El greenwashing se da cuando una institución dice ser "amigable" con el medio ambiente sin realmente serlo. China busca frenar esa práctica.
Hace tiempo ya que el cambio climático y la crisis ambiental actual ya son parte innegable del imaginario colectivo de la humanidad. Cada vez hay un mayor entendimiento de los problemas que afrontamos y tendremos que afrontar si es que en el futuro queremos seguir teniendo un planeta que, de hecho, sea habitable para la mayoría de las personas. Como parte de esos reconocimientos, poco a poco generamos un vocabulario más extenso que incluye palabras como greenwashing, que nos ayuda a poner en contexto la situación actual y futura.
Hablar de greenwashing implica entender que se trata de algo meramente relacionado con marketing y relaciones públicas. Se trata, básicamente, cuando una empresa dice ser “amigable” con el medio ambiente de dientes pa’ fuera; es decir, mediante el uso de nombres, etiquetas y el color verde para hacer creer que hay algún tipo de conciencia ambiental, sin que en rigor haya una implementación de materiales, procesos o prácticas con miras a la mitigación del cambio climático o los problemas ecológico del mundo o una región.
El greenwashing puede hacer uso de triquiñuelas publicitarias para vender algún producto, servicio o institución como “verde”; por ejemplo, enfocarse en un sólo aspecto de mejora ambiental sin referir a un costo de oportunidad mayor. (Eso pasa seguido con alimentos y bebidas que no tienen carne, pero que usan cantidades industriales de agua para su producción.) También puede aprovechar cierta vaguedad o falta de información para que un incauta caiga en sus trampas. O, de plano, la peor versión del greenwashing: decir cosas falsas.
¿Y cómo va China a contrarrestar el greenwashing?
Antes de cualquier cosa, vale la pena apuntar un par de temas. En primer lugar, que China es un país que se ha tomado muy en serio la transición energética del país para lograrla en el futuro cercano. Pretenden hacer a un lado por completo los combustibles fósiles, pero no buscan hacerlo ni al aventón ni al “ahí se va”. Por el contrario, tienen claridad que, por el momento, necesitan de carbón y combustible para balancear las necesidades económicas y las ambientales del gigante asiático.
Sin embargo, en segundo lugar, eso ha implicado esfuerzos considerables y constantes para mitigar problemas ambientales en cuanta industria pueden. Por ejemplo, con la creación de tecnologías tremendas que se han implementado en eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno del año pasado; o con un avance constante en el desarrollo de baterías de litio con menores impactos ambientales. No obstante lo anterior, con frecuencia es un país que se queda corto en términos de diplomacia climática y sus usos del carbón a veces son alarmantes.
Y ahora el gobierno chino se va a ir con todo contra un tipo muy específico de greenwashing; particularmente, el que se da en el mercado bursátil y financiero, con la compraventa de bonos e inversiones “verdes”. Sobre todo, en un país como China, en el que buena parte de las empresas que entran a portafolios de inversión son, de hecho, parte del aparato estatal y de la nación.
Para que no den gato por liebre
Desde hace tiempo las inversiones verdes han estado en la mira del activismo ambiental. Esto se debe en buena medida a que es muy fácil que caigan en greenwashing; sobre todo, de uno que de plano miente. Se habla de este tipo de bonos cuando tienen lo que se conoce como criterios ESG (environmental, social and corporate governance); sin embargo, a nivel mundial se ha encontrado que al menos 50% de esas inversiones se dan en empresas que ni siquiera están alineadas con los objetivos base del Acuerdo de París.
Ahora bien, China va a incorporar a las reglas de juego del mercado bursátil para 2023 que cualquier inversión “verde”—bonos y fondos por igual—tendrá que comprobar que 100% de sus ganancias están destinadas a proyectos de mejora tangible al medio ambiente. De igual modo, los criterios para seleccionar esos objetivos serán más restrictivos. Para decirlo mal y rápido: China le va a poner un “hasta aquí” duro a cualquiera que quiera hacer creer que hay una inversión verde cuando no se puede comprobar; triple tabla cuando se trate de algún bono emitido por empresas estatales.
Lo que es interesante de este caso es que, paralelamente, la Unión Europea hará algo muy similar. A partir de 2024, cualquier empresa o inversión que quiera nombrarse como una con criterios ESG—o que busque alguna suerte de greenwashing—tendrá que hacer pública TODA la información de su operación en relación con protección a derechos humanos, cuidado al medio ambiente e incluso de trato a empleados. Básicamente, como se dice en inglés, “put one’s money where one’s mouth is” o, lo que es lo mismo, no andar dando gato por liebre. Y, vaya, al mundo entero le hace un poquito falta de eso.
