Si la principal función del Estado es impedir que los hombres se maten unos a otros… ¿no es un Estado fallido el que no logra garantizar la vida de sus ciudadanos?
La pregunta no es nuestra. El 25 de agosto del 2011 a las 3:48 de la tarde, un grupo de 8 o 9 sicarios se estacionó frente a la puerta del Casino Royale –propiedad de Raúl Rocha, actualmente prófugo en Estados Unidos–, ubicado en Avenida San Jerónimo, en Monterrey Nuevo León. Los hombres entraron armados al establecimiento de apuestas y sacaron a la gente. Sin máscaras, a plena luz del día, sobre una de las avenidas más transitadas de la capital regia, rociaron con gasolina los pasillos y la entrada principal del casino y les prendieron fuego.
En poco tiempo la entrada estaba bloqueada por las llamas. Para la mala fortuna de todos los que seguían adentro, tampoco se podía pasar por la única puerta lateral, una “salida” de emergencia, del edificio. Algunos corrieron a las oficinas, otros a los baños, otros pocos lograron salir por la azotea.
Los menos afortunados fallecieron calcinados por las flamas, otros murieron entre las máquinas de apuestas, intoxicados por el humo –tan terrible una muerte como la otra.
Las autoridades llegaron minutos después para salvar a los que pudieron. Desafortunadamente, de las 300 personas que se encontraban en el lugar cuando inició el incidente, cincuenta y dos –incluyendo una mujer embarazada– no lograron salir del edificio.
El primer funcionario en llegar a la escena de la tragedia fue el procurador estatal Adrián de la Garza Santos para dar a conocer un informe preliminar de la situación: se informaba que un grupo armado había entrado, disparado y que un corto circuito había provocado el incendio. Pronto la versión cambio y el incendio se convirtió en un acto premeditado. El grupo de sicarios había prendido fuego al establecimento cercando la salida.
Después de que se corrió la voz sobre el terrible ataque, los familiares comenzaron a llegar al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital regia, donde esperaban encontrar a sus amigos y familiares desaparecidos.
De los 10 heridos que ingresaron al Hospital Universitario, ubicado a unas cuadras del Semefo, sólo 3 lograron sobrevivir con quemaduras graves. En la desesperación de los familiares y amigos de las víctimas, no había lista o ventanillas donde pudieran informar sobre quienes habían fallecido.
Las versiones, aunque contradictorias, parecian confirmar un ataque coordinado de la delicuencia organizada. Felipe Calderón llegó a la escena del crimen un día después. El atentado había obligado al jefe del gobierno federal a contactar a los principales líderes de partidos, parlamentarios y empresariales para revisar la situación de seguridad del país. Calderón, según diversos medios, habló con Humberto Moreira –en aquel entonces aún presidente del PRI–, Manlio Fabio Beltrones y los perredistas Carlos Navarrete y Armando Ríos Piter para re-estructurar la estrategía de combate contra el narcotráfico en Monterrey.
El atentado suponía un desafio sin antecedentes al estado mexicano. La confirmación del estado fallido.
¿De quién fue la culpa?
Ante la desgracia, el alcalde de la ciudad, Fernando Larrazábal Bretón fue el primero en “insinuar” un culpable. El lugar, después de una baleada seis meses antes y varios intentos de clausurarlo, seguía operando con un amparo, proporcionado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA), encabezado por Juana María Treviño Torres. El gobierno municipal se lavaba las manos, Larrazábal argumentaba, así, que el municipio había intentado clausurar el lugar y el TCA lo había impedido.
Según información de Notimex, el TCA, en el 2011, fue responsable de que 36 establecimientos en Monterrey no fueran clausurados gracias a los amparos tramitados en sus pasillos. Dichos negocios funcionaban sin restricciones y a pesar de los intentos de las autoridades, no había, ni hay, manera de clausurarlos temporal o definitivamente.
Pero, luego de la acusación, el TCA no se quedó en silencio, y aclaró que si alguien era responsable de que 52 personas perdieran la vida, era Protección Civil del municipio, pues en ningún momento revisaron que el edificio funcionara de manera adecuada, ignorando que ellos habían otorgado un amparo para que siguiera en actividades. El TCA, a tráves de comunicados de prensa, afirmó que la tragedía podría haber sido evitada si la “salida” de emergencia que no funcionó cuando las victimas intentaron salir del edificio hubiera estado en servicio. Ademas de agregar que claro, “y si los criminales no hubieran prendido fuego a la puerta”.
Claro.
La versión de la TCA encontró eco en el gobernador priísta, Rodrigo Medina de la Cruz, que respaldó las acusaciones, al mismo tiempo que declaraba que “en medio de la conmoción no era momento de buscar responsables”. ¿No?
Pero, tan sólo tres días después, un video en donde se veía al hermano del alcalde de Monterrey, Jonás Larrazábal, en las instalaciones de Casino Royale seis días antes del incendio, despertó la atención de las autoridades.
Larrazábal, durante su visita al casino, según mostraba el video tuvo una conversación con un par de empleados y recibió una cifra estimada en cuatrocientos mil pesos.
La PGR inició una investigación contra Larrazábal. Horas después el representante legal del hermano del alcalde aclaró que su cliente iba a los establecimientos a cobrar por los quesos y mezcales de Oaxaca que vendía, en ese y otros casinos de la ciudad, e incluso presentó una denuncia contra los acusantes por el delito de difamación. Larrazábal se convirtió en el Señor de los Quesos y, mientras tanto, los familiares de las vícitmas de la tragedía exigían justicia.
Un par de meses después del atentado, el día 25 de octubre de 2011, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, después de presentar evidencias suficientes, logró que la corte dictara formal prisión a Jonás Larrazábal. Sin embargo, el 14 de noviembre, el demandante, Víctor Aldo García Gómez, desistió y le otorgó un perdón a Jonás, lo cual permitió que las autoridades lo dejaran libre.
Por si fuera poco, y de manera incomprensible, García Gómez, quien trabajaba en Casino Red y desistió después de ser presionado por sus socios, le pagó 1 millón 135,000 pesos y 30,000 dólares para reparar los daños que le causó al hermano del alcalde. El Señor de los Quesos quedaba libre.
Monterrey y reacciones de las autoridades
Mientras Lazarrábal enfrentaba acusaciones, 3000 elementos de seguridad, conformados por policías federales y soldados del ejército nacional, llegaron a la capital de Nuevo León para reforzar la seguridad de la comunidad y el resto del estado.
El 14 de septiembre, la PGR presentó una lista de sospechosos, entre los que señalaron a cuatro líderes relacionados con el grupo criminal de los Zetas y ofrecieron 30 millones de pesos a quien presentara información que los llevara a su captura.
Los cuatro líderes fueron identificados como Francisco Medina Mejía, alias El Quemado; Baltasar Saucedo Estrada, alias El Mataperros, segundo al mando de la organización; Roberto Carlos López Castro o Alberto Alejandro Reyes, El Toruño; y José Alberto Loera Rodríguez, alias El Voltaje.
Los primeros en caer de la lista de sospechosos fueron capturados el 29 de agosto, cuatro días después del ataque a Casino Royale.
En cuanto a los líderes, el primero en ser aprehendido fue El Taruño; a él le siguió José Alberto Loera el 5 de octubre. El Mataperros, segundo al mando, fue capturado el 5 de enero de este año y el último, El Quemado, fue abatido por las fuerzas de seguridad el pasado 4 de abril.
Un año despues…
El procurador de Justicia de Nuevo León, Adrián de la Garza, asumió la investigación de las 52 muertes hace un par de meses. Sin revelar nombres, “para no entorpecer las investigaciones” aseguró que hay funcionarios estatales y municipales involucrados en la averiguación.
El proceso legal, que tiene más de 400 evidencias pendientes por desahogar, podría durar por lo menos un par de años más.
Por lo pronto, a un año del atentado en Casino Royale, una malla ciclónica con la leyenda “propiedad privada” impedirá que los familiares de las víctimas realicen una vígilia programada para recordar a las 52 personas muertas en la tragedia.
Con información de Proceso, CNN, Milenio, Notimex y El Economista.
Por Esteban González de León y el Hacha
