El 26 de septiembre del año pasado, seis personas perdieron la vida y 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron en las inmediaciones de Iguala, Guerrero, luego de que la policía abriera fuego contra ellos y los entregara al crimen organizado.
Al día de hoy, las investigaciones continúan. Pese a que el gobierno federal insiste en su versión, según la cual los estudiantes habrían sido llevados a un basurero del municipio de Cocula para ser quemados y arrojados al río, diversas organizaciones, entre las que se encuentran Aministía Internacional (AI) y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) piensan que existen serias cuestiones sin resolver.
A cuatro meses del incidente, sólo se ha comprobado científicamente la identidad de uno de los desaparecidos, Alexander Mora. No obstante, de acuerdo con las declaraciones hechas por el EAAF apenas este fin de semana, no existen evidencias suficientes para concluir que el estudiante fuera calcinado en un basurero ni para saber qué le ocurrió a los otros 42.
El día de hoy se lleva a cabo la octava #AcciónGlobalPorAyotzinapa. Manifestaciones anteriores han registrado más de 100 mil asistentes.
Los investigadores no hablan en el aire: tras la fuerte presión ejercida por los padres de familia e instancias internacionales, el gobierno federal permitió su participación en la resolución del caso y se les concedió acceso a los sitios inspeccionados, aunque siempre después de que la PGR los revisara de forma exhaustiva.
De acuerdo con El Universal, el EAAF ha declarado que no hay argumentos suficientes para vincular los restos calcinados que las autoridades encontraron en el basurero de Cocula con los sucesos que habrían tenido lugar la misma madrugada del 26-27 en las cercanías. Además, el mismo grupo ha dejado claro que, si bien los restos de Alexander Mora coincidían con las muestras de ADN facilitadas por la familia, no es posible garantizar su procedencia, pues no fueron extraídos por ellos en la zona revisada, sino entregados directamente por la PGR.
La Procuraduría sostiene que, después de que miembros de cártel Guerreros Unidos recibieran a los estudiantes, los habrían calcinado y metido sus restos en bolsas de basura que habrían arrojado al río San Juan. Más tarde, se habrían preocupado de borrar toda evidencia. Jesús Murillo Karam, titular de la dependencia, ha sido muy cuidadoso al explicar que los restos hallados se encontraban en tan mal estado, que su reconocimiento se tornaba casi imposible. Las 17 muestras rescatables fueron enviadas a la Universidad de Insbruck.
Esta última institución es la que realizó el reconocimiento de Alexander Mora, pero ha señalado que la muestras restantes son irreconocibles bajo métodos estándar, por lo que nuevos análisis con tecnologías más sofisticadas habrán de realizarse y su sus resultados llegarán, con suerte, al cumplirse medio año de los hechos.
Las principales ciudades del mundo han albergado manifestaciones por el caso Ayotzinapa.
Aministía Internacional calificó de “endeble” y “apresurada” la investigación de la procuraduría y, en ocasiones recientes, ha señalado que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene claras intenciones de dar por cerrado el caso lo antes posible.
Expertos de la UNAM, por su parte, han sido enfáticos en señalar que la quema de 43 cuerpos en un basurero en una hoguera al aire libre en una sola noche no es factible. Menos todavía cuando se agrega el factor de la desaparición de la evidencia.
A esto falta agregar que, según las características de las numerosas fosas clandestinas encontradas alrededor de Iguala, donde yacen los restos de algunas de las decenas de personas desaparecidas durante las administración de José Luis Abarca, el modus operandi que los Guerreros Unidos habrían usado para procesar y desaparecer los cuerpos dista mucho del que utilizan habitualmente.
A comienzos de la investigación, uno de los detenidos aseguró haber quemado a 17 de estudiantes en un cerro donde, más tarde, se encontrarían cuerpos que no coincidieron con ninguno de los desaparecidos. Resulta extraordinario que, una vez demostrado que los testigos del caso están dispuestos a mentir, se siga confiando en sus declaraciones como elemento nuclear del expediente.
El estudiante normalista Omar García, sobreviviente del 26 y uno de los líderes de las acciones para dar solución al caso Ayotzinapa, resultó herido recientemente tras un enfrentamiento con militares.
De los 99 detenidos por el caso Ayotzinapa, ninguno ha sido acusado por el delito de “desaparición forzada”. Esto incluye a José Luis Abarca, encarcelado bajo otros cargos.
Recientemente, Felipe Rodríguez, alias “El Cepillo” fue señalado como “autor material del homicidio del caso Ayotzinapa”, esto con base en su propio testimonio, que se une al de otros dos detenidos. No obstante, la propia AI, junto a Human Right Watch, han señalado que las declaraciones de tres personas no son en lo absoluto probatorias en un caso de esta magnitud. Ambas organizaciones han recibido testimonios mucho más numerosos sobre las irregularidades en la aplicación del debido proceso en el caso.
Este mismo fin de semana, familiares de los detenidos se manifestaron para exigir justicia para algunos de los policías que, presuntamente, habrían participado en el operativo del 26. María Iris Román y Petra Cruz son algunas de las personas que han denunciado la arbitrariedad en las detenciones. Ubaldo Toal y Marco Antonio Ramírez, sus esposos, se encontraban de vacaciones o en descanso y en compañía de sus seres queridos el día de los hechos y fueron detenidos, el uno el 7 de octubre, y el otro en el transcurso de 27.
El 13 de enero, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien arribara a Iguala hasta el 7 octubre, afirmó que “se han agotado todas las líneas de investigación sugeridas durante la indagatoria”. Esta expresión resulta extraordinaria a la luz de los señalamientos de AI, Human Right Watch, EAAF, los expertos de la UNAM y la ONU. Es también por la presión de esta última organización que expertos internacionales fueron admitidos en el caso.
La torpe participación del presidente Enrique Peña Nieto y su reacción tardía y desinteresada, ha sido uno de los principales detonantes de la manifestación durante cuatro meses.
Tras largas exigencias de los padres y varias instituciones, las Fuerzas Armadas han aceptado abrir sus puertas para que se realicen investigaciones en sus instalaciones, a fin de descartar un posible traslado de estudiantes. A los peritos se unirán los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también buscarán abrir nuevas líneas de investigación tras la inspección de todas las escenas relacionadas.
El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el procurador estatal, Iñaky Blanco, han sido señalados múltiples veces como individuos relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, el uno por encubrir al alcalde, el otro por entorpecer las investigaciones mientras tenía poder sobre ellas. No existen casos abiertos en su contra.
A cuatro meses del caso Iguala, tan sólo la punta de la crisis de derecho más importante que el país haya enfrentado desde 1968, en la que se incluyen más de 100 mil muertos por la llamada “guerra contra el narco” y al menos 23 mil desapariciones; la colusión innegable entre crimen organizado y gobierno en decenas de municipios del país; el ataque constante contra trabajadores de la comunicación y una política de seguridad claramente fallida; los mexicanos seguimos diciendo #YaMeCansé y exigimos #JusticiaParaAyotzinapa.
