Ayer se cumplieron 10 años de que Felipe Calderón, al asumir la Presidencia de la República, declarara la guerra al crimen organizado. Lo hizo a través del famoso “Operativo Conjunto Michoacán”, en el que Ejército y Marina salieron de cuarteles para ser la primera línea de batalla frente a los cárteles del narcotráfico, papel que continúan ejerciendo al día de hoy.
Desde ese 11 de diciembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han muerto 172 mil 807 civiles, y han desaparecido más de 29 mil. Aunque las cifras de homicidios bajaron a inicios del sexenio de Enrique Peña Nieto, entre 2015 y 2016 han repuntado a niveles cercanos de 2010, el año más sangriento de la presidencia de Calderón.
En ese tiempo, hemos visto y vivido muchas tragedias, como el incendio provocado el 25 de agosto de 2011 en el Casino Royale, en Monterrey, en el que 52 personas murieron a causa de un ataque con granadas y combustible. O la masacre de Villas de Salvárcar, el 31 de enero de 2010, en la que 15 jóvenes murieron en una balacera perpetrada por el crimen organizado. Fue después de la masacre, que Calderón dijo que había sido un pleito entre bandas rivales; de igual forma fue después de la masacre, que recibió uno de los reclamos más fuertes de su presidencia: María de Luz Dávila, madre de uno de los jóvenes, encaró al presidente para decirle que no era bienvenido en Ciudad Juárez.
Pero, ¿qué es realmente la guerra contra el narcotráfico? ¿Por qué sigue 10 años después? ¿Hacia dónde va?
La guerra contra el narcotráfico no es un concepto reciente. Uno de los primeros en usarlo fue Richard Nixon, presidente de Estados Unidos entre 1969 y 1974. En un discurso pronunciado en 1971, Nixon declaró que “el enemigo público de Estados Unidos es la adicción a las drogas. Para luchar y vencer a este enemigo, es necesario librar una ofensiva nueva y total”. Desde entonces, la política de Estados Unidos frente al problema de las drogas ha sido a través de la seguridad pública. En el caso de México, se han invertido miles de millones de dólares en entrenamiento de militares y en equipo táctico.
De manera más reciente, se hizo mediante la Iniciativa Mérida, en la cual Estados Unidos ha gastado 2 mil 300 millones de dólares. Pero esta estrategia ha tenido poco éxito. Quizás el tiro por la culata más grande ha sido el famoso caso de los GAFEs, o Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de Alto Mando, un equipo de élite entrenado en Estados Unidos en temas de lucha contra terrorismo y narcotráfico. Varios de ellos desertaron a finales del siglo XX y principios del XXI, para convertirse primero en el brazo armado del Cártel del Golfo y posteriormente, en Los Zetas.
Como decíamos al inicio, la fecha más común en la que se marca el inicio de la guerra contra el narco en México, es el 11 de diciembre de 2006. Sin embargo, hay periodistas -como Ioan Grillo, quien escribió uno de los mejores libros que hay sobre el tema (El Narco, Tendencias, 2012)- quienes afirman que la guerra inició tres años antes, en el sexenio de Vicente Fox. Fue entonces que los dos grandes cárteles –el de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán”; y el del Golfo, de Osiel Cárdenas– luchaban por una de las rutas de tráfico más importantes del país: Tamaulipas. Cuando el Ejército capturó a Cárdenas en 2003, Guzmán vio una oportunidad de expandir su negocio. El problema es que nunca pensó que Los Zetas, en ese entonces todavía asociados con El Golfo, fueran tan poderosos. El resultado fue una guerra entre cárteles que se extendió por todo el norte del país.
¿Cómo es que Tamaulipas atrajo la atención de ambos cárteles? No es necesario decir que el negocio de las drogas es lucrativo, eso es sabido por todos. Lo importante es el porqué: el aumento en el consumo de drogas en Estados Unidos. Según los datos más recientes, 15 de cada 100,000 personas mueren por una sobredosis en EUA. O, para ponerlo más claro: en 2015, por primera vez murió más gente por consumir heroína, que por homicidios con arma de fuego.
Este incremento ha hecho que los precios de la droga aumenten; y que el negocio sea más redituable. Por eso, a 10 años del comienzo de la guerra, la situación se ha agravado.
La reacción del gobierno mexicano ha sido similar a la de Estados Unidos. Durante el sexenio de Calderón, la estrategia primordial fue el uso del Ejército para todo tipo de tareas relacionadas con las drogas. Desde la prevención –atribución que también se le dio a los soldados– hasta la erradicación de fábricas, plantíos y demás lugares de producción; pasando, obviamente, por la lucha armada en contra de los cárteles. Durante esos seis años, el Ejército mexicano fue la punta de lanza hasta que, según distintos autores, el gobierno estadounidense dejó de confiar en los soldados: la Marina tomó ese lugar.
Durante las campañas de 2012, aunque las cifras indicaron que al menos 47 mil personas habían muerto a causa de la guerra contra el narcotráfico, poco se dijo del tema. Ningún candidato presentó una propuesta seria para revertir la crisis. Ya cuando Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia, hubo un cambio que de inicio, parecía sustancial: creó una subsecretaría, dentro de la Secretaría de Gobernación, encargada de la prevención del delito. Fueron ellos quienes salieron en las noticias cuando pintaron casas en Pachuca de colores brillantes (en el proyecto conocido como “Macromural”), o consiguieron a ex-estrellas como Luis Hernández para que dieran clínicas de futbol en zonas afectadas por el narcotráfico (en el proyecto conocido como “Glorias del deporte”).
No obstante, la prevención terminó este 2016. Debido a los recortes presupuestales, para 2017 no se le asignó un solo peso al programa. Fue así como la gran respuesta, o al menos la que se presumía distinta a la anterior, desapareció de la noche a la mañana. Más allá de eso, la estrategia del gobierno actual ha sido idéntica a la del anterior: la lucha frontal contra los cárteles. Una consecuencia no prevista fue que, al descabezar a varios grupos, se dio una fragmentación masiva. Es por eso que en ciudades como Acapulco, una de las más violentas del país, existan más de 20 microcárteles peleando el territorio.
¿Dónde estamos hoy?
Algo de lo que no se habla mucho, pero que cada vez toma mayor importancia en estos días, es el papel de los militares en el asunto. El Ejército, a cargo del Secretario de Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha salido a la prensa mucho más de lo que acostumbraba. En general, los militares no dan entrevistas ni expresan opiniones distintas a las del Presidente de la República. Pero algo ha cambiado en últimas fechas.
En las portadas de los principales periódicos, Cienfuegos ha declarado que los soldados quieren regresar a los cuarteles, porque no están entrenados para las tareas que están realizando –que deberían hacer las policías, ya sean locales o federales– y que las reglas bajo las que está operando el Ejército desde hace 10 años son poco claras. De hecho, debido a que las leyes no regulan bien la participación del Ejército, es que hace un par de años, en varios casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México que juzgara a los militares en tribunales civiles. Esto ha causado enojo dentro del Ejército, y es uno de los motivos por los cuales Cienfuegos ha hablado sobre regresar a los cuarteles. Los militares están cansados.
Esto también ha derivado en una serie de iniciativas que se discuten en el Congreso este mes, y a las que hay que poner mucha atención. Se trata de propuestas para crear una Ley de Seguridad Interior, que finalmente regularía la actuación de los militares en la materia de seguridad interna, en general; y en su participación en la lucha contra el narco, en particular. Estas iniciativas, que pretenden discutirse en período extraordinario a finales de mes, son complicadísimas. Es cierto que finalmente le darían bases legales al Ejército para realizar su trabajo con claridad; pero también le darían más facultades que podrían resultar peligrosas de no dejarse claramente establecidas. Por ejemplo, el papel investigador del Ejército: se les podría dar poderes especiales para catear domicilios sin órdenes autorizadas por juez; incluso de intervenir comunicaciones privadas –correos, llamadas– así como utilizar datos de geolocalización –que se active el GPS de tu celular– de manera inmediata en caso de considerarlo necesario.
Al mismo tiempo que el Congreso discute si deja al Ejército como el principal responsable en hacerle frente al narcotráfico, poco se escucha a los especialistas que quieren un enfoque distinto a un conflicto que ha cobrado tantas vidas. Por ejemplo, distintas organizaciones han empujado para que se legalice la marihuana en el país, como ya han hecho distintos estados en Estados Unidos. Allá, California incluso aprobó el consumo de marihuana para fines recreativos. Aquí se pide todavía menos. Se pide su despenalización para uso medicinal. A pesar de ello, los diputados han dicho que no es tema prioritario, al grado de que han “congelado” las propuestas.
Y los candidatos (o, más bien, precandidatos) presidenciales rumbo a 2018 tampoco han planteado rutas distintas. Andrés Manuel López Obrador, que dio una larga entrevista a Carlos Loret de Mola la semana pasada, ha tocado el tema de manera tangencial. Margarita Zavala, puntera hasta ahora en el PAN, dijo antier que apoyaría un “regreso victorioso” del Ejército a los cuarteles. Sólo que no explicó en qué consistiría esa victoria y qué estaría dispuesta a hacer con tal de conseguirla. Y el PRI, que todavía no tiene precandidatos, no está interesado. Ellos son en gran parte responsables de que la legalización de la marihuana no se discuta en el congreso.
Hoy, a 12 de diciembre de 2016, 172 mil 807 muertos después, no estamos en el mismo lugar que hace 10 años. Estamos en un hoyo más profundo. La situación ha cambiado, los grandes cárteles ya no son lo que eran antes. Pero la guerra continúa y parece que así seguirá. Los números nos dicen que los homicidios regresan a los niveles de hace seis años; y los políticos no parecen responder. El Congreso discute si la solución –o por lo menos, lo que ellos creen que es la solución– es dejar a los militares de manera permanente en las calles. Más allá de eso, no parece haber un plan.
Y, mientras tanto, el país se sigue desangrando. Tal y como lo ha hecho durante la última década.
Esteban Illades
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