Casi desde el momento que existieron, miles de organismos privados como gubernamentales, han querido meter sus manos en la regulación y manejo de los contenidos virtuales. Pero ninguno como los videojuegos, los cuales se han visto bajo el escrutinio público y sobre todo, gubernamental.
Desde sus inicios, muchos han querido meter su cuchara. No sería hasta principios de los 90 que al fin, lograron meter una regulación a la industria después del lanzamiento de Mortal Kombat. Desde ese día, la ESRB, se ha encargado de clasificar los videojuegos, dando seis diferentes tipos de clasificación dependiendo del contenido del juego (violencia, sexo, uso de drogas, etc.).
Al igual que esta organización, varios países han adoptado su propio sistema de clasificaciones, y ahora resulta que el gobierno mexicano le quiere entrar al quite.
Senadores del Partido Verde y del PRI, han propuesto una iniciativa para regular a la industria de los videojuegos en México, bajo el argumento de que:
“Muchos tienen contenido violento, que en ocasiones se combina con situaciones de discriminación sexual y racial, tortura y xenofobia, entre otras.
Esta iniciativa fue presentada por Carlos Puentes, del PVEM y Cristina Díaz Salazar del PRI, quienes planean otorgarle facultades a la Secretaría de Gobernación para expedir lineamientos que establezcan criterios de clasificación de los videojuegos, que sean comercializados por cualquier medio…, incluyendo las descargas digitales. ¿qué esto no eso le correspondería al Instituto Federal de Telecomunicaciones?
De hacerse realidad, esta regulación obligaría a los distribuidores a imprimir o adherir en la portada de su publicidad la clasificación que corresponda, todo de acuerdo con los lineamientos expedidos por Gobernación…, eh, miembros del Senado, eso ya existe. Se le llama clasificación de los videojuegos y como lo expusimos anteriormente, la ESRB se encarga de eso.
Obviamente, esta medida dista mucho de ser altruista o de querer salvaguardar la moral y ética del mexicano.
Para que se den un quemón del interés monetario del que se está hablando, entre 2009 y 2016 la industria de los videojuegos ha duplicado sus ganancias en México, pasando de 11 mil 278 millones de pesos a 22 mil 852 millones, según los datos provistos por la consultora CIU.
Además de tener que lidiar con las sensibilidades de los partidos políticos, la creación de un mecanismo regulatorio aumentaría el precio de los videojuegos en México, el cual de por sí ya es demasiado alto por todos los impuestos y permisos que se deben de pagar, antes de que lleguen a un anaquel.
Por supuesto que la regulación de los videojuegos podría estar perfectamente sustentada por muchas razones, pero al final del día, la responsabilidad de los contenidos que consumen los menores de edad, sigue siendo de los padres de familia, y el hecho de poner un sticker a un videojuego, no dejará excentos a aquellos padres que creen que sus hijos son lo suficientemente maduros, como para comprarles Grand Theft Auto a los 7 años.
Tal vez, llegar a un acuerdo con las tiendas para prevenir a los padres antes de hacer una compra, no sería algo tan descabellado. Pero finalmente existe el riesgo de llegar (como suele suceder en nuestro país con esta clase de regulaciones) a ningún lado.
