Después de la aprobación del Congreso, del diálogo entre empresas y el gobierno, así como del plazo de prórroga que se otorgó, este 1º de septiembre entran en vigor las reformas que regulan el outsourcing en México.
Se trata de ocho leyes en total que regulan la figura de la subcontratación laboral, mejor conocido por los cuates como outsourcing.
Se trata de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Todas las empresas tenían hasta ese 1º de septiembre para hacer las modificaciones necesarias y terminar con la subcontratación.
¿De qué van estas reformas?
A partir de ahora queda prohibida la subcontratación de personal, lo que se traduce en que una persona física o moral pone a disposición trabajadores propios en beneficio de la otra.
Pero ojo, las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación ya que no se consideran patrones. Patrón es quien se beneficia de los servicios.
¿Entonces el outsourcing en general está prohibido? No. Se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas pero que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos.
Pero para ello es necesario que el contratista esté registrado en un padrón público especial.
Una vez que el contratista ya esté registrado con todas las de la ley, la subcontratación de estos servicios especializados deberá formalizarse con un contrato por escrito. El registro de contratistas es ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y para obtener dicho trámite es necesario acreditar estar al corriente de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
De acuerdo con estas reformas, a quien siga aplicando el outsourcing por debajo del agua se le aplicará una mula de 2 mil y hasta 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización. Esto significa una multota por entre 179 mil 240 y 4 millones 481 mil pesos.
Pero no es todo.
Las personas físicas o morales registradas en el padrón de prestación de servicios especializados tendrán que proporcionar cada 4 meses la información de los contratos celebrados en ese tiempo. Quien subcontrate a una empresa que no cumple con la ley, será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para ejecutar las contrataciones.
