Ya se ha señalado bastante: Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg. En el mismo sentido, hoy más que nunca, es necesario recordar que José Luis Abarca es tan sólo la punta de Ayotzinapa. Su captura no resuelve en lo absoluto el problema que hay de fondo, el que permite mantener a flote con aparente ligereza a la gran mole de corrupción e inseguridad que hoy reina tanto en las instituciones como en las calles del país: la crisis del Estado mexicano. Y, por supuesto, tampoco resuelve el más inmediato de los problemas: el del paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre.
La crisis del Estado mexicano se revela a múltiples niveles. La toma tardía del caso por parte de la PGR no sólo abrió la investigación para la localización de Abarca y de los estudiantes desaparecidos. Las líneas de investigación han abierto sendas cada vez más profundas en torno a los posibles nexos con el crimen organizado mantenidos por funcionarios tan importantes como Iñaky Blanco Cabrera, Fiscal (procurador) General de Guerrero quien, desde el sexenio pasado, habría encubierto las actividades ilícitas de Abarca, entorpeciendo incluso las pesquisas de los últimos días.
En efecto, el propio Miguel Ángel Osorio Chong confirmó que entre 2010 y 2012 se habían iniciado averiguaciones previas por parte de la PGR en contra de Abarca por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. No obstante, ninguna investigación logró salir adelante por falta de evidencias.
El 30 de septiembre, policías ministeriales de Guerrero tenían la instrucción de trasladar a José Luis Abarca al Ministerio Público en cuanto el alcalde pidiera licencia. No obstante, los agentes llegaron 10 minutos tarde y Abarca ya había escapado.
La PGR sospecha que la fuga de Abarca, junto a la de su esposa y el jefe de la policía municipal de Iguala, fue planificada desde antes de que pidiera licencia y que en dicho plan estuvo implicado Blanco Carrera.
Un caso como éste no puede tratarse, a su vez, de una situación aislada. Miramos a través del caso Ayotzinapa como lo haríamos a través de un caleidoscopio, cuya terrible imagen se multiplica y abarca todo el espacio visual, todo el panorama político mexicano.
La ley electoral, ya corriente en 2012, exige la investigación de los antecedentes de los candidatos. El sentido común exige a los candidatos presidenciales conocer a sus compañeros de contienda por puestos menores. Tanto los tribunales electorales como el PRD se olvidaron de estos requisitos.
Ni el PRI, el PAN, el PT o el PVEM logran escaparse de nexos similares con el crimen organizado, tal y como demuestra el caso del parlamento de Morelos, con al menos siete diputados de 30 acusados de uso indebido de recursos y relaciones con el grupo de Los Rojos, enemigos de los Guerreros Unidos.
La guerra contra el crimen organizado no ha tenido éxito en buena medida porque el Estado se encuentra, literalmente, infestado del propio mal que busca combatir.
El problema de Ayotzinapa no se resuelve con la captura de Abarca. La crisis de Estado no se resuelve con la acusación, procesamiento y encierro de estos 7 diputados. El problema es institucional y sistemático.
Hace poco, el presidente expresó que, a su parecer, la corrupción conformaba un elemento arraigado en la cultura del mexicano. Más allá de que esto sea cierto o no, lo que un comentario así revela es que la corrupción está asumida como un elemento natural del Estado por su propia cabeza: el jefe del ejecutivo.
El presidente ha propuesto la conformación de un pacto nacional de seguridad en el que participen los partidos políticos en unidad. Es alarmante que se piense que la asociación entre partidos puede sustituir al Estado mismo. Resulta verdaderamente absurdo que a los funcionarios del país les parezca una buena idea llenar el vacío que hay en la administración de la seguridad con una alianza entre los propios partidos antes que con instituciones sólidas.
Hoy, frente a la captura de Abarca, conviene, más que nunca, formular las preguntas que al gobierno de Enrique Peña Nieto le falta contestar, enunciar algunos de los principales problemas que queda resolver:
1. ¿Dónde están los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre?
2. ¿Cuáles serán las sanciones para los responsables del caso Ayotzinapa?
3. ¿A quiénes corresponden los cuerpos de las numerosas fosas clandestinas encontradas en el estado de Guerrero y en el resto del país?
4. ¿Cómo piensa hacer justicia a los 28 mil desaparecidos que tan sólo desde 2006 faltan en México?
5. ¿Cómo fue posible la contaminación de las instituciones a tal nivel?
6. ¿Cómo fue posible que individuos con el perfil de Abarca y similares ocupen con tanta facilidad puestos de poder en todo el país?
7. ¿Cuál será la respuesta institucional y estructural que el Estado ofrecerá para resolver la crisis de seguridad del país?
8. ¿Cuál para la corrupción?
9. ¿Cómo es que el conjunto de las fuerzas de seguridad a cargo de las 3 esferas de gobierno no hicieron nada de manera previa para evitar el caso Ayotzinapa y similares?
10. ¿Cuál es la justa respuesta que el ejecutivo puede ofrecer de frente a quienes exigen su renuncia y la disolución de poderes?
