchez, Patricia. 2007. “El acoso sexual en lugares públicos: un estudio desde la Grounded Theory”. En: El Cotidiano. Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco: México.

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