Buscaglia intenta explicar como los vacíos de poder en México son llenados por el crimen organizado.
El libro está estructurado en seis capítulos: los controles judiciales, los controles patrimoniales, los controles de corrupción, los controles sociales, la cooperación internacional y sexenio de oportunidad.
Vacío de poder se refiere al colapso de las instituciones y espacios ocupados por el crimen organizado, es decir aquellas tareas que el gobierno ya no puede hacer que son realizadas por los narcotraficantes. Edgardo Buscaglia lleva una línea de investigación relacionada al crimen organizado, si buscan a un experto en el tema, Edgardo es el indicado. En el libro se establecen medidas para llenar esos vacíos de poder.
La idea principal es que si no existen controles institucionales y sociales no será posible cambiar el panorama negativo del país. México padece los 23 tipos de delitos del crimen organizado que plantea la ONU.
En México, tenemos una transición inacabada a la democracia, las viejas estructuras del régimen autoritario prevalecieron incluso cuando existió la oportunidad de crear otras nuevas:
“El gobierno de Calderón se limitó a la inercia de transitar por el mediocre sendero de vacíos preventivos de las administraciones federales anteriores, sin atender estos problemas, y como consecuencia se fortaleció al delincuencia organizada.El presidente Calderón y sus predecesores desestimaron cómo los ambientes de disfuncionalidad fomentan la aparición y el fortalecimiento de un tejido social que la delincuencia organizada emplea para expandir sus actividades”.
Calderón tuvo la oportunidad de llenar esos vacíos, pero los acentuó al militarizar la seguridad pública. Todo se salió de control precisamente en aquellos lugares adonde llegó el Ejército: Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Durango.
“Es necesario que los mexicanos se convenzan de que los problemas en materia de seguridad, acentuados desde el sexenio de Felipe Calderón, necesitan abordarse más allá de la perspectiva judicial y militar, como se ha hecho hasta hoy. Esos son solo toques cosméticos en los que subyacen las verdaderas reformas sociopolíticas pendientes”
Poseemos un sistema judicial descoordinado, que no castiga a los culpables pero sí a los inocentes. Este sistema es idóneo para no castigar a los culpables y sí a los inocentes, y para que, ante una acción judicial emprendida por una autoridad, cualquier fuerza política asegure que las acusaciones tienen un trasfondo político. Los poderes Legislativo y Judicial nos cuestan muy caros, en general toda la burocracia mexicana. Hay impunidad, cuando una persona viola la ley y no sólo no hay consecuencias sino que los márgenes de rentabilidad son tan altos y el riesgo es mínimo.
“Para reducir la inseguridad y la violencia no sólo son necesarios cambios en el sistema judicial y las instituciones de seguridad; también lo es prevenir el mal desde sus raíces sociales. Una de las tantas caras que tiene la transición inacabada es la existencia de un sistema judicial descoordinado y sin dientes que no puede controlar, castigar ni enmendar las manifestaciones antisociales”.
Los controles patrimoniales son el mecanismo para detener la corrupción.
“En este país cualquier funcionario, sindicalista o empresario con una red de contactos políticos puede abusar de sus discrecionalidad administrativa o judicial, malversar fondos o realizar cualquier otro tipo de conducta socialmente dañina, y, mientras exista un padrino con poder de por medio, existirán pocos canales reales para que esta persona sea castigada”.
Los controles sociales son otra de las piezas para desmantelar el viejo régimen. Buscaglia, vaticina el conflicto de los grupos de autodefensa.
Hay una necesidad de realizar pactos políticos para prevenir corrupción, fomentar las capacidades disuasivas del sistema judicial, contar con jueces independientes, desmantelar empresas criminales, movilizar a la sociedad y combatir corrupción administrativa.
En una entrevista previa con Carmen Aristegui, el autor nos acerca al tema:
Un libro que tiene la intención de “esclarecer qué es lo que México y la región circundante necesitan hacer para que la delincuencia organizada (trasnacional) pueda no sólo combatirse, sino también prevenirse socialmente a través de acciones operativas que dividan tareas coordinadas entre los estados y las sociedades civiles”.
