La noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, la policía de Iguala, Guerrero, en coordinación con la de Cocula, abrió fuego en contra de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Esa noche murieron 6 personas y se reportó la desaparición de varios estudiantes. Al día de hoy, 43 continúan desaparecidos y todos juntos seguimos diciendo #YaMeCansé #JusticiaParaAyotzinapa.
El suceso revelaría uno de los más graves casos de colusión entre el crimen organizado y el gobierno que se hayan registrado en el país. Durante el primer mes después de los acontecimientos, la Procuraduría General de la República confirmaría que el perredista José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, habría ordenado el ataque contra los estudiantes y su secuestro para luego darse a la fuga junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda, y el titular de seguridad de la región, quien aún está prófugo.
El 4 de noviembre, las autoridades reportaron la captura de pareja, autores intelectuales del que sería conocido como caso Ayotzinapa. No obstante, las investigaciones aún no arrojaban nada certero sobre el paradero de los 43 estudiantes.
Ya el 23 de octubre, el gobernador perredista del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, pedía licencia para retirarse del cargo, a petición del dirigente nacional del partido, Carlos Navarrete. Miembros de otras tribus de la izquierda criticaron la tibia posición del PRD ante lo ocurrido en Iguala. Tales diferencias culminaron en la renuncia a la militancia del fundador del partido, Cuauhtémoc Cárdenas, ocurrida el 25 de noviembre. Aguirre sería sustituido por Rogelio Ortega, cuya intervención en el caso ha sido mediocre, por decir lo menos.
Ni la renuncia de Aguirre ni la captura de Abarca fueron suficientes para hacer que las protestas en el país disminuyeran. Antes bien, durante octubre y noviembre se han registrado las manifestaciones más numerosas por el caso Ayotzinapa.
El 22 de octubre tuvieron lugar múltiples manifestaciones a nivel mundial bajo los lemas #AcciónGlobalporAyotzinapa y #EPNBringThemBack. El 5 de noviembre se registraron manifestaciones acaso más grandes también a nivel internacional. El 8 de noviembre, una marcha sin convocatoria previa logró conjuntar a decenas de miles en la Ciudad de México y más tarde, el 20 de noviembre, tuvieron lugar nuevas protestas en el país y fuera de él.
Son muchos los gobiernos, instituciones y organizaciones internacionales que han mostrado su preocupación por el caso Ayotzinapa y sus implicaciones. La ONU, el Banco Mundial, el Congreso estadounidense, la administración de Uruguay, así como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son sólo algunos de los que día a día se suman a la exigencia de los mexicanos de dar solución al caso y, por supuesto, de tomar medidas urgentes par resolver la crisis de seguridad y corrupción que atraviesa el país.
El 7 de noviembre, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dictó una larga conferencia de prensa en la que presentó evidencias y testimonios que, de acuerdo con sus investigaciones, indicaban que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron llevados a un barranco, en las cercanías de un basurero en Cocula, donde habrían sido reducidos a cenizas. Los restos, según lo declarado, fueron arrojados al río San Juan. La evidencia no es, sin embargo, contundente.
Fue durante la sesión de preguntas y respuestas de aquella conferencia que el procurador afirmó “ya me cansé”. Pronto, la ciudadanía reclamó la impertinencia de un comentario de esa naturaleza y se apropió la sentencia para expresar el hartazgo social que la inseguridad y la corrupción han generado. El 8 y 20 de noviembre, los manifestantes dijeron al unísono #YaMeCansé.
Durante el proceso, los padres de los 43 exigieron la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar certeza científica y jurídica a una investigación que, afirman, rebasó de inmediato las capacidades (e intenciones) de las autoridades mexicanas. Hasta el momento, ninguna de las dos instituciones ha confirmado la versión de la PGR y se encuentran analizando la información que la procuraduría puso a su disposición. Los padres han exigido al gobierno federal que continúe considerando como desaparecidos a los 43 y que actúen en consecuencia, sin suspender la búsqueda exhaustiva de los estudiantes con vida.
El presidente Enrique Peña Nieto, prácticamente ausente durante el primer mes del caso, ha dedicado el segundo a pendular entre la lamentación, las giras internacinales y la desacreditación de la protesta. Desde el 24 de octubre y en repetidas ocasiones, el presidente ha expresado su rechazo a la violencia, aunque su discurso ha evolucionado hacia una condena a las manifestaciones en general. El 18 de noviembre, Peña Nieto afirmó que “al amparo de este dolor” grupos han realizado protestas de las que “no está claro su objetivo”.
La posición del presidente ha sido respaldada por versiones aún más fuertes del mismo discurso. Beatriz Pagés, secretaria de Cultura del PRI, calificó el caso entero de “trampa” en contra de la gobernabilidad, incluyendo los seis asesinatos y la desaparición de los 43. En la prensa, el periodista Carlos Alazraki declaró que aquellos que se manifestaban por el caso Ayotzinapa y la inseguridad eran unos “comemierdas” y aseguró que “los normalistas muertos les valen absolutamente madres. Ellos han aprovechado la desgracia de estas pobres familias para volver a intentar joder al país.”
Por otro lado, las manifestaciones, que cuentan con la asistencia de decenas de miles de ciudadanos pacíficos, también han sufrido percances por parte de grupos de encapuchados que inician escenas violentas en contra de los elementos de seguridad e instalaciones. El incendio de la estación de Metrobús Ciudad Universitaria, el de la puerta del Palacio Nacional así como los ataques registrados el 20 de noviembre en contra de granaderos han servido a múltiples medios e individuos como argumentos para desacreditar el total de las protestas. Aprovechando la incertidumbre social por estos hechos, la SSP-DF entró a Ciudad Universitaria el 15 de noviembre con más de 500 granaderos.
Tras aquella última manifestación que la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del DF detuvo a 15 personas. Hoy, 11 permanecen en espera del veredicto por delitos como asociación delictuosa, motín e intento de homicidio, con reserva de enfrentar cargos también por terrorismo. Los detenidos, no obstante, no participaron en los disturbios, según múltiples organizaciones de Derechos Humanos y, hasta el momento, de acuerdo con las propias autoridades, las pruebas en su contra se reducen a los testimonios de los propios policías que los detuvieron.
Mientras el maniqueísmo busca imperar en las protestas para disolverlas, nuevas formas de manifestación se unen a un movimiento que, independientemente de todo proyecto a futuro, tiene una clara consigna: #JusticiaParaAyotzinapa.
Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿cuál es la estrategia adecuada que como ciudadanos debemos seguir para impedir que un caso como el Ayotzinapa ocurra de nuevo? La respuesta tiene que ver con evitar la asociación entre crimen y Estado y esto, a su vez, está relacionado con una vigilancia rigurosa de los recursos que terminan siendo usados para pagar casos así. Para prevenir un horror como este no nos queda más que evitar que pueda pagarse un nuevo Ayotzinapa.
El día de ayer, el presidente Enrique Peña Nieto invitó a los ciudadanos de México a tener una “actitud propositiva y constructiva” a partir del caso Iguala. Nuestra propuesta es ésta y la manifestación es una forma de hacer ver su urgencia.
Actualmente, la protesta trascendió aspectos de la vida cotidiana, como lo es un partido de futbol.
Hace unos días se difundió la convocatoria Estadios Negros, en la que se hizo un llamado a que las aficiones del América, Pumas, Atlas, Monterrey, Toluca, Chiapas y Tigres se vistieran de negro y a la mitad del partido gritaran “Justicia”, lo cual efectivamente ocurrió.
Hoy, como hace 2 meses, todos juntos decimos #YaMeCansé #JusticiaParaAyotzinapa.
