El pasado 24 de abril se cumplieron diez años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Diez años en los cuales todas las mujeres, que así lo hayan deseado y decidido, han podido interrumpir de manera legal, y con el apoyo de los servicios de salud, un embarazo no deseado hasta las doce semanas de gestación. La medida, lamentablemente, no ha sido replicada en otras entidades de la República Mexicana: en otros estados, las mujeres todavía tienen que enfrentarse a la criminalización de decidir sobre sus cuerpos. En Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca, Nayarit y Yucatán las penas por abortar oscilan entre cuatro meses y dos años de prisión. Eso siempre y cuando no se “tenga mala fama”. En estos seis estados, en contraste, también se ofrecen sanciones menores en caso de que la mujer que aborte haya logrado “ocultar su embarazo”. Así de irrisorio como suena.
De acuerdo con una investigación realizada por el diario español El País, los códigos penales de 31 entidades de México están llenas de elementos para reducir penas a las mujeres que aborten, pero a la vez “reafirman los estereotipos más tradicionales de la sociedad”. Solamente en la CDMX es legal la interrupción del embarazo, en los demás estados es castigada a menos que se compruebe que la mujer fue víctima de violación, que el aborto sea espontáneo, que la vida de la madre corra riesgo o que el feto tenga malformaciones. Por poner un ejemplo, en Tamaulipas —indica El País— la sanción a quienes deciden abortar de manera voluntaria es de uno a cinco años de prisión, aunque esta sanción puede ser sustituida por un tratamiento que “tendrá como objeto apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado”, además de “reafirmar los valores humanos por la maternidad”.
Lectura: para comprender qué significa la despenalización del aborto en la CDMX
Quienes están en contra de la interrupción legal del embarazo argumentan que su despenalización aumentaría su uso, aunque está probado que su criminalización no disminuye la práctica y, más bien, incrementa el número de muertes por realizarse en condiciones inseguras. En México, solamente durante 2014, casi 1 de cada 10 muertes maternas fue a causa de un aborto inseguro. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi todas las muertes y complicaciones como consecuencia de abortos inseguros pueden prevenirse. En la mayoría de los estados de nuestro país, la criminalización es la máxima: en el Estado de México se castiga con una pena de uno a tres años, aunque si acepta que lo hizo para “ocultar su deshonra”, la sanción puede ser rebajada. En Morelos la pena de cinco años puede conmutarse por un tratamiento “médico o psicológico”. En Guerrero, por ejemplo, el juez tiene que conocer “la posición social y condición de género” de la madre para poder reducir la pena.
